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El presidente del directorio del Servel, Andrés Tagle, proporcionó explicaciones sobre las investigaciones en curso relacionadas con los aportes de Democracia Viva a la campaña del Apruebo. Tagle dejó claro que la investigación se centra en los aportes de personas naturales transferidos entre organizaciones, y no en delitos, sino en faltas que son sancionadas con multas. Además, destacó que la disposición constitucional vigente no permite remitir los antecedentes a la justicia penal.
En el marco de las investigaciones sobre los aportes de Democracia Viva a la campaña del Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre, el Servicio Electoral (Servel) continúa indagando la arista relacionada con el desvío de fondos desde la corporación Aprueba por Chile hacia la fundación vinculada a Revolución Democrática (RD).
La investigación se inició a raíz de una carta enviada por el abogado Felipe Heusser, co-coordinador de Aprueba por Chile, al Consejo para la Transparencia. En la misiva, Heusser explicaba la asignación de las donaciones, indicando que se habían realizado de manera online, sin especificar a qué organización se destinaron estos fondos. Cabe destacar que el abogado también es militante de RD.
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Ante las preocupaciones surgidas y el llamado de los parlamentarios a emprender acciones penales, el presidente del directorio del Servel, Andrés Tagle, se pronunció al respecto. En una entrevista con El Mercurio, Tagle explicó por qué las entidades involucradas solo se exponen a una multa.
El Servel indaga los aportes de personas naturales informados dentro de plazo, como también los informados fuera de plazo.
El presidente del Servel señaló que la investigación se centra principalmente en los aportes de personas naturales que fueron recibidos a través de una organización de la sociedad civil y posteriormente traspasados a otra entidad. “La pregunta es para saber de verdad quién los recibió, porque no procede que esté una organización de la sociedad civil recibiendo aportes y después pasándola a otra, menos cuando está por superar el límite”, afirmó Tagle.
La clave para comprender el debate reside en la disposición cuadragésima segunda transitoria de la Constitución. Tagle explicó que, según esta disposición, la Ley de Gasto Electoral no es aplicable a los plebiscitos, sino solo a la elección de consejeros. Esta diferencia es crucial, ya que implica que cualquier irregularidad descubierta no será remitida a la justicia, ya que la mencionada disposición constitucional no establece ningún delito.
“Todas las infracciones que pueda haber se sancionan con multa”, aclaró Tagle. “Y las multas se aplican por un proceso administrativo-sancionatorio que hace el Servel y que el afectado en ese proceso puede hacer sus descargos, pero si la sanción no le parece, él tiene el derecho de reclamar ante el Tricel, a la justicia electoral; no corre la acción penal porque no se tipifican delitos, se tipifican faltas, que son penadas con multas”, añadió.
“Esta disposición cuadragésima segunda transitoria que regula esta materia no tiene ningún delito tipificado”, reiteró.
Finalmente, el titular del Servel respondió a los parlamentarios que abogan por emprender acciones penales en el caso de Democracia Viva en esta arista electoral. “Hay muchas personas confundiéndose que aplicaría la Ley de Gasto Electoral normal; incluso he visto unos oficios de parlamentarios que están un poco perdidos en esta materia”, advirtió Tagle, al tiempo que subrayó que “el legislador no consideró la pena de cárcel”.
El Servel continuará llevando a cabo el proceso administrativo-sancionatorio correspondiente, donde los afectados tendrán la oportunidad de presentar sus descargos y, si no están de acuerdo con la sanción impuesta, podrán apelar ante el Tricel, la instancia encargada de la justicia electoral en el país.
