PAÍS
El bloque fue acusado de flojera por el urbanista Iván Poduje, luego que el Frente Amplio (FA) rechazara la idea de legislar el proyecto. Desde el Frente de Acción en Vivienda, Ciudad y Territorio del conglomerado respondieron a estos comentarios.
“No es pereza negarse a la opacidad e indefinición”, señaló en una declaración el Frente de Acción en Vivienda, Ciudad y Territorio del Frente Amplio, saliendo al paso de las críticas por la actitud tomada por el conglomerado frente al proyecto de ley sobre integración social y urbana.
En particular, el bloque fue criticado por el urbanista Iván Poduje, que cuestionó que el Frente Amplio (FA) rechazara la idea de legislar el proyecto.
El integrante del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano fustigó el modo en que la coalición expresó su rechazo, “mandando una minuta por Twitter, que parece más una estrategia para evadir la pega que una acción política seria”, en lugar de presentar una propuesta alternativa.
A juicio del arquitecto, “esta pereza del FA le está costando caro al país. Cada año que pasa con el sistema actual, son miles de nuevas familias que deben vivir hacinadas o pagando arriendos abusivos por piezas y conventillos. El Congreso debe ayudar legislando y no mandando minutas con nombres golpeadores, pero sin propuestas acordes con la magnitud del problema y los recursos que los parlamentarios reciben del Estado».
De acuerdo con el Frente de Acción en Vivienda, Ciudad y Territorio del FA, el comentario de Poduje “caricaturiza” la postura del bloque. Pero más allá de esta polémica de forma, justifican su rechazo al proyecto, señalando que “no existe coherencia entre el problema identificado y la respuesta que promueve el Ejecutivo”.
Aseguran que “el proyecto tiene una deuda sustantiva: no propone una definición conceptual y operacional de Integración Social y Urbana” y que “existen tantas indefiniciones en el proyecto que, razonablemente, las imputaciones de pereza podrían ser asignadas a otros”.
A continuación, reproducimos la declaración del Frente de Acción en Vivienda, Ciudad y Territorio
del Frente Amplio:
En una columna de opinión titulada “La pereza del Frente Amplio”, Iván Poduje caricaturiza la posición crítica de nuestro conglomerado político respecto al proyecto de ley sobre integración social y urbana presentado por el gobierno, señalando como “flojera” la legítima oposición democrática frente a esta propuesta en particular. Ciertamente, referirnos a las imputaciones sobre la pereza, es algo que estamos dispuestos a soslayar en favor de una discusión con argumentos sobre integración social y urbana y el referido proyecto de ley.
Desde luego, evidenciamos un consenso transversal en la escena social y política respecto a un diagnóstico: las ciudades chilenas padecen de altos niveles de segregación residencial, en las cuales se identifican con total nitidez las brechas y rupturas socioeconómicas, por las abismales diferencias que viviendas, equipamientos y servicios urbanos exhiben. Evidentemente, la calidad de vida y la estructura de oportunidades son muy diferentes dependiendo del lugar en el que las personas residen y desarrollan su vida.
Entonces, ¿por qué el FA se opone al proyecto presentado por el Gobierno? Básicamente, porque consideramos que no existe coherencia entre el problema identificado y la respuesta que promueve el ejecutivo. En efecto, a partir del proyecto de Ley no es posible determinar con claridad cómo esas medidas promoverían la integración social y urbana.
En primer lugar, el proyecto tiene una deuda sustantiva: no propone una definición conceptual y operacional de Integración Social y Urbana. De tal forma, se nos urge a elegir la ruta, sin haber definido el destino. ¿Integrar es acercar a ricos y pobres en la ciudad? ¿Es equiparar las condiciones de acceso a servicios urbanos? ¿Integrar es densificar? En este sentido, consideramos que solo señalando explícitamente el objetivo de las modificaciones legislativas será posible determinar hoy su pertinencia, o en el futuro, evaluar el rendimiento de esta Ley (¿cuánto más integrados estaremos?).
Por su parte, los mecanismos más importantes que incorpora el proyecto para producir esa indefinida integración, son la creación de las Zonas de Integración Urbana (ZIU) -por encima de las atribuciones de las municipalidades-, y la facultad de los SERVIU de concesionar terrenos fiscales. Si bien, hay quienes -como el propio señor Poduje- han celebrado estos titulares, suponiendo que esta ley permitirá contar con viviendas sociales bien localizadas, en lo medular, el proyecto sólo enumera una serie de puntos ciegos y de incertidumbre.
Por ejemplo, de acuerdo al numeral 4) del Artículo Segundo del proyecto, las concesiones aplicarán en terrenos fiscales -bien o mal localizados, la ley nada dice-, donde el concesionario podrá explotar comercialmente las viviendas y equipamientos que construya, contemplando un porcentaje de viviendas para el subsidio de arriendo. ¿Qué porcentaje de viviendas para arriendo? ¿Será una sola vivienda? ¿será un 20%, o más bien será el 80% de las unidades construidas? La ley no lo esclarece. ¿Arriendo protegido? ¿Exige la ley garantizar un precio de arriendo sobre ese porcentaje indeterminado de viviendas? Nuevamente, el proyecto omite.
Las ZIU, en tanto -ver numeral 4) del Artículo Tercero-, aplicarán en sectores con o sin plan regulador, con indicadores y estándares de calidad de vida y desarrollo urbano adecuados, o bien, en sectores deficitarios, los cuales en un futuro incierto podrían mejorar (o no). Es decir, aplicarían en cualquier lugar de la ciudad. En ellas, el objetivo sería incentivar proyectos con “viviendas integradas” (concepto no definido), generando beneficios e incentivos normativos -no señalados en el proyecto de Ley-, a cambio de incorporar viviendas destinadas a beneficiarios de programas habitacionales, además de otros aspectos. ¿Qué proporción de viviendas para beneficiarios de programas habitacionales será exigible? No está definido. ¿Existirá relación entre la proporción de viviendas para beneficiarios de programas habitacionales y los beneficios e incentivos normativos? ¿Cómo se mejorarán los estándares de calidad urbana en las ZIU delimitadas en sectores “deficitarios”? Nada dice el proyecto.
Solo con lo dicho hasta aquí, nos resulta difícil compartir la dicha y confianza que el señor Poduje demuestra frente a esta iniciativa. Existen tantas indefiniciones en el proyecto que, razonablemente, las imputaciones de pereza podrían ser asignadas a otros. Cuestiones de alta importancia no deben quedar en la incertidumbre ni tampoco ser derivadas a otros instrumentos de menor jerarquía jurídica, sin que exista una clara orientación en el texto de la ley.
Es por esto que, en los términos que fue presentado el proyecto de ley, resulta imposible saber qué resultados e impactos esperar sobre la integración social y urbana o sobre el creciente déficit habitacional. No obstante, si se aprobase tal como está, de lo único que podemos estar seguros es que habría concesiones de terrenos públicos (fiscales, SERVIU, municipales) y zonas de incentivos para densificar, concentrando los esfuerzos en generar un lucrativo escenario, sin asegurar un correlato en beneficios sociales o urbanos. Entonces, por las evidentes debilidades e indefiniciones del proyecto también identificadas y expresadas por el Comité Hábitat y Vivienda y el Comité de Desarrollo Urbano del Colegio de Arquitectos, instituciones académicas y diversas organizaciones de pobladores, era razonable oponerse a la idea de legislar y abocarse a trabajar en un proyecto con un genuino abordaje sobre el derecho a la vivienda y el desarrollo urbano.
Frente de acción en Vivienda, Ciudad y Territorio
Frente Amplio
