PAÍS
Entre 1994 y 2001, la justicia chilena, de la mano del Consejo de Defensa del Estado, llevó a cabo sendas investigaciones contra el crimen organizado transnacional. Operaciones como Ana Frank, Océano, Ícaro y la conexión chilena del caso Géminis fueron posibles gracias a la voluntad de las instituciones de aquellos años y a una cuidada cooperación internacional. Hernán Peñafiel fue uno de los abogados que trabajó directamente en cada una de ellas y, expuesto ante la pregunta de por qué no ha habido casos de similar envergadura en los últimos 20 años, responde a título personal: “La pregunta que uno debería hacerse es: ¿la ausencia de grandes casos contra el crimen organizado internacional significa que estos dejaron de venir o no será que siempre han estado? Yo no veo por qué en el fondo Chile podría haberse librado de organizaciones criminales durante 20 años y que, de pronto, decidieran no venir nunca más al país”.
Operación Ana Frank, el Vuelo de Ícaro, Operación Océano y la conexión chilena del caso Géminis fueron algunos de los nombres que se les dieron a las grandes investigaciones comandadas por el Consejo de Defensa del Estado (CDE) contra el crimen organizado internacional en la década de los 90 y hasta inicios del 2000.
Eran los tiempos en que los abogados del CDE y las policías planificaban casos complejos y se apuntaba a los cabecillas de las organizaciones criminales trasnacionales, con la colaboración internacional de la DEA, la fiscalía antimafia de Italia, la Procuraduría General de Colombia, el Ministerio Público de México, entre otros organismos. “Hace más de 30 años que sabíamos que el puerto de San Antonio se usaba como un punto de tránsito para el tráfico internacional”, recuerda Hernán Peñafiel –exjefe de la extinta División de Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Lavado de Dinero del Consejo de Defensa del Estado–, en alusión al último informe de Naciones Unidas que relevó recientemente ese antecedente y confirmó una premisa con la cual se trabajaba en esos años como un dato más de la causa: que los puertos chilenos eran usados por los carteles de la droga para llegar a Europa y Estados Unidos.
Eran los tiempos del barco Nativa, detenido con nueve toneladas y media de cocaína en Arica; de los seguimientos a grandes capos de la mafia siciliana, como Guglielmo Fidanzati y Luciano Luchesi, que llegaron a Chile a reunirse con el chileno Manuel Losada, a quien conocieron tras ser presentados por un jefe del Cartel de Cali. Los tiempos en que el temible Cartel de Juárez intentó trasladar su imperio criminal a Chile, arrendando propiedades en La Dehesa, y llevando incluso a su jefe máximo, Amado Carrillo Fuentes, a crear inmobiliarias y hacer los trámites respectivos ante el Servicio de Impuestos Internos (SII), y a sus lugartenientes a conversar con autoridades políticas para crear un megaresort en Melipilla, desde donde pudieran “lavar” dinero y controlar el tráfico de drogas a escala global.
Más de 20 años después de estos hechos, este tipo de casos, con grandes investigaciones criminales involucradas, parecen haberse esfumado de la prioridad en la política de persecución penal. Las urgencias son otras. ¿Será posible que la ausencia de casos implique que, en estas dos últimas décadas, las grandes mafias hayan dejado de mirar a Chile como un lugar atractivo para sus operaciones? “Pasamos de un momento en que era atractivo que Chile apareciera desbaratando organizaciones criminales, a un momento donde parece ser más atractivo hacer parecer que no tenemos grandes organizaciones criminales”, esboza como respuesta Peñafiel. “En mi opinión personal, no es que no hayamos tenido grandes organizaciones criminales por más de 20 años, más bien no se detectaron. Por distintas razones. Pero no tengo por qué pensar que dejaron de venir”, agrega.
-¿Por qué piensa que es improbable que el narco internacional haya perdido el interés de operar desde Chile?
-En mi opinión personal, la pregunta que uno debería hacerse es: ¿la ausencia de grandes casos contra el crimen organizado internacional significa que estos dejaron de venir o no será que siempre han estado, pero ahora nos estamos preguntando? Yo no veo por qué en el fondo Chile podría haberse librado de organizaciones criminales durante 20 años y que, de pronto, decidieran no venir nunca más al país.
-Hoy tenemos un problema muy serio de seguridad, ¿por qué se dejaron de asestar grandes golpes contra el narcotráfico?
-Es mi opinión estrictamente personal y puedo estar muy equivocado, a mi juicio lo que pasó es que había un sistema, que lo manejaba un grupo pequeño de personas. Y ese sistema se extinguió, porque tenía que extinguirse, al ser reemplazado por el Ministerio Público. Entonces, lo que pasó es que acá no hubo una transición, en que se transfirieran gradualmente los conocimientos, de la operatoria, lo que hubo fue un cambio absoluto de sistema. Cuando parte el Ministerio Público, parte con equipo nuevo, con una manera de enfocar las cosas nuevas y tiene que instalarse y se va a demorar dos a tres años en instalarse, en crear confianzas con las policías. Además, en ese tiempo los vínculos con la policía internacional se van perdiendo, porque, si no trabajas con ellos, los casos se pierden.
-¿Pero por qué hace 20 años era posible y ahora no?
-En mi experiencia, hubo un cambio de paradigma. Y cuando tienes un cambio así, cambian las personas, los recursos, cambia la ley, cambia la manera de hacer. Además, el diseño no te permite la investigación de organizaciones criminales de relevancia. O sea, fiscales con 500 causas, no centralizada la información, sin facultades operativas. Este era un diseño que diluía todo lo anterior. Investigar a una organización criminal requiere mínimo un par de años y no tiene garantizado el éxito.
-¿Cuál es ese paradigma que cambió?
-Se concentró en perseguir al microtraficante local, a los Care’pelota, por decir algo. Y así puedes obtener condenas puramente de lavado de activos, que te permitan entrar en rankings internacionales o presentar como resultado en conferencias, que es legítimo, pero al final terminarás condenando a mucha gente de nivel medio, al cuñado, a la nuera, al yerno del Care’taza, que tenía una empresa de radio taxi asociada… Ninguno con redes importantes de tráfico internacional y menos de lavado, y eso era lo que se podía conseguir con este sistema y se tuvo, a costa de no perseguir organizaciones criminales relevantes. Te vas a demorar muchos años en tener una estructura que sea eficiente en esta materia, y ese tiempo lo van a utilizar las organizaciones criminales.
-Hace unas semanas, la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) evacuó su último informe, donde ubicó al puerto de San Antonio como un punto neurálgico en el tráfico de drogas a escala internacional.
-Bueno, esto se sabe por lo menos desde hace 30 años. Lo que nos está diciendo la comunidad internacional hoy es que no hemos puesto ojo en algo que sabíamos que existía, y que antes se perseguía y que hoy día, en el fondo, no pudimos evitar.
-¿Por qué Chile es atractivo para el crimen organizado internacional?
-Chile había sido campo de prueba de muchas cosas lícitas, pero también lo fue en términos de instalación de grandes grupos de narcotráfico. Vinieron jefes de la mafia italiana, capos mexicanos, estuvieron meses acá con identidades ocultas e, incluso, otros menores que vivieron años… Siempre hubo una intención y desde luego era razonable que la hubiera, porque este es un país que tenía una estructura financiera moderna, intercambio con todas partes del mundo, Tratado de Libre Comercio con todo el mundo, puertos operativos. Sin duda, desde el punto de vista financiero, muy atractivo para convertirlo en un centro de operaciones para la droga. Un Estado que no visualice el problema lo hace más atractivo, que va a pasar más desapercibido.
En efecto, tal y como señala Peñafiel, durante los años previos a que el CDE tomara la decisión política de enfocarse en las organizaciones trasnacionales, y fundamentalmente cuando ya estaba en ejercicio, quedó en evidencia que las mafias en Chile pasaban inadvertidas. Una de estas evidencias quedó al descubierto tras el accidente automovilístico en que falleció un ciudadano italiano.
Con la llegada de agentes policiales antimafia se tomó conocimiento de que el fallecido era Giuseppe Ciulla Salutte, del grupo de Milán, un brazo de la mafia de Palermo dedicado a las operaciones de tráfico de heroína y cocaína desde los países andinos al mercado europeo, especialmente a Holanda y Suecia. Al momento de llegar a Chile, el mafioso italiano enfrentaba una condena de 100 años de presidio por nueve cargos vinculados al tráfico de heroína y su llegada al país había sido motivada por la guerra de sucesión que se estaba llevando a cabo en Sicilia, entre la organización mafiosa de los corleoneses, dirigida por Salvatore “Totò” Riina, y el grupo de los honorables, representados por el pentito de la Cosa Nostra, Tommaso Buscetta, más conocido como Don Masino.
Sin embargo, este no fue el único caso. En un cuaderno secreto, en el marco de la Operación Océano –nombre que se le dio a la investigación contra el empresario naviero Manuel Losada y sus vínculos con el Cartel de Cali–, el OS-7 fue advertido, por la DEA y un alto oficial de la policía italiana, que los mafiosos Guglielmo Fidanzati y Luciano Luchesi venían a Chile a coordinar un embarque de 1.500 kilos de cocaína. De acuerdo al CDE, el vínculo de Losada con los mafiosos había partido en Colombia, cuando uno de los cabecillas del Cartel de Cali de aquellos años, Hermes Valencia Trujillo, los presentó.
Pero el caso más claro de la penetración de poderosas organizaciones criminales se reveló cuando, el 12 de agosto de 1997, el noticiero central de Televisa reventó la noticia de que el líder del Cartel de Juárez, Amado Carrillo Fuentes, y tres de sus principales colaboradores y sus respectivas familias, habían permanecido por más de 4 meses en Santiago de Chile. Antes de llegar, Carrillo Fuentes encomendó a uno de sus jefes, Manuel Bitar Tafich, que analizara la legislación antidrogas vigente, los niveles de seguridad respecto a las demás mafias y la situación económica de países como Costa Rica, Brasil, Argentina, Rusia, Ucrania y Chile. Después de un análisis minucioso, Bitar Tafich, alias el Árabe, encontró que Chile era el país que reunía las mejores condiciones.
En Chile, la organización criminal presentó ante el Comité de Inversiones Extranjeras un proyecto para la construcción de un condominio en la comuna de La Florida, constituyó inmobiliarias y arrendó mansiones en Lo Barnechea. Uno de los proyectos estrellas del cartel era construir un megaresort en el sector de Santa Julia, en Melipilla. Para ello, sostuvieron incluso reuniones con el alcalde UDI de entonces, Fernando Pérez Villagrán. Las razones no eran al azar. Melipilla tenía carreteras que conectaban a Valparaíso con Santiago y San Fernando. Y se encontraba en el límite con el puerto de San Antonio.
El proyecto no se concretó porque la muerte sorprendió al capo durante una cirugía plástica a la que se sometió en México para cambiar su rostro. Días después, tres cuerpos fueron encontrados al borde de la carretera el Sol, que une a Ciudad de México con el balneario de Acapulco. Estaban invertidos al interior de tambores con cemento, tenían los ojos vendados, los testículos habían sido cortados, estaban desnudos, despellejados y sin ojos ni lengua. Uno de estos era el médico Ricardo Reyes Rincón, quien había estado en nuestro país, y durante ese periodo había contratado, con nombre falso, los servicios legales del exembajador de Chile en Londres, Hernán Errázuriz Talavera.
El primer caso importante del CDE y que empezó a cercar el círculo de Mario Silva Leiva, más conocido como el Cabro Carrera, lo dio la policía peruana al incautar 60 kg de cocaína camuflada en mariscos en descomposición en el puerto del Callao, en Perú. Con ese caso, el CDE estableció contactos con Interpol, con la agencia de drogas estadounidense y sus similares en Holanda, Brasil, además de la fiscalía antimafia de Italia. La oportuna coordinación con policías extranjeros permitió seguirle la pista a un cargamento de 101 kilos de clorhidrato de cocaína que había salido de Brasil, a bordo del barco mercante Christiansen.
En el desarrollo de esta operación participaron distintos estamentos públicos y privados, como el Registro Civil, Aduanas, el Servicio de Impuestos Internos, la Tesorería General de la República, el Banco Central, el Comité de Inversiones Extranjeras y la Superintendencia de Bancos y de Valores, entre otros.
-¿Cómo se gestó la Operación Ana Frank?
-Lo primero que hizo el CDE fue crear vínculos con las policías: PDI y Carabineros. En su división encargada de inteligencia y narcotráfico, tenían investigaciones respecto del Cabro Carrera de muchos años, pero nunca habían podido llevarlo a cabo, porque no existían herramientas adecuadas ni organismos que los respaldaran. ¿Qué hicimos nosotros? Partimos con cosas chicas, probando y, cuando la policía empezó a confiar, presentaron varias posibilidades, entre ellas, el Cabro Carrera. No fue que lo descubriéramos nosotros, los policías lo venían investigando en Chile y en el extranjero hace mucho tiempo, y eso se sumó entonces a la creación de un organismo que podía interactuar con organismos extranjeros. Esto no se podía hacer si no era con la colaboración de fiscalías, ministerios públicos, policías de otros países, la DEA, sin duda.
-¿Cómo se armó el caso?
-Idealmente era producir un caso que se pareciera a un homicidio. Es decir, que tuvieras un cadáver y una pistola humeante. Fácil de conectar. Entonces, en el caso de Carrera, se dio: había droga sobre la mesa y vínculos. Eso permitió que se realizaran operaciones acá, en Bolivia y en Bélgica y en Italia, simultáneamente. Eso nos dio un caso muy potente en términos de evidencias. En el caso de Cabro Carrera, fue la primera vez que Suiza y Estados Unidos compartieron dineros con Chile. Y tomó muchos años lograr esa confianza y, antes de eso, lograr que las policías pudieran interactuar, que no hubiera ninguna filtración.
-¿Efectivamente ningún detalle se filtró?
-Imagínate, hubo dos años sin filtraciones. Yo encuentro hoy que eso fue milagroso, que se haya podido hacer, sinceramente. En el caso de Cabro Carrera tenías que detectar un cargamento de droga en Amberes, tenías que detener gente en Bolivia, en Chile, y todo simultáneamente. Y solo se producía porque era un equipo pequeño, concentrado, y que sumó confianza unos con otros. Y tenían todos más o menos el mismo objetivo.
-¿El objetivo era perseguir la ruta de la plata?
-Siempre hubo interés en seguir la plata, pero si me pregunta a mí, lo más significativo era desarmar las organizaciones criminales. Ninguno de nosotros pensábamos en un objetivo de 10 años hasta obtener las condenas, las incautaciones sí eran importantes, pero más que nada el objetivo estaba puesto en desarmar la organización, que ya no pudiera lavar más dinero, que no pudiera traficar.
Manuel Vicente Losada Martínez siempre estuvo ligado al trabajo en la empresa naviera de su familia, estaba relacionado con el Valparaíso Sporting Club de Viña del Mar y la empresa hípica Criadores de Fina Sangre de Carrera S.A., entre otras. Fue detenido el 5 de mayo de 1998, acusado de narcotráfico y lavado de dinero.
Las primeras indagaciones se habían iniciado cuatro años antes, cuando fue detenido, por guardacostas de Miami, el buque mercante “Harbour”, propiedad de Losada, de tripulación chilena y con más de cinco toneladas de cocaína. Posteriormente, en 1996, se descubrieron alrededor de 500 kilogramos de droga, ocultos en el buque “FMF Santiago”, proveniente de Colombia y también vinculado al empresario. Finalmente, en mayo de 1998, fue desbaratada una red internacional de narcotráfico y lavado de dinero, vinculada con el Cartel de Cali, la mafia italiana y ramificaciones en Panamá.
-En el caso de la Operación Océano, Manuel Losada no era un delincuente folclórico, sino un miembro de la elite viñamarina.
-El caso de la Operación Océano fue distinto. A diferencia del Cabro Carrera, no estaba la droga, ya que esta había sido detectada en Estados Unidos años atrás. Esta investigación la hicimos con Carabineros, quienes también habían investigado largamente a Manuel Losada, con seguimiento durante años. Tenían los contactos, tenían evidencias, pero nunca habían podido llegar a nada con las herramientas legales e institucionales que existían antes de la ley de 1996. Empezamos a trabajar con Estados Unidos. Y ahí no íbamos a tener droga sobre la mesa fresquita. Teníamos que reconstruir el vínculo de Manuel Losada y su gente con ese barco, con otros barcos. Y con los dueños de la droga que, además, habían financiado la compra de los barcos y que, ni más ni menos, se trataba del Cartel de Cali.
-La coordinación internacional de nuevo fue esencial.
-Claro, se trabajó con el Departamento de Justicia y la DEA en Estados Unidos, fundamentalmente. Y, de nuevo, ahí fue complicado porque también había que hacer detenciones simultáneas de varias personas en Chile y llegar hasta el contador, que era chileno (Guillermo Pallomari), quien fue detenido posteriormente y extraditado a Estados Unidos. Ahí había una conexión muy potente con un Banco en Panamá, desde donde había venido el dinero. Por lo tanto, también trabajamos con Panamá.
-¿Qué se buscaba con los barcos?
-La intención de este grupo era crear una especie de marina mercante, que hiciera cabotaje real y que, además, pagara el precio de llevar droga. Pero fue interrumpido por la investigación. Las consecuencias más importantes fueron en Colombia, donde esto llevó a la captura de jefes importantes en Colombia y también en Estados Unidos. Si tú incautas un millón de dólares en Colombia y Estados Unidos, estás hablando de decenas y cientos de millones de dólares, que son otro nivel de patrimonio.
-El lavado de dinero no se pudo probar.
-A nivel personal yo tenía claro que no iba a haber condenas por lavado dinero, porque la ley era del año 95 y los tráficos, por ejemplo, de Manuel Losada, eran del año 93.
El 2001, luego de una investigación de más de dos años en Chile, denominada “Operación Ícaro”, realizada por el Consejo de Defensa del Estado y la Brigada Antinarcóticos de la Policía de Investigaciones de Chile, se ordenó incautar cinco aviones de la empresa Aero Continente Chile, por los delitos de asociación ilícita y lavado de dinero. Además, fueron detenidos cuatro ejecutivos, se cerraron 16 oficinas y embargaron las cuentas bancarias.
El 19 de diciembre de 2005, Fernando Zevallos fue sentenciado en Perú a 20 años de prisión por tráfico de clorhidrato de cocaína y a 22 años por haber financiado la creación de su empresa Aero Continente, en 1992, con dinero proveniente del narcotráfico. Los destinos del tráfico ilícito de drogas eran Estados Unidos, México y Europa.
El 27 de julio de 2007 fue procesado por lavado de activos y otras violaciones de la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico (conocida como Kingpin Act) por el Tribunal del Distrito Sur de la Florida en Estados Unidos. El 10 de febrero de 2009, la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro estadounidense identificó a 26 empresas y 14 personas que eran parte de la red financiera de Zevallos.
-Fue el caso de Aero Continente el más difícil que les tocó trabajar en el Consejo?
-Así es. Si bien es cierto que el caso está asociado en su origen al narcotráfico, acá nunca hubo drogas, de ningún tipo. Se trataba de una línea aérea peruana, que era una de las más importantes. Tenía un 70% del tráfico aéreo de Perú y estaba ya volando a Miami, Estados Unidos y Europa. Y llega a Chile a competir en el mercado.
-¿Qué tenían?
-Lo que teníamos era un historial de quienes habían formado la línea aérea, que sí venían del tráfico de drogas. Eso fue muy difícil, porque acá lo que había era la convicción de la existencia de una organización criminal detrás. Fue mucho más difícil que los otros dos casos. Lo fue en la práctica y lo fue lo jurídico, en los hechos, con altos costos personales. Afortunadamente terminó con la desaparición de la línea y con las condenas de los principales líderes en Perú y con la petición de extradición en Estados Unidos.
-¿Qué fue lo que llevó a Chile en esos años a embarcarse en estas complejas investigaciones?
-Primero, porque era una obligación que imponía el reciente ingreso a la OCDE. O sea, se podría haber hecho muchos años antes, pero en general en Chile funcionamos mucho de esa manera, cumpliendo compromisos. Nadie esperaba que esto diera resultados rápidos. Es mi impresión personal, pero esto vale para la Unidad de Análisis Financiero (UAF) y para el Ministerio Público. Como son instituciones disruptivas, los gobiernos deciden implementarlas gradualmente. En principio nadie quiso esta tarea, y el Consejo, bueno, la asumió y creó esta unidad especial. Y no es que existiera una voluntad detrás, pero se fue dando. Había una ley y se empezó a cumplir, empezaron a hacer cosas. Existió una voluntad potente del Consejo de cumplirla, desde la jefatura, de la presidencia del Consejo.
-De Clara Szczaranski…
-Clara fue fundamental en eso, porque ella venía de una experiencia de Italia, de haber trabajado contra las mafias italianas, por lo tanto, conocía el fenómeno, y lo respaldó. Esto requiere muchos respaldos. Y a esto se fue sumando una opinión pública favorable, que entendió que había un tema y las instituciones también fueron incorporándose a esa visión. O sea, no es que haya nacido una especie de compromiso público, en que todas las fuerzas políticas tomaran la decisión, pero se fue dando, se fue sintonizando. El Poder Judicial primero, las policías luego, y los gobiernos entregaron mucho apoyo. Nunca hubo un caso de corrupción o de acusaciones de abuso injustificado contra el Consejo. El Consejo de Defensa del Estado tenía 120 años de historia, entonces también eso ayudaba a que fuera respaldado, se le creía en lo que decía. Se tenía confianza en la institución.
