A diferencia de la arista relacionada con la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), que hasta el momento cuenta con tres formalizados por cohecho, lavado de activos y soborno, la investigación relativa al lucro —y también liderada por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena—, aún se encuentra en etapa preliminar.
Siete eran las universidades que estaban en la mira del informe presentado por la Comisión Investigadora sobre el Funcionamiento de la Educación Superior de la Cámara Baja, que abrió la puerta a que el Ministerio Público tomara cartas en el asunto: la Uniacc, Las Américas, Andrés Bello, Santo Tomás, Viña del Mar, del Mar y del Desarrollo.
A diferencia de la arista relacionada con la Comisión Nacional de Acreditación (CNA), que hasta el momento cuenta con tres formalizados por cohecho, lavado de activos y soborno, la investigación relativa al lucro —y también liderada por los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena—, aún se encuentra en etapa preliminar. Pese a ello, la Fiscalía ha agregado nuevas casas de estudio para ser investigadas. Entre ellas, la Universidad Pedro de Valdivia, cuyo rector y dueño, Ángel Maulén, es uno de los imputados en las presuntas irregularidades en el proceso de acreditación a universidades.
Así lo explica el fiscal Gajardo, que asegura que “hay un par más de planteles que hemos incluido”. Entre las diligencias que han realizado, se incluyen diversas órdenes de investigar a la brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec), toma de declaraciones a directivos y rectores de varios planteles, así como la petición de los contratos y arriendos que tienen las universidades con empresas relacionadas.
Además, asegura el fiscal, “se ofició al Servicio de Impuestos Internos (SII) respecto a lo que denunciaba Patricio Basso sobre la situación en la Uniacc y la Universidad Santo Tomás”, aludiendo a la denuncia presentada al ministro de Educación, Harald Beyer, por parte del ex secretario ejecutivo de la CNA que apuntaba a la existencia de lucro en ambas casas de estudio.
En junio pasado y mientras Basso aún era secretario ejecutivo de la CNA, envió oficios reservados a Beyer detallando que la UST había prestado a tres empresas relacionadas $ 13.096 millones sin reajustes ni intereses, de los cuales poco más de 11 mil millones de pesos fueron prestados a la inmobiliaria Rádice.
En el caso de la Uniacc, la información entregada por Basso apuntaba al traspaso de $5.507 millones sin intereses ni plazo de vencimiento por parte de la Uniacc al Instituto Superior de Artes y Ciencias de la Comunicación Isaac), que sí tiene fines de lucro y que también pertenece al grupo Global, situación que aún está siendo revisada por la cartera liderada por Beyer.
No es el caso de la UST, ya que el Mineduc decidió sobreseer la investigación iniciada, “por no existir cargo alguno que formular, ni responsabilidad que perseguir contra la Universidad Santo Tomás en virtud de la norma legal que originó la denuncia”.
Para la Fiscalía estos antecedentes ameritan continuar con las indagaciones, “ya que es muy sospechoso, nadie presta dinero sin interés”, asegura Gajardo.
