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El convencional constituyente Mauricio Daza, quien como abogado es uno de los querellantes en este caso, sostuvo que la declaración del Mandatario ante la fiscal Claudia Perivancich –la misma del caso SQM- “está más o menos prefabricada” y buscó “pasar gato por liebre, pero no lo consiguieron”. “Si uno la lee con detalle, Piñera sostiene que él estaba activamente preocupado por la situación de los derechos humanos”, pero no hizo “nada eficaz” para evitar las violaciones a los derechos humanos, pese a que como Mandatario tiene “amplias” facultades para poder controlar las actuaciones de los órganos del Estado”. “Si uno lee bien la declaración va a servir bastante a los querellantes y a la imputación en estos procesos criminales”, recalcó.
Las declaraciones del Presidente Sebastián Piñera ante la fiscal Claudia Perivancich –la misma del caso SQM- en el marco de la causa por violaciones a los derechos humanos durante el estallido social, definitivamente no cierran el caso e incluso le podrían jugar en contra al Mandatario.
Consultado en el programa «Mentiras Verdaderas» de La Red si estas declaraciones pueden ser “inculpatorias”, el convencional constituyente Mauricio Daza, quien como abogado es uno de los querellantes en este caso, respondió que “sí (…) esta declaración, uno lo nota, está más o menos prefabricada, trataron de pasar gato por liebre, pero no lo consiguieron”.
“Si uno la lee con detalle, Piñera sostiene que él estaba activamente preocupado por la situación de los derechos humanos, y activamente preocupado a todo lo que se vinculaba al estallido social. Eso da cuenta que él estaba en posición de conocer que las fuerzas policiales de manera sistemática y generalizada durante un largo periodo de tiempo en distintos puntos del país y bajo un patrón de conducta cometieron atentados en contra de manifestantes”, argumentó el convencional, aludiendo a las más de 470 personas que sufrieron mutilaciones oculares, entre otros atentados.
En su testimonio ante la fiscal Perivancich, concretada el pasado 19 de julio, el mandatario sostuvo que su “preocupación principal fue cómo recuperar el orden público y, al mismo tiempo, garantizar el respeto por los derechos humanos”. Pero a la vez descargó todas las responsabilidades en Carabineros, al señalar que “teníamos muy claro que la subordinación de las Fuerzas de Orden Público y Seguridad no incluía la parte operativa”. También en la declaración explicó sus dichos del 20 octubre, cuando señaló que «estamos en guerra contra un enemigo poderoso»”. “Es una frase retórica, no literal, que ocupo con mucha frecuencia (…) Yo me estaba refiriendo a la violencia y destrucción y no, por cierto, a los manifestantes”, dijo bajando el tono a sus polémicos dichos.
Para el abogado Daza, estos dichos de Piñera perfectamente dan “pie a que haya una imputación a partir de las normas especiales que regulan los crímenes de lesa humanidad”. El abogado explicó que en estos casos “lo que se busca es generar responsabilidad penal para la autoridad civil o militar que estaba a cargo del control o mando del país o las zonas donde ocurrieron estos hechos” y “lo que se imputa es que esta persona haya estado en posición de conocer estos atentados y no haya hecho nada eficaz para evitarlo”.
“Eficaz no es hacer un punto de prensa y sostener que se tienen que respetar los protocolos internos de Carabineros, no es mandar un oficio o carta al general director de Carabineros. Es realizar actuaciones eficaces y convengamos que en Chile el Presidente tiene amplias facultades para poder controlar las actuaciones de los órganos del Estado”, precisó.
En este sentido, el querellante añadió que esta parte de la estrategia del Gobierno de decir yo no tenía idea y si hay alguien responsable es Carabineros es “bastante cobarde y no va a funcionar, porque precisamente las normas sobre crímenes de lesa humanidad se ponen en el supuesto de que existe un mandatario o autoridad que trate de zafar entre comillas a partir de ese tipo de argumentos”.
“Si uno lee bien la declaración va a servir bastante a los querellantes y a la imputación en estos procesos criminales”, finalizó.
En enero de 2020, Daza ingresó un escrito de 54 páginas en el que solicitó que declaren 20 autoridades y se solicite información a distintas instituciones, con el fin de establecer si las decisiones políticas adoptadas por la autoridad derivaron con violaciones de Derechos Humanos, durante las protestas producto del estallido social, en el marco de la querella presentada por el senado Alejandro Navarro, donde se persigue también la responsabilidad penal del exministro del Interior Andrés Chadwick y su reemplazante Gonzalo Blumel y del ahora exgeneral director de Carabineros, Mario Rozas.
En su petición, requirió que la Fiscalía Centro Norte cite a declarar en calidad de testigo la exmandataria Michelle Bachelet, el contralor Jorge Bermúdez, los presidentes de ambas cámaras, entre otros, con miras a que se realice una «investigación penal efectiva». En ese momento, el profesional explicó que si la indagatoria ni prospera, existe la posibilidad de elevar los antecedentes a la Corte Penal Internacional.
