PAÍS
Francisco Paredes/AgenciaUno
Recientemente, una exasistente de fiscal fue condenada a 12 años y medio por cohecho y obstrucción a la investigación, mientras que un exfiscal jefe será formalizado en Punta Arenas, lo que causa preocupación al interior de la institución.
En medio de un año que ha estado marcado por la eclosión del crimen organizado y la corrupción, dos hechos sacudieron al Ministerio Público recientemente, pues una exasistente de fiscal fue condenada a 12 años y medio de prisión por 10 delitos, mientras que un fiscal jefe será formalizado, luego de que la corte de apelaciones de Punta Arenas diera curso a una querella de capítulos en su contra, acusado de -entre otras cosas- haber advertido a narcotraficantes acerca de la presencia de detectives que los investigaban.
Poco antes, en la cresta de la ola del caso “Convenios”, un fiscal de Puerto Montt terminó indagado en lo penal y lo administrativo, debido a que en el teléfono de una persona investigada se encontraron mensajes de parte del ahora expersecutor Marcelo Sambucetti.
Al respecto, el fiscal nacional, Angel Valencia, señaló al acudir a dicha ciudad, a la cuenta pública de la fiscal regional Carmen Wittwer, que aunque Sambucetti renunció al Ministerio Público “quisiera hacer presente a la comunidad de que, en ese caso, hubo una investigación administrativa, pero hay investigaciones penales también de forma paralela y las investigaciones penales tienen órdenes pendientes, diligencias pendientes y esas van a seguir su curso, cualquiera sea la sanción final que se adopte en ese caso”.
El tema preocupa al interior de la fiscalía, una institución que este año recién cumplirá 23 años de funcionamiento, sobre todo a la vista de la estrecha relación entre crimen organizado y corrupción, un binomio que inconcebible por separado, y ante ello el director de la unidad anticorrupción de la fiscalía nacional, Eugenio Campos, aseveró a El Mostrador que se están adoptando una serie de medidas a fin de hacer frente a situaciones como esta, la principal de las cuales es la futura creación de un oficial de cumplimiento, que estará a cargo de la supervigilancia interna.
Campos relata que cuando asumió Angel Valencia como fiscal nacional (hace un año ya), una de sus preocupaciones fue la probidad interna y prueba de ello, argumenta, fue la reestructuración de la unidad anticorrupción, a la cual se le agregaron dos aspectos, pues a su función original, que era la asesoría jurídica en los casos de corrupción que investigan en todo el país, se le agregó todo lo que tiene que ver con lavado de activos y también lo relacionado con probidad interna.
En dicho contexto, indica, trabajaron durante todo el año pasado en la creación de un compliance interno; es decir, en un programa de cumplimiento, como se usa en muchas instituciones o empresas a nivel mundial y nacional. Campos explica que la idea es que dicho proyecto se materialice este año y así, “nosotros deberíamos ser, me atrevo a decir, el primer ministerio público en Latinoamérica, al menos, si no uno de los pocos a nivel mundial, que tenga compliance interno”.
Como se explica más adelante, en el caso de la exasistente de fiscal que fue condenada en Linares, se determinó que ella alteraba una serie de decisiones en el sistema informático de la fiscalía, por lo cual cobraba dinero a través de su esposo, que ejercía como abogado particular.
Precisamente ese tipo de conductas es la que Campos indica que se individualizaron en un mapa que riesgos que confeccionó la unidad anticorrupción que encabeza, como aquellas que pueden convertirse en ventanas de ingreso para la corrupción. Al respecto, señala que la idea de levantar ese mapa surgió del hecho que los fiscales y funcionarios realizan tareas que son riesgosas y “frente a eso hay que generar controles preventivos serios, mecanismos también para potenciar la denuncia interna, eventualmente”.
Lo anterior implicó levantar indicadores en todo el país, entendiendo que sin perjuicio de que puede haber riesgos transversales en toda la institución, estos también dependen de las zonas geográficas, dado que “hay diversas complejidades, por ejemplo, el tema del tráfico de droga o el tema del crimen organizado en algunas regiones puede ser más potente que en otras”, detalla.
Explica que los indicadores de riesgo van desde los primeros procedimientos e instrucciones que dicta un fiscal ante un sitio del suceso, o las instrucciones que entrega a la policía frente a un delito flagrante, hasta cuestiones mucho más de fondo, como “recalificar cuestiones jurídicas en las cuales efectivamente nunca se debió recalificar. Por ejemplo, un robo con violencia o un robo en un lugar habitado, que termine como hurto con violación de morada”, lo que significa una pena sideralmente más baja.
Otro punto donde el o la próxima oficial de cumplimiento pondrá especial atención será el que quizá sea uno de los aspectos más polémicos del sistema procesal penal, el de las salidas alternativas, así como la digitación de los partes policiales, lo que actualmente se busca evitar con el sistema de carpeta digital, que es compartida con ambas policías.
Campos indica que durante el primer semestre de este año se llamará a concurso para la designación del primer oficial de cumplimiento de la institución, que tendrá un cargo directivo y que, dentro del proyecto que elaboraron, será alguien que solo rendirá cuentas al fiscal nacional y a la directora ejecutiva de la fiscalía nacional. Ante ello, puntualiza que “el perfil que nosotros establecimos es súper exigente” y que una de las principales fuentes de inspiración para la creación de la figura fue el modelo de compliance del Banco Central, donde cuentan con un oficial de cumplimiento desde 2022.
Aunque no va a efectuar investigaciones administrativas, el oficial de cumplimiento sí va a poder recibir denuncias.
La condena conocida la semana pasada en Linares impactó dentro de la fiscalía a nivel nacional, dada la severidad de la pena dictada en contra de la exasistente de fiscal de esa ciudad, Claudia del Pino Acuña, quien fue acusada de una serie de delitos cometidos en conjunto con su esposo, el abogado particular Ricardo Vega Guerrero.
De acuerdo con la indagación de los fiscales Patricio Caroca y Francisco Avila, entre 2019 y 2020 Pino fue asistente de la unidad de causas de mediana complejidad de la fiscalía de Linares, en la cual “ejecutó diversas acciones destinadas a obstaculizar el esclarecimiento de los hechos investigados en varias causas y, asimismo, en concierto con su cónyuge, don Ricardo Vega Guerrero, solicitó beneficios económicos a varios imputados, a cambio de dar de baja o terminar causas”, según señala el fallo.
Fundamentalmente, se trataba de personas imputadas por accidentes de tránsito o conducción en estado de ebriedad o bajo la influencia del alcohol, que pagaban a Vega y este hablaba con su esposa, a fin de que ella modificara o terminara dichas causas en el sistema informático del Ministerio Público, a cambio de un pago que oscilaba entre 300 y 600 mil pesos.
En los alegatos de apertura, como consta en la sentencia, los fiscales dijeron que los actos de corrupción afectaban “el prestigio de la Fiscalía de Linares” y que “todos escuchamos varias veces cómo ya se escuchaba entre el año 2019 y 2020, hasta en carreras de perros, que en la fiscalía de Linares se podían hacer movidas, lo que sencillamente es inaceptable”.
El tribunal de juicio oral en lo penal de Linares consideró a la exasistente como culpable de siete delitos de cohecho y tres de obstrucción a la investigación, por lo cual se la condenó a una pena única de 12 años y medio de prisión, además del pago de una multa de 5.8 millones de pesos. Su marido, en tanto, fue condenado a seis años de prisión efectiva y al pago de una multa del mismo monto, como autor de siete delitos de cohecho.
En el extremo sur de Chile, en tanto, se desarrolló una trama semejante, con la diferencia de que esta vez el protagonista fue un fiscal jefe, Cristian Muñoz Pérez, quien según la querella de capítulos presentada ante la Corte de Apelaciones de Magallanes por el fiscal regional de Aysén, Carlos Palma, estuvo involucrado en dos hechos punibles.
El primero, según la acusación en su contra, es que utilizó su condición de autoridad del Ministerio Público para efectuar gestiones a favor de un tercero (Carlos Fuentes Ramos), a fin de que a este se le pagaran dineros que se le adeudaba por un pagaré y por una retroexcavadora, así como intervenir ante un notario, a cambio de lo cual recibió un automóvil Suzuki Swift, dado que el honorario que habían pactado no pudo ser pagado por Fuentes.
De acuerdo con el libelo presentado por Palma, los hechos se desencadenaron en 2022 cuando Fuentes le pidió a su abogado, Francisco Javier Nettig, que iniciara una causa civil para que se le pagaran 20 millones de pesos que le eran adeudados. Tras ello, Nettig le presentó al fiscal, quien dijo que podía cobrar el pagaré, para lo cual se comprometió a enviar a la PDI a citar al deudor, pidiendo a Fuentes que hiciera una denuncia penal al respecto.
Fuentes también le preguntó si lo podía ayudar con otras cosas, entre ellos el robo de una retroexcavadora que había sido inscrita con un poder notarial falso. Ante ello, Fuentes dijo que “él, como fiscal, personalmente iba a llamar al horario para presionarlo” para que se hiciera cargo del pago de la máquina. Por lo del pagaré y lo de la retroexcavadora Nettig y Fuentes (según este último) acordaron un pago de seis millones de pesos, quedando pendiente un tercer asunto, el robo de un camión de Fuentes, que este asegura que el fiscal quedó de revisar en el sistema informático.
Sin embargo, Fuentes terminó denunciando a Muñoz y pidiendo la devolución del auto, pues asegura que las diligencias que le dijeron que el fiscal haría nunca se cumplieron.
El segundo caso por el cual el exfiscal jefe fue denunciado tiene que ver con una investigación por tráfico de drogas, en la cual se indagaba a dos sujetos: Carlos Avila Ascencio y Francisco Serón Aguilar. El primero fue detenido con cerca de 10 kilos de marihuana y en el teléfono del segundo, en diciembre de 2022, fue encontrado un mensaje vía whatsapp en el cual Muñoz le decía “vale, pero mañana la tengo difícil porque hasta el jueves tengo los antinarcóticos de puq acá”. Según expone Palma, Muñoz era amigo de Avila, asegurando que este se jactaba “que varias personas que se han investigado están libres gracias a él”.
Aseguró que lo vio “tomando un juicio por computador y borracho” y que “mi pareja me comentó que mi socio le había reenviado una imagen con el aviso que Cristian le dio sobre la concurrencia de PDI”. No era lo único. Tras las detenciones se descubrió que Muñoz vivía en una casa que le arrendaba uno de los narcos (al cual le debía tres meses de arriendo).
La versión que la defensora de Muñoz, Marisa Navarrete, expuso ante la corte, es diametralmente opuesta, en ambas situaciones. Según dijo, el auto fue comprado por el fiscal a Fuentes, agregando que lo de intervenir en algunas causas era “una promesa”, mientras que en lo relativo a la droga, asegura que la Brigada Antinarcóticos de Punta Arenas (“Puq”, como se la menciona en el whatsapp, debido a la sigla del aeropuerto de la ciudad) no tenía diligencia alguna en Puerto Natales en la fecha en que se envió y que el destinatario del mensaje no era blanco de la investigación inicialmente.
Sin embargo, Palma explicó que “la ilustrísima Corte de Punta Arena resolvió acoger la querella de capítulos presentadas en contra del exfiscal jefe de Puerto Natales, señor Cristian Muñoz, y eso significa, desde el punto de vista procesal, el poder avanzar en la persecución penal en contra de éste. Se trata de dos capítulos que están autorizados en cuanto a un delito de cohecho y a un delito de violación de secreto de la Ley 20.000, y donde le corresponde a él, a juicio del Ministerio Público, participación en calidad de autor”, por lo cual “la fiscalía ha solicitado al juzgado de garantía de Punta Arenas que se fije audiencia de formalización en contra del imputado, y estamos a la espera de la resolución en cuanto al día y hora”.
