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Créditos: Agencia Uno.
El control policial que terminó con una carabinera herida por una granada abrió nuevamente el problema de seguridad en La Moneda. Son 38 proyectos de ley de seguridad aprobados durante este Gobierno, pero la situación amerita evaluar expulsiones, robustecer controles y coordinar policías.
Varios secuestros en pocas horas, homicidios y el ataque contra una carabinera (en la comuna de Pedro Aguirre Cerda) con una granada, algo inédito en Chile, son solo algunos de los hechos que nuevamente llevaron al tope de la agenda política el tema de la seguridad ciudadana, generando una fuerte fricción entre el Gobierno y la oposición.
Ante ello, según explicó el ministro (s) del Interior, Manuel Monsalve, el Presidente les instruyó a él y la vicepresidenta, Carolina Tohá, sostener reuniones con ambas policías, para que al regreso de su gira internacional en Estados Unidos se le haga entrega de “un plan concreto que permita fortalecer las capacidades de control territorial en nuestro país”.
El Presidente Gabriel Boric tenía planificado llegar a las 17:50 horas de hoy. Sin embargo, adelantó la hora de arribo para las 14:50. Una vez que aterrice, se le presentarán planes de acción elaborados por Carabineros y la PDI, con propuestas para el fortalecimiento del control territorial.
“No quiero entregar detalles, pero estamos trabajando con Carabineros de Chile, eso implica tener controles con mucha más capacidad en materia de equipamiento, puntos de control con mucha más capacidad en términos del recurso humano policial dispuesto en esos puntos de control y también desde el punto de vista de las capacidades de reacción que las policías tienen”, explicó Monsalve.
En el marco de su gira a la APEC, el Mandatario se refirió al tema. Si bien afirmó que “estoy abocado con toda la energía, no solamente yo, sino que todo nuestro Gobierno, en combatir de frente a la delincuencia”, puntualizó que es importante “poner las cosas en perspectiva”, aludiendo a una encuesta según la cual más del 50% de los chilenos decía que Chile era el país más peligroso de América Latina. Afirmó que “eso no es así y pueden revisar los datos en cualquier parte y se van a dar cuenta de que, pese a las dificultades reales que estamos enfrentando, la delincuencia como fenómeno transnacional está golpeando con mucha fuerza en todo el mundo”.
El Jefe de Estado reconoció que la criminalidad y la violencia han aumentado, sin embargo, destacó la labor de las policías, puesto que “parte importante de los delitos que hemos conocido en el último tiempo han sido resueltos rápidamente”. Sobre eso, apuntó a que “hay un trabajo coordinado también en conjunto con la Fiscalía y el Ministerio del Interior, que demuestra que tenemos instituciones sólidas”.
Además, anunció que la vicepresidenta Tohá se reunirá con exministros y exsubsecretarios del Interior para que “le presenten una mejora y un fortalecimiento en el mecanismo de expulsiones a migrantes que hayan cometido delitos y estén de manera irregular en nuestro país”. El Presidente agregó: “A los delincuentes los vamos a perseguir, los vamos a encontrar y los vamos a encarcelar. Y si es necesario, los vamos a echar”.
Desde la oposición surgieron varios frentes en torno al tema, sobre todo luego del ataque a la carabinera, y presionaron al Gobierno en diferentes formas, pero todas apuntaron a una persona: la ministra del Interior y hoy vicepresidenta, Carolina Tohá.
De hecho, el diputado republicano José Carlos Meza le solicitó al Primer Mandatario que reestructure “todos los liderazgos dentro del Ministerio del Interior, partiendo por la ministra Carolina Tohá, que claramente no ha dado el ancho y, por lo tanto, le pedimos la renuncia”.
El diputado del mismo partido, Cristián Araya, fue más allá. En el Congreso, en el marco de la tramitación de la Ley de Presupuestos, afirmó que su bancada “va a votar de ahora en adelante en contra de todas y cada una de las partidas de este Presupuesto Nacional hasta que no tengamos una respuesta contundente de parte del Ejecutivo”.
La cláusula que exigen para revertir la situación es que “se le ponga suma urgencia al proyecto que tipifica como delito el ingreso ilegal a Chile, de lo contrario, dejarle muy claro que no contarán con ningún voto republicano para aprobar su Presupuesto”, dijo.
Desde Renovación Nacional, en cambio, establecieron otra condición. El jefe de bancada de diputados RN, Frank Sauerbaum, anunció que le exigirán a la ministra Tohá “la expulsión inmediata de las 12 mil personas que hoy día tienen en carpeta –inmigrantes ilegales que en muchos casos han cometido ya delito– de aquí a fin de año”. En caso de no lograrlo, advierten que la ministra “se va a exponer a una acusación constitucional que nosotros vamos a presentar y que vamos a defender con mucha convicción, dado que ha sido absolutamente ineficiente el trabajo que ha hecho en materia de seguridad pública”.
El ministro Secretario General de la Presidencia, Álvaro Elizalde, aseveró que, si bien eso responde a una atribución constitucional, “cuando se hacen solicitudes de esta naturaleza hay que hacerlo con un mínimo de rigurosidad”. Lo que se le pide a la ministra Tohá, aseguró, “es que en un mes y medio se proceda a un número de expulsiones que es casi diez veces lo que el Presidente Piñera hizo en cuatro años”. Según los datos que entregó el ministro, en los cuatro años de administración del ex Presidente Sebastián Piñera, se expulsó a poco más de mil 300 migrantes.
Monsalve advirtió que “el camino es el trabajo coordinado entre las policías y otras instituciones que juegan un rol muy importante en materia de seguridad”. Ahora, sobre el tema de las expulsiones, indicó que existe una complejidad en la materia, heredada justamente de la administración anterior: “Perdimos una capacidad muy importante, que era la relación con Venezuela para expulsar. Hasta el Gobierno anterior se podía, por ejemplo, usar aviones de la Fuerza Aérea para la expulsión. Eso hoy día ya no es posible, por una decisión del Gobierno venezolano, a partir de la relación que se construyó en el Gobierno anterior”.
Es por eso que hoy por hoy solo es posible hacer expulsiones a través de vuelos comerciales, pero “eso tiene una limitación, porque cada vuelo comercial solo permite subir a dos personas expulsadas en el caso de Venezuela”, explicó Monsalve, aunque informó que “acabamos de llegar a un acuerdo con una aerolínea venezolana con el objeto de poder contratarla para tener capacidad de expulsión”.
Sin embargo, el tema no tiene una solución simple, pues existen aerolíneas que, por ejemplo, tienen capacidad de 120 personas, “pero de las cuales hay que subir 60 expulsados y 60 funcionarios de la PDI”, que tienen que vigilar a quienes salen del territorio nacional en dicha condición, indicó el ministro subrogante.
Pese a ello, Monsalve sí aseguró que se está trabajando en tramitar expulsiones: “Cuando asumimos, había 22 mil resoluciones de expulsión que no habían sido ejecutadas, 22 mil del año 2013 al año 2022. Después de la depuración, tenemos 12 mil y nosotros estamos trabajando para ejecutar esas expulsiones”, sostuvo. Pero llevar adelante aquello, puntualizó el ministro del Interior subrogante, “requiere recursos que están puestos en el Presupuesto de la Nación, que se está discutiendo en el Congreso y por eso es tan importante aprobarlos”.
La UDI, por otro lado, no se ha sumado a las amenazas de acusaciones constitucionales, sino que envió un documento en que proponen 12 medidas para paliar la crisis de seguridad y migratoria. Entre ellas están: expulsión masiva y exprés de extranjeros vinculados a delitos graves, abocarse exclusivamente a la tramitación de proyectos de seguridad, avanzar en una reforma que crea un nuevo Estado de Excepción de Riesgo, etc.
Si bien no han vertido amenazas de destitución, en un punto exponen que se evalúe la permanencia de autoridades políticas a cargo de la seguridad, como la ministra Tohá y el subsecretario de Prevención del Delito, Eduardo Vergara.
Desde el oficialismo, en cambio, no apuntaron a las expulsiones, sino a un Estado de Excepción a nivel nacional. Raúl Soto (PPD) lideró a los parlamentarios Jaime Araya (IND-PPD), Cristián Tapia (IND-PPD), Héctor Ulloa (IND- PPD), Carlos Bianchi (IND) y Felipe Camaño (IND-DC) en esta iniciativa.
“Si bien el Gobierno está haciendo el máximo de sus esfuerzos con todas las capacidades del Estado, y lo valoramos, todo lo que se está haciendo es insuficiente porque el Estado de Chile, más allá del Gobierno de turno, estaba años atrasado, y estamos hoy día enfrentando un crimen organizado muy sofisticado, con mucho poder de fuego y con mucho poder económico”, sentenció el diputado Soto.
Por su parte, Eric Aedo (DC), quien lideró la comisión investigadora de seguridad ciudadana para la zona del conflicto mapuche, indicó que “me parece absolutamente poco serio que la derecha plantee que el Ministerio del Interior o la ministra dependan de sus cargos y de aquí al 31 de diciembre expulsar a 12 mil extranjeros fuera del país”. Asimismo, puntualizó que “no se resuelve el combate al crimen organizado, a la violencia que lamentablemente se está tomando las poblaciones y las calles de Chile, hablándole a la galería, sino que tomando medidas sensatas e inteligentes”.
