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Créditos: Agencia Uno.
A menos de una semana de la derrota electoral del 7 de mayo, el gobierno ya tiene claro que la crisis de las isapres será su próxima batalla y presentó a los ministros clave con que pretende enfrentarla: Camila Vallejo (ministra vocera) Ximena Aguilera (ministra de Salud), Luis Cordero (ministro de Justicia) y Álvaro Elizalde (Ministro de la Secretaría General de la Presidencia). El libreto con las ideas fuerza también está listo: el Ejecutivo sólo está haciendo cumplimiento de un fallo de otro poder del Estado, las isapres son las responsables de la crisis por haber realizado cobros excesivos y, por último, el gobierno está abierto a sentarse a conversar con los distintos actores. La Moneda tiene claro su próximo objetivo.
El Palacio de La Moneda amaneció temprano el viernes con el Consejo de Gabinete habitual que se hace una vez al mes con todos los ministros a las 8:30 de la mañana. De a poco fueron llegando los secretarios de Estado al Salón Montt Varas y en ese ir y venir de los ministros, cerca de las 10:20, la ministra Camila Vallejo apareció para referirse al tema del día que era las isapres y su declaración que calificó como “un engaño” el proyecto de Ley Corta: “nos parece una desfachatez” comento la vocera. Desde temprano, la atención estaba puesta en el tema de las isapres y la prensa esperaba alguna opinión de las autoridades, pero sorprendió el despliegue que siguió al Consejo de Gabinete.
Pasada la 1:00 de la tarde llegó a la sala de prensa la ministra Camila Vallejo flanqueada por tres importantes ministros, Ximena Aguilera (ministra de Salud), Luis Cordero (ministro de Justicia) y Álvaro Elizalde (Ministro de la Secretaría General de la Presidencia) para explicar la Ley Corta de isapres y por qué estas instituciones de salud privada debían devolver los excesos de cobros que sufrieron algunos de sus afiliados entre 2020 y 2023.
En esa conferencia de prensa quedó claro que la crisis de las isapres será la próxima batalla del gobierno y, también, cuáles serán los generales que estarán a cargo de salir airosos de esta disputa. Los contrincantes son las isapres, donde cotiza menos del 30% de los chilenos, y los sectores de la derecha que las defienden y entre los cuales destacaron en estos días varios diputados y representantes del Partido Republicano. El tema de las isapres quedó instalado ayer como uno de los “caballitos de batalla” que abrazará el gobierno tras la derrota del 7 de mayo.
Luego del anuncio de la Ley Corta presentada el miércoles en el Senado, las isapres y algunos miembros de la derecha salieron a criticar con duros términos la iniciativa ofgicialista que busca resolver el cumplimiento del fallo de la Corte Suprema de noviembre de 2022. El viernes, el gobierno no perdió la oportunidad y salió en pleno a responderles con duros términos.
Las ideas fuerza que desplegará el Gobierno en este conflicto están claras y son tres: el Ejecutivo sólo está haciendo cumplimiento de un fallo de otro poder del Estado, las isapres son las responsables de la crisis por haber realizado cobros excesivos que no se ajustaban a la tabla de factores definida por la Superintendencia de Salud el 2020 y, por último, que el gobierno está abierto a sentarse a conversar con los distintos actores, pero con un limite: “aquí no hay ni habrá espacios ni a salvatajes ni a perdonazos”, sentenció Vallejo.
El ejecutivo ingresó el miércoles la Ley Corta que pretende ejecutar el fallo de la Corte Suprema que obliga a las isapres a aplicar la tabla de factores del 2020 y que en esos casos que no se aplicó dicha tabla devolver los cobros excesivos que sufrieron algunos afiliados en los últimos tres años y que se estimaron en cerca de US$ 1.400 millones. El proyecto obliga a las propias prestadoras a preparar el plan de devoluciones con especialistas que definan los mecanismos para restituir los pagos.
Ante la propuesta, la Asociación de ISAPRES emitió comunicado en el que calificó el proyecto del Ejecutivo como “un engaño y fuerza una falla sistémica en el acceso a la salud de todos los chilenos”. Además, señalaron que “no tiene factibilidad alguna y conduce por la fuerza a un monopolio estatal, dañando el acceso a la salud de todos los chilenos” y, en definitiva, la propuesta es “un cierre por secretaría” del sistema privado.
Desde la UDI, el senador y presidente de partido, Javier Macaya, prefirió apuntar a la responsabilidad de la Corte Suprema y su fallo, “es bastante evidente que cuando un fallo requiere una ley para poder ser cumplido no es un fallo completo, es un fallo que de alguna manera excede las propias facultades de la Corte Suprema”. A pesar del comentario, dejó claro que “queremos que el fallo se cumpla, pero que se cumpla responsablemente y eso es lo que pretendemos con este proyecto de ley”. Macaya marcó su distancia con la ley corta que ingresó al parlamento: “Se está cayendo el sistema con este proyecto de ley. No es ser alarmista, sino realista, va a tener consecuencias para el propio Gobierno. Las listas de espera no solo se van a mantener, sino que van a aumentar”.
Fue la Corte Suprema
“Lamentablemente lo que está pidiendo la Asociación de isapres y la UDI es que el Gobierno no acate un fallo de otro poder independiente del Estado que es la Corte Suprema”, dijo la ministra Camila Vallejos en la vocería flanqueada por los otros tres ministros. Antes de la vocería, a eso de las 10:30 de la mañana, la ministra ya había insistido en el mismo punto: “Las isapres no pueden pretender que el Gobierno las acompañe en la idea de incumplir el fallo de la Corte Suprema”.
En el parlamento también hubo voces que destacaron este punto, “el principal argumento es el cumplimiento de una sentencia judicial, es algo inapelable”, dice el senador socialista y presidente de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro. El senador es de la idea que ese es un argumento clave ante la molestia de las isapres, “eso es lo que establece la ley y si las isapres quieren algo distinto no deberían apelar al Congreso o al Gobierno, sino a la justicia porque nadie está sobre ella”.
El diputado Eric Aedo (DC), miembro de la comisión de salud, cree que el gobierno hace bien al indicar que esta cumpliendo lo que resolvió el fallo de la Corte Suprema aunque advierte que el Ejecutivo “elude una discusión que no quiere dar, que es si quiere que el sistema de salud privado siga vigente”. Aedo celebra que la Superintendencia solicitara más plazo a la Corte Suprema para extender el plazo de implementación del fallo porque demuestra que es ahí donde está el tema, “esa fue un idea importante”.
La diputada socialista Danisa Astudillo, quien integra la misma comisión, se suma al argumento oficialista: “El Estado no ha estado conspirando en contra de las isapres, solo busca mecanismos para que puedan devolver efectivamente el dinero a sus afiliados”. Respecto al tono del Gobierno, cree que “ha sido prudente con la situación de las isapres”, lo que refleja “una preocupación práctica para que se cumplan los fallos judiciales, se restituyan los recursos mal habidos a los ciudadanos, pero sin generar un problema mayor en el sistema”.
La culpa es de las isapres
El elaborado discurso del gobierno tiene como segundo argumento: “La crisis de las aseguradoras de salud privada no la generó este Gobierno ni la Corte Suprema, sino que tiene que ver con un modelo de negocio que ser judicializó por cobros inapropiados”, dijo Vallejo.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, presente en la conferencia de prensa de los cuatro ministros, apuntó en la misma dirección que la ministra vocera y aseguró que quienes sostienen que el proyecto de Ley Corta es un engaño y que el Ejecutivo pretende algo más allá que enfrentar la crisis, “ambas afirmaciones son completamente y absolutamente incorrectas”.
Cordero expuso que desde el 2015, los presidentes de la Corte Suprema, en sus discursos inaugurales del 1º de marzo, han anticipado el colapso del sistema judicial en relación a los recursos de protección en materia de previsión de salud. “Las isapres han sostenido su estrategia (de aumento de los planes) en la judicialización de sus planes, de acuerdo a la jurisprudencia acumulada desde el año 2015 hasta hoy”. El ministro reveló que en un 83% de los casos en que los afiliados demandaban a las isapres, los cotizantes recibían sentencias favorables. Cordero explica que, en el fondo, “la sentencia de la Corte Suprema, a requerimiento de las propias isapres, en los alegatos que se reformularon, dio una solución permanente”.
A esto, agregó que “otra cosa distinta, que se quiere omitir por parte de las isapres, es la forma en que han gestionado sus estrategias judiciales en la última década, desde que el Tribunal Constitucional declaró inconstitucional la tabla de factores”.
El senador y presidente de Revolución Democrática, Juan Ignacio Latorre, de la Comisión de Salud del Senado, cree que este argumento es claro y apunta en la dirección correcta, pues “la situación actual no es responsabilidad del gobierno ni del Congreso, sino de las propias isapres, que siempre se han opuesto a los cambios y que han hecho del abuso una manera habitual de actuar”.
Dialoguemos
El último punto clave de la estrategia del gobierno fue “estamos abiertos al diálogo y a la búsqueda de una solución en conjunto”. El tono más dialogante vino de la ministra de Salud, Ximena Aguilera, quien ha estado en el centro de la crisis. Al ser consultada si compartía los dichos de la ministra vocera, marcó un matiz: “Nosotros no vamos a entrar en esa discusión” y acogió la preocupación de las isapres, advirtiendo que “entendemos que esta sentencia es compleja desde el punto de vista financiero, y por eso hemos expresado nuestra voluntad de presentar un proyecto de ley que permita dar cumplimiento a la sentencia de forma gradual”.
Incluso, advirtió que se ha trabajado con distintos sectores y que la propuesta del Gobierno, que pretende cumplir con el fallo, también podrá ser cuestionada y mejorada. La Ley Corta, sostuvo, “está siendo presentada al Congreso, como otro poder del Estado, donde esperamos que se discuta ampliamente y donde todos los sectores tendrán la oportunidad de participar, de ser escuchados y donde esperamos que se pueda mejorar la propuesta”.
La ministra Vallejo, de una forma más dura, explicó que las acciones del Gobierno explican la voluntad de salir de esta crisis: “si nosotros hubiéramos querido una quiebra generalizada de las isapres, la verdad es que hubiéramos mandado la aplicación inmediata del fallo y no estamos haciendo eso”.
Juan Luis Castro advierte advierte que este es un problema mucho más grande que la salud privada. “Una caída de las isapres es una crisis sistémica que afecta también al sistema público. Esa toma de conciencia hace que el Gobierno busque intervenir porque no es solo el problema de unas cuantas aseguradoras”.
El diputado Andrés Celis (RN) destacó otro actor importante y es el superintendente de salud, Víctor Toro, que jugará un rol clave para hacer valer esta apertura. Celis no cree que los vínculos de la ministra puedan sostener una negociación, en cambio, Toro viene del mundo parlamentario y jugará un rol clave en la tramitación de la ley. Celis sostiene que el proyecto, más que por un trabajo del Gobierno, “serán los parlamentarios quienes sacarán adelante esta moción”.
