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«Universos paralelos» lleva por nombre una exitosa canción del premiado cantautor uruguayo Jorge Drexler y que bien podría reflejar lo que ocurre en el diálogo por la continuidad del proceso constituyente, con miradas que se extrapolan, y que generan confusión, cuando ha transcurrido un mes desde que comenzó a gestarse este espacio de diálogo entre el oficialismo y la oposición. Y es que, mientras la ministra secretaria general de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, hace un balance «extraordinariamente positivo» del encuentro de este jueves en el Congreso Nacional y Chile Vamos dice estar muy cerca de lograr un acuerdo sobre las bases constitucionales de la nueva propuesta, otras voces reconocen que, en rigor, lo que ocurre es todo lo contrario, con opiniones incluso lapidarias acerca del trámite de las discusiones. Partícipes de esta reciente reunión acusaron que la derecha «se ha tomado la mano, el brazo y hombro», al querer imponer su visión ideológica para mantener la subsidiariedad del Estado, a través de la inclusión del concepto «libertades» junto al de Estado social y democrático de derecho. Esto divide tanto las aguas, que sería la piedra de tope que impediría avanzar hacia la firma de un documento político transversal a favor de una nueva Constitución.
El diálogo por una nueva Constitución vive jornadas cruciales, toda vez que en la cita de este jueves no se lograra avanzar en un acuerdo sobre las bases constitucionales de la nueva propuesta, luego de transcurrido un mes desde que se iniciara la ronda de conversaciones entre partidos políticos de oficialismo y oposición. Este jueves, mientras el Partido Republicano decidió bajarse de las mesas de discusión –tanto de la oficial como de la instancia paralela convocada por el PDG y parlamentarios independientes–, las coaliciones de gobierno han manifestado su malestar por un diálogo que sigue dilatándose, donde todavía no hay una concordancia absoluta en torno a plazos, bordes y sobre la composición del órgano que redactaría la nueva Carta Fundamental.
Si bien los actores convocantes de esta mesa de diálogo –que dejó atrás su estructura reducida y amplió la convocatoria a todos los sectores políticos– admiten en público que existe cerca de un 80% de avance en las bases que sustentarán al nuevo proceso constituyente, desde el propio oficialismo admiten que los nudos que se mantienen son sustanciales. Participantes de esta instancia de conversación reconocen que aún queda resolver aspectos como el reconocimiento de los pueblos originarios, el aprovechamiento de las aguas y el grado de extensión del derecho de propiedad.
Otro punto de conflicto entre oficialismo y oposición dice relación con la forma en que se redactaría el principio que reconoce a Chile como «Estado social y democrático de derecho», en donde Chile Vamos busca incorporar la noción de «libertades». Esto tiene directa relación con algo que para la derecha resulta intransable y que es la libertad de elección en materia de derechos sociales, lo que en las coaliciones de Gobierno es interpretado como un evidente intento de mantener las bases del Estado subsidiario.
Este último elemento podría ser la piedra de tope para avanzar hacia un acuerdo formal, porque las colectividades oficialistas no están dispuestas a transar en algo que para ellos resulta ser uno de los principios motores que impulsan el proceso hacia una nueva Constitución: superar la subsidiariedad del Estado, la que, aunque no está planteada como tal en la Carta Magna actual, rige de facto.
Al respecto, uno de los partícipes del llamado «grupo de los ocho» que buscaba discutir sobre las bases institucionales de la nueva propuesta constitucional, el diputado Tomás Lagomarsino (PR), dijo que «a Chile Vamos le dimos la mano y se tomó el codo y el hombro. Si bien estamos claros que hay que establecer tranquilidades y certezas en las bases constitucionales, eso no puede implicar mantener el Estado subsidiario. Chile Vamos está sobregirado en estos momentos, debido a que esas tranquilidades y certezas que buscan instalar, están procurando mantener al Estado subsidiario. Y así como para Chile Vamos un borde es no refundar este país, y frente a lo cual en el Socialismo Democrático tenemos algunos puntos de concordancia –como es el derecho a la propiedad–, por el otro lado, un borde totalmente intransable para nosotros es superar el Estado subsidiario. En eso hemos sido tajantes y, mientras eso no se despeje, el diálogo está en un punto muerto”, puntualizó.
Desde el oficialismo admiten que las negociaciones están estancadas, en declaraciones que se extrapolan a las vocerías de Gobierno, de los timoneles de partidos de Chile Vamos y de los presidentes del Senado, Álvaro Elizalde, y de la Cámara de Diputadas y Diputados, Raúl Soto. Incluso, la ministra secretaria general de la Presidencia (Segpres), Ana Lya Uriarte, aseguró que su balance de la reunión de este jueves fue «extraordinariamente positivo», en una visión optimista que es compartida por los timoneles de la UDI, RN y Evópoli, quienes criticaron al Partido Republicano por restarse de las conversaciones.
De hecho, fuentes al interior de las coaliciones de gobierno señalan que tanto a la ministra Uriarte como a los representantes de la derecha y a los actores convocantes a este diálogo «no les queda otra opción» que decir que todo está encaminado hacia un acuerdo, pero añaden que internamente aún faltan aspectos importantes que discutir, en cuyo marco el ambiente no sería tan próspero como hacen notar en sus vocerías los propulsores de este espacio.
Precisamente, desde la derecha negaron que las conversaciones estén en punto muerto, junto con asegurar que algunos de los representantes del oficialismo ni siquiera participaron de la totalidad de la reunión, priorizando diálogos con la prensa, tal como lo denunció este jueves el senador y presidente de RN, Francisco Chahuán. Asimismo, el parlamentario agregó que Chile Vamos no cederá a ninguna presión para acelerar el diálogo, en relación con que algunas voces de las coaliciones oficialistas sostuvieron que parte de la estrategia de la derecha sería dilatar las conversaciones, para postergar la elección de convencionales más allá de abril de 2023, que fue la fecha planteada como una posibilidad concreta por el Servicio Electoral (Servel).
En ese sentido, Chahuán planteó con firmeza que “ni el 11 de septiembre, ni el 18 de octubre, ni bailar cueca. Nosotros no aceptamos ningún pauteo de fechas. Nosotros hemos dicho que esperamos terminar en un plazo razonable, que nos permita asentar un acuerdo, donde sí existe una racionalidad de tiempo, en torno a que esperamos que en el 2023 este tema esté cerrado, con un plebiscito de salida y un nuevo acuerdo de convivencia”, señaló.
