PAÍS
Créditos: Agencia Uno (referencial)
En el mes de julio distintas organizaciones publicaron un inserto en un diario de circulación nacional mostrando sus dudas y preocupaciones sobre los artículos que refieren al agua y sus usos en la propuesta constitucional. Como respuesta a estas dudas de las organizaciones, los diputados María Francisca Bello y Diego Ibáñez emitieron un comunicado señalando lo importante para la crisis hídrica como para las personas que históricamente han sido rezagadas en esta temática lo escrito en el texto constitucional que emanó desde la Convención Constitucional.
Los diputados de Convergencia Social (CS), María Francisca Bello y Diego Ibáñez, emitieron un comunicado respondiendo al inserto publicado en La Tercera por parte agrupaciones y organizaciones de usuarios de aguas, quienes señalaban sus dudas y preocupación por la propuesta constitucional en materia hídrica.
Las organizaciones firmantes señalan que un posible apruebo del texto emanado desde la Convención Constitucional tendrá un impacto «grave para el bienestar y desarrollo futuro de miles de chilenas y chilenos, al generar cambios importantes en el uso del agua».
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«A través de éstas, los constitucionales, haciendo caso omiso a las opiniones y consejos de expertos en la materia y exhibiendo un gran desconocimiento técnico respecto del cómo opera la gestión hídrica en la realidad, han propuesto al país un régimen de transición caótico, el cual por una parte otorga aplicación inmediata al cambio de régimen legal de las aguas, y por la otra delega en un futuro Congreso la determinación de las condiciones en las cuales finalmente se materializará dicho cambio, sin sopesar los impactos y problemáticas que, en el intertanto, se producirán en el mundo real. Demás esta decir que, de resultar aprobada la propuesta constitucional, devendrán en inaplicables la gran mayoría de las reformas legales que, en materia de aguas, se encuentran vigentes desde el mes de abril de 2022, cuando fue publicado el Nuevo Código de Aguas. Dichas reformas, fruto de un acuerdo político transversal que tomó más de una década alcanzar, abordan en forma correcta temas relevantes y sentidos por la comunidad como lo son la priorización del consumo humano y usos domésticos de subsistencia, el acaparamiento y la especulación, el reconocimiento de la propiedad Al ancestral indígena y los usos de conservación ambiental y sustentabilidad de los derechos de aprovechamiento de aguas, entre otros», complementaron.
Los parlamentarios frente a estos dichos emanados por las organizaciones de dueños del agua señalaron al respecto que «todos los diagnósticos, desde la sociedad civil, la academia y el Gobierno apuntan a que la administración y distribución en agua en Chile es ineficiente y eso es parte de la causa de la escasez hídrica que enfrenta nuestro país».
«Por lo mismo, nos resulta preocupante la afirmación de que llevan ‘200 años contribuyendo al engrandecimiento y desarrollo del país’, pues los derechos del agua como los conocemos hoy se entregaron bajo el alero de la dictadura militar en 1981, con la promulgación de un nuevo Código de Agua», complementaron.
En la carta también emplazaron a las organizaciones por darse el crédito al mencionar que han desarrollado y mantenido la infraestructura hidráulica. «Es el Estado quien se ha encargado de entregar grandes cantidades de dinero -a través de la Ley de Riego- para subsidiar hasta en un 90% este tipo de proyectos. Esto, justificado bajo el argumento de que constituyen una importante fuente laboral. Si bien no ponemos esto en duda, consideremos que estas plazas de trabajo han sido históricamente precarizadas y mal pagadas, además de no contar con un estatuto que proteja dicha labor -como sí menciona la propuesta de Nueva Constitución-, abusando así del sistema de subcontrato para dejar sin pago de cotizaciones laborales y de salud a quienes se dedican al trabajo de temporada», indicaron al respecto.
Al referirse a la crítica hacia la propuesta constitucional, los legisladores manifiestan que con la nueva normativa que se propone «se termina el mercado del agua, único lugar en el mundo donde se ha mercantilizado un recurso vital para el ser humano y el medio ambiente. Es decir, los actuales derechos pasan a ser autorizaciones. Ya no podrán ser comercializados, pero su uso seguirá estando disponible siempre y cuando se usen para aquello que se argumentó, ya sea producción agrícola, consumo humano, actividades e industrias».
También hicieron énfasis en el tiempo que se obstruyó cualquier forma de acuerdo para lograr un Código de Aguas diferente al que se creo en 1981. «No podemos naturalizar como positivo que durante once años no se haya logrado acuerdo transversal para la reforma del Código de Aguas y que después de todo este tiempo, el criterio que se defiende aún sea el de protección del mercado del agua por sobre los derechos humanos y la sostenibilidad ambiental», expresaron.
Argumentan que al existir una falta de acuerdo transversal en torno a la protección del derecho humano al agua y la sostenibilidad del recurso, estos puntos no fueron agregados a la reforma del Código de Aguas, pero sí están presentes en la propuesta constitucional.
«No podemos poner en duda los aportes de las organizaciones firmantes en el desarrollo del país y la región, pero queremos recalcar que el agua no puede ser un negocio y de eso se encarga la nueva Constitución. Para enfrentar esta crisis, que nos pone en jaque y nos promete un futuro incierto necesitaremos de todas las manos y de un acuerdo que ponga en primer lugar al ecosistema y su protección», concluyen.
