«No antes de noviembre». Ese fue el plazo que dio este jueves el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, para el ingreso al Parlamento del proyecto de ley que sustituye al Crédito con Aval del Estado (CAE), lo que explica la decisión que tomó el Ejecutivo el pasado 22 de junio, cuando presentó una reserva de constitucionalidad al proyecto de reforma a la educación superior aprobado por la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados, y que establecía la derogación del CAE a partir de 2019.
El secretario de Estado explicó que el gobierno está trabajando para un nuevo sistema de préstamos que sustituya y elimine el CAE con tres características muy básicas: “Primero, sin bancos, que sea administrado por un ente público; segundo, que tenga mecanismos que acomoden mejor las contingencias que tiene cada persona, de manera de evitar a toda costa algunos casos de sobre endeudamiento. Y, en tercer lugar, queremos fortalecer los mecanismos de cobro”.
Detalló que en general “hoy esto es como un crédito bancario, queremos que sea una obligación mucho más profunda con el Estado”. Dijo que esto implica “que las personas que puedan pagar paguen y que no haya excusa para no pagar si se puede pagar”. Pero, asimismo, “parece de toda justicia que el cobro sea más claro, porque la verdad es que no existe la posibilidad de caer en mora, porque justamente el diseño es que el que no pueda pagar no va a ir pagando”.
El titular de Hacienda comentó que si bien el diseño general de esta iniciativa “está prácticamente listo”, aún falta por resolver detalles técnicos. Enfatizó que es importante “dar continuidad a este sistema” ya que hay del orden de 85 mil- 86 mil estudiantes que entraron en 2016 y financian el 80% de su arancel con el CAE. “Sin esto, si no hay mecanismo, estas personas no podrían estudiar, y por lo tanto la gravedad es directa”, resumió.
Valdés concluyó señalando que no existe posibilidad de condonar la deuda del CAE, que a la fecha supera los US$8.200 millones (3,26% del PIB de Chile).
