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Cabe recordar que el coronel (R) López Tapia fue condenado a una pena superior a 87 años de cárcel, como autor de 14 secuestros calificados y tres homicidios calificados, en los casos de la Caravana de la Muerte en su paso por Linares y Cauquenes, en octubre de 1973, y las desapariciones forzadas de Villa Grimaldi, centro de torturas que dirigió en 1976 como agente de la Dina.
“Solo queremos demostrar la inhumanidad del ministro de Justicia”. Estas son las declaraciones de Carlos López, con las que intenta explicar la decisión de su padre, el coronel (R) Carlos José Leonardo López Tapia, quien este lunes abandonó el tratamiento médico que lo mantiene con vida en el Hospital Militar desde hace tres meses.
Dicha determinación fue tomada tras el rechazo por el Presidente Sebastián Piñera, el 30 de octubre pasado, al indulto que había solicitado por razones humanitarias, consigna La Tercera.
Cabe recordar que el coronel (R) López Tapia fue condenado a una pena superior a 87 años de cárcel, como autor de 14 secuestros calificados y tres homicidios calificados, en los casos de la Caravana de la Muerte en su paso por Linares y Cauquenes, en octubre de 1973, y las desapariciones forzadas de Villa Grimaldi, centro de torturas que dirigió en 1976 como agente de la Dina.
De acuerdo al abogado Raúl Meza, defensor del oficial en retiro, las razones para solicitar el indulto “son de carácter estrictamente humanitario, en razón a su condición de enfermo crónico terminal y recientemente desahuciado por su equipo médico tratante”.
«Lo único que queríamos era que muriera en la casa”, dijo su hijo Carlos, quien advierte que a su padre “no le quedan más de tres o cuatro días de vida”. Añade que las condenas contra su padre fueron “por presunciones de secuestro, por haber estado un año en Villa Grimaldi”.
Meza asegura que la negativa del gobierno no consideró las razones humanitarias y solo se basó en argumentos de “orden jurídico y psicológico, por carecer medianamente de la conciencia de los delitos que habría cometido”.
En efecto, el rechazo a la solicitud dispuesta por el Ejecutivo señala que el exoficial condenado no tiene “conciencia del delito y la mediana conciencia del daño causado a las víctimas”.
