“Dobles agentes”: La Moneda pone el ojo en funcionarios de Gobierno que operan en fundaciones

En medio del revuelo por el caso de la Fundación Democracia Viva y de la visita del ministro de Vivienda y Urbanismo a Antofagasta para hacer entrega, al fiscal a cargo de la investigación, de cuatro tomos de archivadores con antecedentes sobre esta y otras organizaciones no gubernamentales (ONG) que han recibido recursos fiscales, desde el Parlamento y La Moneda han comenzado a cuestionar que funcionarios de Gobierno tengan trabajos paralelos en la dirección de fundaciones u ONG que mantengan relaciones directas con el Ejecutivo, debido a la posibilidad de conflictos de intereses.

De hecho, fuentes de Palacio señalan que ese fue precisamente uno de los puntos que abordó en La Moneda el titular de la cartera de Vivienda, Carlos Montes, con su par de Segpres, Álvaro Elizalde, antes de partir a la Región de Antofagasta.

“Nosotros le vamos a entregar cuatro archivadores con todos los antecedentes que hemos acumulado, incluyendo algunas preguntas, porque hay materias que no hemos logrado clarificar, y que él [el fiscal] tiene más facultades para solicitar esa información. Nos interesa conocer respecto a las obras que se hicieron, cómo llegaron a esos costos, de qué manera (…), si aquí alguien metió las manos tiene que responder (…). Aquí el punto más polémico que hay es que, con parte de estos recursos, se habría pagado a profesionales para que contribuyeran en la Seremi en el control de los proyectos y eso es algo que está fuera de los marcos legales. Si funcionarios (militantes) tuvieran doble función, es algo que está abierto todavía, no está demostrado. Son sí personas contratadas por una fundación para que prestaran servicios al Seremi o al Serviu, para que hicieran más rápido las tareas que tenían. De los contratos que tengo, hay de distintas instituciones. Uno que tiene que ver con esta Fundación Democracia Viva, otro que tiene que ver con la Fundación de Superación de la Pobreza”, aseguró el ministro Montes.

“Hay que separar las cosas, no se puede estar con un pie en el Gobierno y con el otro en una institución que puede solicitar recursos del Estado. Esta situación de la Fundación Democracia Viva está dejando al descubierto situaciones extraordinariamente delicadas. Creo que lo que corresponde es revisar y evaluar todas las transferencias que hacen las distintas instituciones del Estado”, señaló a El Mostrador el diputado socialista Jaime Naranjo.

Las palabras del legislador apuntan a los cuestionamientos que hay en el oficialismo por el caso de la Fundación Democracia Viva, donde militantes trabajaban en organizaciones no gubernamentales y, paralelamente, en el Gobierno. En el caso de Democracia Viva, el representante legal de esta, Daniel Andrade, era asesor de la Subsecretaría de Defensa, y la tesorera de la organización, Doris Pinto, es asesora de la Subsecretaría de Telecomunicaciones. A ello se suma que la dueña del inmueble que hacía las veces de sede de la fundación, Cecilia Millán, fue en 2022 asesora del Ministerio de Educación.

Sin embargo, en La Moneda y en el Congreso comienzan también a formular reparos respecto a otros cuadros políticos del Frente Amplio (FA) que saltaron de una ONG a un cargo de confianza en el Gobierno, mientras que algunos figuran en el directorio de fundaciones y, paralelamente, ostentan puestos de asesores en gabinetes de ministros.

El titular de Vivienda puntualizó que será uno de los antecedentes que entregará al Ministerio Público.

En el círculo del secretario de Estado comentan que hay al menos tres funcionarios que pasaron de una ONG al Gobierno. Al caso del también excandidato a convencional constituyente de Revolución Democrática, Daniel Andrade, por el distrito 13, se suma el del seremi de Vivienda de la Región del Maule, Rodrigo Hernández, igualmente militante de RD.

Este último, reconoció en un comunicado que era funcionario de la Fundación Urbanismo Social, puesto que dejó al ingresar al Gobierno. No obstante, esa organización es una de las que recibieron aportes fiscales en 2022.

Otra entidad sin fines de lucro que se observa en el oficialismo es la Fundación Rumbo Colectivo, donde figuran como parte de esta el embajador de Chile en Brasil, Sebastián Depolo (RD), y el jefe de gabinete del ministro de Desarrollo Social, Giorgio Jackson (RD), Diego Vela.

En el bloque oficialista plantearon que, si bien –hasta ahora– en el Registro Central de Colaboradores del Estado la entidad no registra traspasos desde fondos estatales, “puede ser poco prudente” que por sus cargos públicos los dirigentes continúen colaborando con la organización.

Desde Rumbo Colectivo señalan que “no es verídico” que el embajador Depolo sea parte de la organización sin fines de lucro, sino que “fue solo fundador de la organización” y que desde entonces “no ha tenido ninguna injerencia en la fundación desde su funcionamiento”. Mientras que de “Diego Vela, precisan, fue director ejecutivo en 2021 y marzo de 2022″, cuando dejó la Fundación vinculada a RD para asumir como jefe de gabinete de Jackson.

A raíz del caso Democracia Viva y los cuestionamientos a Revolución Democrática, el senador por Antofagasta Pedro Araya (IND-PPD) envió este martes un oficio al secretario regional ministerial de Vivienda de esa región, para que informe sobre seis elementos ligados al Programa de Asentamientos Precarios, entre ellos, “criterios de selección de los entes ejecutores, organizaciones sin fines de lucro, de acciones de dicho programa y si se realiza un llamado o licitación pública para prestar estos servicios”; los requisitos que se deben “cumplir por estas organizaciones para ser receptoras de fondos públicos vía transferencia”; y si las mismas “deben contar con cierta cantidad de años de antigüedad para optar a ser receptoras de fondos públicos para la ejecución de acciones del programa”.

Según el documento, “en relación con las transferencias directas de recursos del Programa de Asentamientos Precarios efectuadas en 2021, 2022 y 2023, desde la Seremi de Vivienda de Antofagasta hacia organizaciones sin fines de lucro, se comprobó que la suma total de estos recursos asciende a la suma $6.589.216.380”.

El texto menciona que cuatro fundaciones recibieron dinero solamente el año pasado. Se trata de Fundación Procultura ($545.000.000), Fundación Tomarte ($456.000.000), Fundación Fibra ($430.000.000) y Democracia Viva, con los conocidos $426.000.000.

En la oposición también cuestionan lo que llaman “doble militancia”, en relación con estar a la vez en una ONG y en un puesto de confianza en el Gobierno, debido a que puede generar conflictos de intereses.

“A la luz de la información que se ha hecho pública, tiene que primar el sentido común, el buen criterio, y me parece que funcionarios, jefes de gabinete del Frente Amplio que trabajan en el Parlamento, en el Gobierno, no es bueno que estén en la dirección de fundaciones, ya que, probablemente, varias de ellas han recibido recursos desde el Estado. Esto genera un conflicto de interés muy complejo”, señaló el jefe de bancada de diputados de la DC, Eric Aedo.

“Cuando tú eres un asesor de un parlamentario, un jefe de gabinete de un parlamentario, y además diriges una fundación y vas a pedir recursos al Estado, es muy difícil poder dar o sostener al exterior, ante la opinión pública, que no hay presión desde el Parlamento o desde algún parlamentario en específico para que te asignen esos recursos. Me parece que hay que guardar las formas”, agregó a El Mostrador el diputado democratacristiano.

En tanto, el senador por Magallanes Karim Bianchi (IND) sostuvo que, a raíz de estos casos, se hace necesario “revisar el rol de las fundaciones, porque muchas veces son finalmente cajas pagadoras de los partidos políticos, y acá hablo de izquierda y también de la derecha. Tenemos que abocarnos también a la tarea legislativa de ver que estos traspasos se hacen justamente con el objetivo de evadir el control”, precisó.

“Por ejemplo, la Fundación Jaime Guzmán, que es financiada hoy día por parlamentarios por informes, los cuales nadie revisa si, objetivamente, son informes que pueden contribuir a la discusión legislativa, o un copy paste que podemos sacar de la biblioteca. Creo que esto se escapa de los partidos del Frente Amplio”, concluyó el senador Bianchi.