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Todos los ojos puestos en el Servel: TC da tres días para restituir los derechos políticos a Marco Enríquez-Ominami PAÍS

Todos los ojos puestos en el Servel: TC da tres días para restituir los derechos políticos a Marco Enríquez-Ominami

La fecha entregada por el Tribunal Constitucional se cumple el lunes 23 de agosto, día en que vence el plazo para inscribir las candidaturas, una posibilidad que el líder del PRO aún mantiene en suspenso. Fuentes consultadas por El Mostrador destacan que la resolución del TC es explícita, pero sin ser vehemente hacia el Servel, evitando un “choque de trenes” entre organismos públicos. Y ahora la pelota queda en el lado del organismo electoral, que estará sometido a una fuerte presión y lobby. De negarse el Servel a la instrucción del TC, a ME-O le quedaría el camino de recurrir al Tricel. Pero la condición para ello es que sí o sí debería estar inscrito como candidato. Todo esto se resolverá el mismo lunes 23, en una “teleserie” que en Unidad Constituyente y también en la derecha miran con suma atención [ACTUALIZADA]


«Comienza la cuenta regresiva. El Tribunal Constitucional le da tres días al Servel para devolver a Marco Enríquez-Ominami sus derechos políticos y ciudadanos». Ese fue el tuit del Partido Progresista (PRO), con el que celebró la nueva resolución del Tribunal Constitucional (TC) que ahora pone un plazo concreto al Servicio Electoral (Servel) para cumplir lo dispuesto en el caso que involucra al exasesor de ME-O, Cristián Warner, y por extensión al fundador de PRO.

Este pasado miércoles, ME-O se anotó un triunfo en el TC, ya que este resolvió a su favor el requerimiento de inaplicabilidad interpuesto para poder recuperar sus derechos políticos. El reciente fallo a favor de su ex mano derecha Cristián Warner en un recurso similar, era un precedente clave, por lo que el optimismo era grande, sobre todo de cara a las elecciones presidenciales de noviembre próximo  (Vea la sentencia del TC liberada hoy en el caso de Cristián Warner acá).

Sin embargo, el Servel, en su respuesta al TC, sostuvo que no puede modificar el listado de personas inhabilitadas para ejercer sus derechos políticos en las próximas elecciones de noviembre, e incluir a Warner, como pedía el TC, pues el listado ya está auditado en el plazo que está establecido por la ley, que es 140 días antes de los comicios. Vale decir, podría operar recién en procesos electorales posteriores a los de noviembre, lo que también afectaba las aspiraciones presidenciales de ME-O.

Hoy, el Servel insistió en este punto, a través de su presidente, Andrés Tagle, quien dijo a Radio Duna que “la resolución del tribunal llegó cuando el padrón ya está auditado (…), el Servel ya no tiene facultades de corregirlo”, cerrando la puerta a Enríquez-Ominami.

Sin embargo, la defensa de Warner ingresó este jueves, y debido a esto, otro recurso de inaplicabilidad por inconstitucionalidad «respecto del artículo 17, inciso primero del DFL N° 5-2017, del Ministerio de la Secretaría General de la Presidencia que fija el texto refundido, coordinado y sistematizado de la Ley N° 18.556, Orgánica Constitucional sobre Sistema de Inscripciones Electorales y Servicio Electoral, en el proceso penal RUC N° 1800604602-5, RIT N° 4933-2018, seguido ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago».

Los abogados aseguraban que el organismo encargado de las elecciones “está obligado al cumplimiento de lo que este excelentísimo Tribunal Constitucional resuelva”. Es más, sostienen que “los órganos del Estado -incluido el Servel- deben ‘someter su actuación a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República’, de lo que se advierte que no pueden desobedecer las órdenes dictadas por los Tribunales de la República, pues aquello -ciertamente- constituye un atentado a las bases institucionales de la República”.

Es más, ya que pedían, en este sentido, multas y arresto del director del Servicio Electoral (Servel), Raúl García, «en virtud de la dictación del Oficio Ordinario N° 2957, de fecha 18 de agosto de 2021, por medio del cual este se negó a cumplir con lo ordenado por su señoría excelentísima, señalando que sólo podría dar cumplimiento a la orden de esta magistratura constitucional a partir del mes siguiente a la elección (de noviembre), privando, en consecuencia, a nuestro representado de su derecho a sufragio para las próximas elecciones”.

La respuesta del TC a este requerimiento fue clara en este sentido, pues ofició al Servel para que «cumpla estrictamente lo ordenado por resolución de Pleno de 12 de agosto de 2021, en orden a abstenerse de aplicar el oficio que le fuera remitido por el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, respecto de la suspensión del derecho a sufragio del requirente, señor Cristián Warner Villagrán, lo que se extiende, también, al resto de las partes del proceso penal RUC N° 1800604602-5, RIT N° 4933-2018, seguido ante el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago».

Es más, la resolución del pleno del TC señala expresamente “INFÓRMESE del debido y pronto cumplimiento de lo ordenado bajo tercero día”, es decir, el Servel tiene 3 días para devolver los derechos políticos a Warner y, por consiguiente, a ME-O, cuenta regresiva que ya celebra el PRO, con su «tic-toc-tic-toc» en Twitter.

La fecha entregada por el TC se cumple el lunes, día en que vence el plazo para inscribir las candidaturas, una posibilidad que Enríquez-Ominami aún mantiene en suspenso.

Fuentes consultadas por El Mostrador destacan que la resolución del Tribunal Constitucional es explícita, pero sin ser vehemente hacia el Servel, evitando un “choque de trenes” entre organismos públicos. Sobre todo, considerando el prestigio con el que cuenta el Servel, el cuidado que tiene el padrón electoral, y la alicaída imagen con la que cuenta el TC. Esto abre la puerta a que el organismo encargado de las elecciones pueda de acá al lunes responder fundadamente y objetar la instrucción del TC.

En ese escenario, a ME-O le quedaría el camino de recurrir al Tricel. Pero la condición para ello es que debería estar inscrito como candidato, para así llevar al Servel a la justicia electoral y resolver su caso en esta instancia. Todo esto se resolverá el mismo lunes 23.

En Unidad Constituyente siguen con atención el caso, y desde ya han notificado al PRO que si Enríquez-Ominami va a primera vuelta, no hay pacto parlamentario. Hoy, la carta del PS-PPD-PL y Nuevo Trato, Paula Narváez, pidió responsabilidad y coherencia al PRO, recordó que el “propio Marco Enríquez ha sido un actor que ha hablado de la necesidad de la unidad” y pidió no repetir las experiencias pasadas de «fragmentación» del voto en la centroizquierda.

Todo indica que el Servel estará sometido a una fuerte presión y lobby. Sobre todo, tomando en cuenta que a la derecha le conviene que ME-O sea candidato, dada la dispersión del voto de la centroizquierda que provocaría en la carrera presidencial, lo que en definitiva jugará a su favor, como ocurrió en presidenciales anteriores.

La acción penal paralela

Junto al requerimiento ingresado en el TC, los abogados Ciro Colombara y Aldo Díaz presentaron, en paralelo, ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago una querella en contra del director del Servel y “en contra de todos quienes resulten responsables por la participación que les corresponda, ya sea en calidad de autores, cómplices o encubridores en los hechos que se describen en lo que sigue, los que revisten las características típicas del delito de desacato y del delito de prevaricación administrativa”.

En el escrito, se busca «oficiar al Servel a efectos de que se abstenga de aplicar el oficio que le fuere remitido por el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, en orden a suspender el derecho a sufragio del señor Warner, solicitando a dicho servicio informar del cumplimiento de lo mandatado dentro de tercero día”.

 

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