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El ministro de Justicia, Luis Cordero, dijo que la situación del jefe de asesores de La Moneda, Miguel Crispi (RD), se encuentra “trabada” como una disputa jurídica ante Contraloría, y reiteró que no se debe a que la Presidencia de la República no esté sujeta a rendición de cuentas, sino que es necesario aclarar cuál es el sistema de rendición correcto para circunstancias como esta.
El jefe del Segundo Piso de La Moneda, Miguel Crispi (RD) estaba citado a comparecer en la comisión investigadora del denominado Caso Convenios que se desarrolló este lunes, a partir de las 11:00 de la mañana en la Cámara de Diputadas y Diputados, pero se ausentó por tercera vez. Debido a esto, los integrantes de la comisión parlamentaria le pidieron al contralor Jorge Bermúdez que se pronunciara. Y su observación fue un revés para La Moneda. Crispi tendrá que explicar “por qué razón estaría exceptuado de este control”.
El ministro de Justicia, Luis Cordero, abordó la situación en un punto de prensa desde Palacio, luego que además los diputados de la bancada de la UDI que integran la comisión investigadora que indaga las responsabilidades políticas en el caso de las transferencias públicas, Juan Manuel Fuenzalida y Juan Antonio Coloma, anunciaron un “ultimátum” de 24 horas para que Crispi confirme que asistirá a dicha instancia, tras el rayado de cancha del contralor.
“En opinión del Ejecutivo, existen suficientes argumentos para sostener, porque así lo ha deliberado el propio Congreso en estas materias, por ejemplo con la Ley del Lobby, que la Presidencia de la República tiene un estatuto jurídico distinto“, señaló el ministro Cordero. Además, explicó que el contralor ha anunciado que se le van a requerir ciertos informes a Miguel Crispi y él deberá responder. Pero, adicionalmente, “es necesario tener presente que lo que se dictamine en este caso, no sólo tendrá un efecto para el actual régimen de la asesoría presidencial, sino que para cualquier presidencia que se suscite en el futuro”, añadió el secretario de Estado.
El titular del Ministerio de Justicia expresó que el contralor Bermúdez “correctamente ha señalado que todos quienes reciben fondos públicos, en cualquiera de sus naturalezas, están sujetos rendición de cuentas y en eso el Gobierno está completamente de acuerdo”. Cordero afirmó que eso aplica a instituciones distintas y autónomas como la propia Contraloría General de la República. Sin embargo, agregó, “la discusión de este caso en particular tiene que ver con cuál es el sistema de rendición de cuentas específico y adecuado“.
Por tanto, “no es que la Presidencia de la República no esté sujeta a rendición de cuentas, es cuál es el sistema de rendición de cuentas correcto y adecuado para circunstancias como esta”, remarcó el ministro Cordero a la prensa desde La Moneda.
Dicho eso, el ministro exhortó a “todos quienes han intervenido, a mirar las consecuencias que tiene para el sistema institucional lo que se está tergiversando en torno al régimen jurídico a la que está sometida la Presidencia de la República”.
Luis Cordero, abogado de profesión y quien ha recibido el titulo de “bombero” ante los “incendios” que han afectado al Gobierno, reiteró que “esto es un asunto que no tiene que ver con Miguel Crispi, es un asunto que tiene que ver con el estatuto de la Presidencia de la República”.
“El señor Miguel Crispi está sometido al régimen de control más estricto que puede tener cualquier ciudadano en este país, que es la investigación penal. En ese contexto es donde se está realizando la investigación”, sentenció el ministro de Justicia. En este sentido, comentó que “si la presidencia y quienes prestan servicio en ellas, por las naturalezas en los servicios que prestan, estamos obligados a comparecer una comisión investigadora y entregar información de los asuntos en los cuales tienen conocimientos en el desarrollo de su función“.
El secretario de Estado fue enfático en decir que más allá de la situación de Miguel Crispi, si se fijara un estatuto equivalente en el caso de la presidencia, en el resto de las instituciones públicas, entonces “todos los jefes de gabinetes y jefes de asesores del segundo piso de administraciones pasadas y futuras debieran comparecer a las Comisiones Investigadoras con efectos que eso provoca”.
En cuanto a lo que sostuvo el contralor Bermúdez sobre que no hay jurisprudencia en dicha materia y los argumentos que ha aducido el Gobierno para decir que Crispi no debe concurrir de la forma en que se cita a la comisión, el ministro Cordero expuso que “no son discrecionales, es la opinión que tiene el Ejecutivo sobre el marco regulatorio que está vinculado a los asesores de la Presidencia de la República”.
Finalmente Cordero sintetizó que “dada la forma en que se ha trabado esta discusión, hoy la decisión final quedó en manos de la dictaminación de la Contraloría, en la obligación a nueva comparecencia y en caso de la obligación de comparecer, a qué está obligado a declarar”.
Frente al “ultimatum” de los diputados gremialista, “invitaría a la UDI a mirar en retrospectiva el efecto que la posición que ellos tendrían sobre el gabinete del Presidente Piñera. O en cualquier situación que hubiera ocurrido en el pasado, sólo para hablar del pasado. El Ejecutivo entiende que esto ha quedado trabado como una disputa jurídica. El hecho de haber trabado esta disputa jurídica ante el contralor y dada las declaraciones del contralor son las razones por las cuales yo he explicado detenidamente las razones jurídicas que explican la posición del Ejecutivo y el Ejecutivo se va a someter a lo que en definitiva defina el contralor”, respondió el ministro Cordero.
De todas formas, el jefe de Morandé 107 puso el foco en cuáles son los asuntos que un asesor presidencial tiene obligación o no de declarar, dado el tipo de información que maneja la Presidencia de la República.
Consultado por el posible llamado a declarar a Miguel Crispi como exsubsecretario de Desarrollo Regional y no como actual asesor de Presidencia, el ministro Cordero manifestó: “El Ejecutivo considera que esta citación es la correcta y sobre esas actividades le corresponde declarar, porque desempeñó un cargo público asociado a una posición de jefe de servicio”.
