PAÍS
Denuncian serias deficiencias en la propuesta de nueva Constitución que lleva la marca del Partido Republicano, argumentando un retroceso con respecto a la Carta Magna vigente y llamando a votar en contra en el próximo plebiscito.
Un grupo compuesto por 317 abogados y abogadas ha expresado su firme oposición a la propuesta constitucional que se presentará al plebiscito el próximo 17 de diciembre. En una declaración conjunta, denuncian una serie de problemas técnicos profundos y un retroceso significativo con respecto a la Constitución actual.
Entre los firmantes de esta declaración se encuentran destacados nombres como las exministras de la Secretaría General de la Presidencia Ana Lya Uriarte y Paulina Veloso, exconvencionales como Bárbara Sepúlveda y Bessy Gallardo, así como Salvador Millaleo, excoordinador de Asuntos Indígenas durante el gobierno del Presidente Gabriel Boric.
El escrito destaca el trabajo inicial de la Comisión Experta por su enfoque equilibrado e integrador de las diversas visiones de la sociedad. No obstante, critica severamente la fase posterior en el Consejo Constitucional, donde, según los abogados, la propuesta resultante socavó los avances alcanzados, evidenciando un cambio radical en su contenido.
Una de las principales objeciones presentadas apunta al reconocimiento nominal en el texto de un Estado Social y Democrático de Derecho que, según los abogados, no se traduce en medidas concretas para su efectiva implementación.
Los firmantes expresaron su preocupación por la preeminencia de un modelo subsidiario y neoliberal en detrimento de los derechos sociales, señalando que en lugar de consagrar derechos fundamentales, se cristalizan políticas públicas.
En el ámbito educativo, advirtieron la constitucionalización del voucher y la reducción de los contenidos mínimos exigibles por el Estado en un 50% de las horas lectivas. Respecto a la salud, señalaron la constitucionalización de las isapres, dificultando la equidad y solidaridad entre los subsectores público y privado, desafiando las recomendaciones de expertos.
En cuanto a la seguridad social, los abogados indicaron la inclusión de disposiciones que obstaculizan la solidaridad y la creación de un pilar sólido en este ámbito, al tiempo que introducen normas transitorias contradictorias.
La crítica se amplía hacia la visión conservadora del derecho administrativo incorporada en el texto, la cual, según ellos, perjudica la administración estatal y favorece a grandes empresas en lugar de establecer un estado regulador moderno.
Además, lamentaron la falta de consenso sobre la necesidad de un sistema político con partidos empoderados, señalando que el texto propuesto no refleja adecuadamente este aspecto, desvirtuando elementos esenciales para su efectiva implementación.
Finalmente, los abogados hicieron un llamado a votar en contra de esta propuesta constitucional, argumentando que es partidista, maximalista e identitaria, diseñada para consolidar el poder de un sector sobre otro, en lugar de construir un marco común inclusivo para toda la sociedad.
