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Grabación de la sesión del Consejo Regional de Arica y Parinacota, donde se aprobaron casi 2.600 millones de pesos para una fundación en la cual el jefe del proyecto es un militante DC (al igual que el gobernador regional), da cuenta de los cuestionamientos que formularon dos consejeros regional, que se negaron a aprobar las platas, apelando al alto monto y a la cercanía entre quien la dirige y la máxima autoridad regional.
Luego de una serie de denuncias en redes sociales, el Fiscal Regional de Arica y Parinacota, Mario Carrera, ordenó la apertura de una investigación de oficio debido a un millonario traspaso de fondo destinado a la Fundación para el desarrollo de las organizaciones, vinculada a la Democracia Cristiana (DC), partido al cual pertenece el Gobernador Regional, Jorge Díaz Ibarra. De acuerdo con el ente persecutor, “la indagatoria busca determinar si existieron eventuales irregularidades en la asignación de 2.500 millones de pesos”, agregando que el caso quedó a cargo del fiscal Carlos Eltit Ortega, de la Fiscalía de Alta Complejidad de Arica.
Los dineros, 2.598 millones de pesos en total, fueron asignados a dicha entidad en la sesión del Consejo Regional jueves 23 de febrero pasado, luego de que tres días antes el tema se aprobara en la División de Planificación y Desarrollo Regional (Diplader), en una reunión en la que estuvo presente el gobernador Díaz y en la cual se analizó el proyecto titulado “Transferencia de apoyo económico a personas en vulnerabilidad o pobreza“.
Este, de acuerdo con lo expuesto el 23 de febrero (sesión cuyo registro en video se puede ver aquí) consistía fundamentalmente en la “Formación de competencias emprendedoras, asociatividad e ideas de negocios a personas en condición de vulnerabilidad o pobreza” y consideraba crear competencias emprendedoras en 1.600 personas en situación de vulnerabilidad (1.300 en la Provincia de Arica y 300 en la de Parinacota), con énfasis en personas en situación de discapacidad, mujeres, jóvenes, migrantes con su residencia legalizadas, personas pertenecientes a pueblos originarios y de la tercera edad, a las cuales se capacitaría, y entregaría un capital de 1.1 millón de pesos per cápita, a fin de implementar su idea de negocios.
Sin embargo, la deliberación en el Consejo Regional no fue muy plácida, pues comenzó con la oposición de Gary Tapia (PC), quien aseveró que “hay un problema de transparencia, que no se malentienda lo que voy a decir: no tengo idea qué es esa corporación, ni me interesa averiguarlo, porque no soy apto para definir si esta es la corporación más idónea para el trabajo. En el Estado existen normas, reglas y procedimientos para establecer quiénes son los que son competentes para hacer un trabajo… (pero) en este caso yo me tengo que guiar por lo que una comisión, una división del gobierno, que por lo demás no tiene nada que ver con el área, porque la Diplader no es mi juicio la apta para determinar aquello…”
En función de ello, agregó que “yo voy a votar en contra, gobernador, lo siento mucho. Son 2.500 millones de pesos en un programa, lo que me parece que es una exageración”, afirmando también que “solo porque a usted se le ocurrió, eso no significa que este Consejo Regional tiene que estar de acuerdo. Lo siento”.
Por su parte, el Consejero Regional Iván Paredes (FRSV), coincidió, argumentando que “a mí también me hace ruido que sean 2.500 millones de pesos entregados a una institución privada, así como así” agregando que también le hacía “ruido” que el jefe del Proyecto fuera Marcelo Islas Chandía, de quien dijo que “yo lo conozco, fue dirigente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Tarapacá, militante de las juventudes Demócratacristianas, y tuvo algunos problemillas que no vienen al caso mencionar aquí, pero además él estuvo en el Fosis, entonces hay algunas cosas que a uno le generan cierto prurito, digamos”, agregando que “es mucha cercanía”, aludiendo al vínculo que este tendría con el gobernador, dada la militancia de ambos, la misma del consejero Claudio Acuña, que fue quien presentó el informe respectivo al CORE.
Al final, ambos se opusieron y otros tres consejeros se abstuvieron (Leonardo Bórquez, Lorena Ventura y Lucio Condori), pero el proyecto fue asignado, considerando tres transferencias: la primera, en 2023, por 1.299 millones; una segunda, en 2024, por mil pesos, y una tercera, en 2025, por otros 1.299 millones, dinero que estaba sujeto al desempeño del primer año (a lo cual obedece el hecho de que en 2024 solo se consideran los mil pesos). Por cierto, es necesario indicar que, al menos tributariamente, la fundación solo existe desde octubre de 2020.
Ante ello, el CORE emitió una declaración pública en la cual “desestiman enfáticamente cualquier tipo de irregularidad” y aseveran que todo está en norma, dentro de lo que permite el sistema de transferencias a entidades sin fines de lucro”.
