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Según el ministro Santelices el organismo fiscalizador «pidió hacer dos precisiones sobre datos por lo cual se recibieron y se están incorporando para reingresar próxima semana». Ello cuando ya ha pasado más de un año de la aprobación de la ley de aborto en tres causales. Para el senador PS, Rabindrannath Quinteros, las mujeres chilenas y la sociedad «no pueden seguir esperando» y precisó que es necesario que el gobierno de una explicación «del por qué pasado todo este tiempo, aún no tengamos un protocolo».
La aprobación del protocolo de objeción de conciencia de la ley de aborto en tres causales sigue dando de que hablar y generando problemas a la administración de Sebastián Piñera. Actualmente, el Ministerio de Salud (Minsal) se encuentra realizando nuevos cambios al reglamento para poder ingresarlo una vez más a la Contraloría General de la República, después del último intento que fue el 29 de junio.
«Contraloría pidió hacer dos precisiones sobre datos por lo cual se recibieron y se están incorporando para reingresar próxima semana. Ninguna de ellas (las precisiones), están relacionadas con la cuestión esencial», dijo el ministro de Salud Emilio Santelices a La Tercera PM. Sin embargo, desde el Ejecutivo recalcan que se trata de asuntos específicos, como desde cuando rige la nueva versión de la normativa.
El protocolo de objeción de conciencia ha representado un verdadero dolor de cabeza para el Gobierno de Piñera. Tras la aprobación de la ley de aborto en 3 causales hace más de un año, durante la segunda administración de Michelle Bachelet, aún no existe una normativa.
Solo dos semanas después de su llegada a La Moneda, el ministro Santelices entregó un documento en el que modificaba el texto de Bachelet, permitiendo que las clínicas e instituciones privadas pudieran acogerse a la objeción de conciencia a pesar de recibir fondos del Estado. Todo ello espaldas del Presidente, quien incluso le habría señalado al secretario de Estado que para la próxima vez le avisara antes.
Una situación que generó turbulencias en La Moneda ya que, según indicaron en su momento desde el Ejecutivo a El Mostrador, se pensaba que lo adecuado era hacerlo nunca antes de un mes y medio, para asegurar una instalación sin conflictos y mantener las aguas mansas con la oposición hasta que cuajaran bien las comisiones a las que convocó Piñera para lograr los 5 acuerdos nacionales en infancia, salud, pobreza, seguridad ciudadana y La Araucanía.
La modificación del protocolo encontró un obstáculo en la Contraloría, organismo que el 9 de mayo, luego de un reclamo de parlamentarios del Partido Socialista, señaló en un dictamen que el protocolo de objeción de conciencia redactado por el Minsal no se ajustaba a derecho y debía ser cambiado.
Para el abogado que llevó adelante el requerimiento del PS ante Contraloría, Gabriel Osorio, ya transcurrido más de un año desde la entrada en vigencia de la publicación de la ley, el hecho que «el Gobierno no haya sido capaz de cumplir lo establecido por la Contraloría es impresentable. Son los ministros de Salud y de la Segpres quienes deben darles explicaciones a las mujeres de este país. Todavía no existe un reglamento que regule la objeción de conciencia institucional y me parece que está muy al límite por parte de autoridades del gobierno de infraccionar la correcta ejecución de la ley conforme a la constitución».
Osorio cree que «al parecer se busca no dictar un reglamento de modo tal que las instituciones puedan seguir aplicando el anterior».
En la misma línea el senador socialista Rabindranath Quinteros de la Comisión de Salud, calificó la situación de «insólita». «Las mujeres chilenas y la sociedad no pueden seguir esperando. Esto amerita una explicación del Ejecutivo del por qué, pasado todo este tiempo, aún no tengamos un protocolo».
