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Bancadas opositoras, desde la DC al Frente Amplio, exhibieron fotografías de detenidos desaparecidos en señal de protesta con la decisión de la Corte Suprema. A la posibilidad de una acusación constitucional, se suma el ingreso de una moción que elimina el indulto en casos de condenados por crímenes de lesa humanidad. También hubo un llamado al Senado a formar la Comisión Mixta respecto al proyecto de libertad condicional que duerme en el Congreso desde 2016.
El “Supremazo” a favor de 7 militares y carabineros en retiro condenados por delitos de lesa humanidad ha movilizado a las bancadas opositoras en el Congreso, que a través de diferentes frentes y acciones han hecho sentir su rechazo.
Una de las opciones más concretas es la acusación constitucional, esbozada ayer por diputados del Partido Socialista, a la cual podrían sumarse otras bancadas. “Existen cosas graves como no aplicar el derecho internacional, ni los principios básicos que hay para este tipo de beneficio que son el arrepentimiento y la colaboración con la justicia. Creo que lo que cabe ahora es que evaluamos sumarnos como bancada a una a posible acusación constitucional que ha planteado el Partido Socialista”, indicó el diputado PPD Tucapel Jiménez. También se manifestaron partidarios de la acción la diputada comunista Carmen Hertz y el humanista Tomás Hirsch.
Durante la sesión de este jueves, las bancadas opositoras -desde la DC hasta el Frente Amplio- protestaron con fotos de detenidos desaparecidos en sus escaños como una señal de rechazo a las dos resoluciones de la Sala Penal del máximo tribunal del país, que en 48 horas accedió a la petición de libertad condicional de los violadores de derechos humanos.
En este contexto, las bancadas opositoras emplazaron al Senado a constituir la Comisión Mixta respecto del proyecto de libertad condicional que promovió el Gobierno de la Presidenta Bachelet, para que no se concedan beneficios a condenados por delitos de lesa humanidad entre septiembre del 73 y el año 90. La formación de la instancia está pendiente desde 2016 luego que la Sala de la Cámara Alta rechazara por unanimidad las enmiendas introducidas por la Cámara de Diputados.
Otra arista es el ingreso durante esta jornada de una moción que modifica la ley n° 18.050, que fija normas generales para conceder indultos particulares. Su objetivo es eliminar la posibilidad de que condenados por crímenes de lesa humanidad, pueden aspirar a la solicitud de indulto.
El texto de la moción argumenta que “el indulto es una figura anacrónica, y que no se justifica que exista en un Estado de Derecho como lo es el Estado de Chile, es que debemos resguardar para que no sean usados de manera habitual y se abuse de esta figura, por quien detente el Poder Ejecutivo, ya que, no se sujeta a ningún tipo de procedimiento que asegure la imparcialidad en su otorgamiento, sino más bien es una facultad discrecional y arbitraria”. Recuerda asimismo que “la ley 18.05 prohíbe expresamente que puedan ser objeto de indulto particular, aquellos condenados por conductas terroristas, sin embargo no se exceptúan aquellos condenados por delitos de lesa humanidad, lo cual parece inaceptable”.
Esta iniciativa, que lleva la firma de los diputados Jaime Naranjo, Gabriel Boric, Marcelo Díaz, Hugo Gutiérrez, Tomás Hirsch, Patricio Rosas, René Saffirio, Leonardo Soto, Matías Walker y la diputada Carmen Hertz, añade que “con el otorgamiento de esta figura del indulto, lo que está haciendo el Estado de Chile, es sustraerse de la sanción a los responsables de crímenes de lesa humanidad, donde el Poder Ejecutivo estaría permitiendo que se eluda el actuar de la justicia, pasando por alto la decisión del Poder Judicial que dictó una sentencia condenatoria”.
Otro camino es el de los tribunales internacionales, como planteó el diputado PPD Ricardo Celis. “Evaluaremos seriamente la idea de recurrir a un Tribunal Internacional para que se restablezcan el imperio de los derechos humanos en Chile, firme y categórico como había sido hasta este momentos. No puede depender de quien sea el presidente de la Corte Suprema, tiene que ser de una línea y una jurisprudencia”, señaló el parlamentario
Su visión fue complementada por el DC Marías Walker, jefe de la bancada falangista, quien agregó que “desde el punto de vista de los principios internacionales de derechos humanos que reglan la Corte Penal Internacional de Justicia y el Estatuto de Roma, los crímenes de lesa humanidad no pueden ser susceptibles de beneficios, eso es un principio del derecho internacional, que es fuente del derecho internacional de Derechos Humanos, que en virtud del artículo V del inciso segundo de la Constitución limita la soberanía de los poderes del Estado y tiene que integrarse en todos los fallos respecto de delitos de lesa humanidad y ese principio nosotros lo vamos a defender.”
