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Créditos: Agencia Uno
En dos instancias, diputados UDI tomaron una encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para pedirle explicaciones a La Moneda sobre las razones de la creación de 94 mil trabajos públicos en el rango de un año. “Bolsa de pitutos” o “caja pagadora”, fueron los calificativos que se apresuraron a emitir parlamentarios gremialistas para referirse al Gobierno y a los números presentados. Pero la realidad era otra, aunque la oposición se negó a admitirlo. Tras una aclaración del INE, se indicó que las cifras fueron malinterpretadas, porque en estas se incorpora a todas las personas trabajadoras pertenecientes a instituciones estatales, incluyendo educación, salud, empresas públicas, entre otras donde tiene participación el Estado.
“Dice que no va a apitutar a nadie de su campaña. Hoy lo que hemos visto, no solo con estos 94 mil trabajadores, es que en todo su Gobierno sigue apitutando a los suyos y está olvidándose de los chilenos en todo sentido”, afirmó el diputado Cristián Labbé tras conocer los resultados que arrojó el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en mayo, asegurando que en el sector público se había añadido esa cifra de trabajadores en el último año. Sin embargo, la realidad era otra. Al respecto, el propio ministro de Hacienda, Mario Marcel, puntualizó que, si la realidad fuera así, los empleados públicos “se estarían saliendo por las ventanas”.
Hace un par de semanas, los diputados UDI Cristian Labbé y Christian Moreira llegaron a la Oficina de Partes de La Moneda para solicitar explicaciones a la Dirección de Presupuestos (Dipres) respecto a los datos que había entregado el INE. Días antes, Labbé había hecho igual cosa en Valparaíso, junto al diputado Henry Leal (UDI), a través de un documento que buscaba esclarecer lo mismo.
“Nos preocupa la situación de Chile, pero más nos preocupa la incoherencia que hoy el Presidente y su gabinete tienen, en contratar en menos de un año a más de 94.100 trabajadores en el sistema público”, señaló el diputado Labbé a las afueras de Palacio. Además, añadió que no quería pensar que las cifras dieran cuenta de un Estado que “ha sido una bolsa de trabajo para apitutar a los amigos del Presidente o a aquellos que representan a un partido político de izquierda”.
El parlamentario insistió en la idea de que el Mandatario agranda el Estado poniéndolo al centro, cuando “lo que hay que hacer es poner a los trabajadores y a la clase media en el centro de este país”, enfatizó. Al final, agregó: “Basta de seguir con los pitutos”.
El documento del INE habla de “empleados públicos”, trabajadores que no solamente dependen del Gobierno Central, pero los diputados gremialistas apuntaron unívocamente al Ejecutivo. “El Gobierno tiene que estar más preocupado de hacer crecer la economía de nuestro país y apoyar realmente a las pymes”, plantearon. Por otra parte, recalcaron que “quienes dan la mayor cantidad de empleos son las pymes y están, de alguna manera, abandonadas por las autoridades del Gobierno del Presidente Boric”.
El escrito presentado en el Congreso solicitaba que el Gobierno explicara, a partir de lo publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas, “las razones de la creación de 94.100 nuevos empleos públicos en el último año, señalando las instituciones donde se han creado los puestos de trabajo, áreas a las que han sido asignados los funcionarios, y bajo qué modalidad, así como el impacto presupuestario y remuneraciones involucradas en la creación de nuevos cargos, con desglose por repartición”.
En la misiva entregada en Santiago se agregaba, asimismo, que les parecía “grave e irrisorio que, mientras el desempleo en Chile bordea las dos cifras en distintas regiones, la inflación golpea más que nunca a las familias de clase media y más vulnerable, y, además, el trabajo informal crece de manera descontrolada, su administración de gobierno, y en específico la Dirección de Presupuestos (Dipres), haya autorizado y visado la contratación de esa cantidad de personas”.
Incluso, como representantes de la UDI, endurecieron su postura todavía más: “Quisiéramos conminarlo a suspender las futuras contrataciones en el sector público, salvo que sea estrictamente necesario. Y por último, solicitamos tenga a bien presentar –en el más breve plazo– un programa que permita mejorar las actuales y futuras condiciones laborales en el sector privado, evitando así que su administración continúe engrosando el Estado a costa de los impuestos de todos los chilenos”.
El empleo público no solo ha sido un bastión para criticar al Gobierno, sino que también para poner límites de negociación en el marco del pacto tributario. En tal sentido, semanas atrás, el senador y presidente de RN, Francisco Chahuán, estuvo en La Moneda, donde habló sobre la nueva reforma tributaria y la poca disponibilidad que tiene la oposición para entregar sus votos.
Entre los argumentos, y con otras cifras, afirmó que no están disponibles mientras no se incentive el desarrollo económico de las pymes y advirtió que, “en este año y medio, hemos visto que los únicos empleos que han crecido han sido los del Estado. Setenta mil nuevos empleos en el Estado, por lo tanto, tenemos un problema estructural”, recalcó.
Días más tarde, Instituto Nacional de Estadísticas publicó una nota aclaratoria en su página web, en la que explicó que había “afirmaciones erradas que han sido publicadas en los últimos días respecto a los indicadores de la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del INE, instrumento oficial para monitorear y analizar el comportamiento del mercado laboral; y, por otra parte, los registros administrativos de recursos humanos del sector público que entrega la Dirección de Presupuestos (DIPRES) del Ministerio de Hacienda”.
Tras consultar, el INE detalló que las diferencias de interpretación de los datos se encuentran en el concepto de asalariados(as) del sector público. “En el caso de la Encuesta Nacional de Empleo, se trata de un concepto más amplio que el utilizado por la DIPRES; ya que, el dato de la Encuesta Nacional de Empleo incluye a todas las personas trabajadoras pertenecientes a instituciones estatales, incluyendo educación, salud, empresas públicas, entre otras instituciones donde tiene participación el Estado”, señalaron.
Otro es, aseguraron, “el caso de la DIPRES, en que se considera los puestos de trabajo del personal solamente del Gobierno Central, por tanto, es un universo menor”.
En detalle, explicaron que en el documento aludido, “referido al trimestre febrero-abril de 2023, se constata que el total de asalariados/as públicos presentó una variación, no estadísticamente significativa, de 5,7% (+63.948 personas), estimándose en 1.189.092 personas”.
En la institución o empresa que les paga el sueldo a asalariados públicos, “se observa que en el 56,2% de ellos les paga la Administración pública general (incluyendo municipalidades), lo que equivale a 668.706 personas”, precisaron desde el INE. En tanto, el sector de servicios sociales y de salud alcanzó su máximo nivel, “equivalente a 233.696 personas, lo que representa un 19,7% del total de asalariados/as públicos reportados en la encuesta”, detallaron. Por último revelaron que el sector de enseñanza representó un 14,7%, es decir, 171.993 personas.
El titular de la cartera de Hacienda, en ‘Tolerancia Cero’, entregó una respuesta que de alguna manera logró acallar el tema de los empleados públicos. En su argumentación, Marcel acogió lo ya señalado por el INE y explicó que el informe de la Dipres entregó resultados muy distintos a los que alegaban los parlamentarios gremialistas.
“En ese informe trimestral, que se refiere a la administración central, indicó que ese empleo público es menor que la cifra del último trimestre del año pasado y es 1% que lo que había un año atrás. Ese titular no consiguió ningún titular de primera página”, sentenció el ministro. Ese 1% al que alude Marcel representa menos de 4 mil empleados.
El jefe de las arcas fiscales también aprovechó de explicar qué número, de esos 94 mil empleados públicos, proviene de “encuestas de hogares” en que a las personas se les consulta si quienes viven en el hogar están ocupados o no y si trabajan para la administración pública o empleo privado. “Dentro de lo que es empleo público, existe una variedad de casos que están sujetos a la interpretación de las personas”, sostuvo. Lo otro que puede ocurrir, explicó el ministro Marcel, es que fuera del Gobierno Central haya aumentado el empleo, por ejemplo, en los municipios, pero “para llegar a 94 mil, en el caso de las municipalidades, se estarían saliendo los funcionarios por las ventanas”.
