Dirección de Estudios Corte Suprema
Después que la Corte de Apelaciones de Puerto Montt confirmara la sentencia de cuatro años que le fuera impuesta a Cecilia Urbina Pinto, por revelación de secretos, la magistrada recurrió de queja ante la Corte Suprema, buscando de ese modo que el máximo tribunal del país dejara sin efecto la pena que le fue impuesta. Sin embargo, sus esperanzas se diluyeron ayer, cuando se declaró inadmisible su recurso.
Sin nada más que hacer, salvo cumplir con la pena a la cual fue sentenciada, quedó finalmente la jueza de Garantía de Coyhaique, Cecilia Urbina Pinto, que fue condenada a cuatro años de presidio (con libertad vigilada), luego de que se comprobara que había accedido al sistema informático del Poder Judicial, comprobando que el hijo de su pareja estaba siendo investigado por narcotráfico, situación les dio a conocer.
A juicio de la Fiscalía, debido a que ella también informó que el celular del narco Jorge Cáceres Vásquez (más conocido como “El Matanga”) estaba siendo intervenido, este se deshizo del aparato, perdiéndose de ese modo valiosa información. Pese a ello, el sujeto acabó siendo condenado a 10 años, mientras que su padre (Jorge Cáceres Osses) también terminó con una sentencia en su contra, por el mismo delito de revelación de secretos, por lo cual le dieron tres años.
Además de la causa penal, la jueza fue objeto de dos sumarios internos, en uno de los cuales fue sancionada con una suspensión de funciones por tres meses y goce de medio sueldo, acusada de pedir información sobre la causa a distintos funcionarios del tribunal, y luego fue objeto de otra indagatoria.
Finalmente, y luego de hacer todo lo posible por inhabilitar a los jueces de la Corte de Aysén, a fin de trasladar la causa a la de Puerto Montt –en la cual fue absuelta de la segunda investigación interna–, el mismo tribunal de alzada falló en su contra, confirmando la condena y derribando la idea que tenía su pareja, como se evidenciaba en una escucha telefónica en la que este decía a su hijo que había que mover las causas hasta la capital de Los Lagos, porque “si se van a Puerto Montt quedan todos libres, huevón, si allá no se hacen problema por nada, poh“.
Tras ello, tanto la jueza –que sigue teniendo calidad de tal– como Cáceres Osses recurrieron de queja ante la Corte Suprema, aseverando que los ministros puertomontinos habían incurrido en una “falta o abuso grave”, infringiendo –entre otras cosas– el principio de legalidad y omitiendo fundar su fallo, por lo cual solicitaba la redacción de una nueva sentencia.
Sin embargo, la Suprema declaró inadmisible el escrito presentado por su abogado, aseverando que “no procede recurso alguno”, por lo cual la sentencia quedó firme.
