Luego de un par de leyes de ajuste para funcionarios de distintos estamentos del Estado, aprobadas por el Congreso, los salarios de los jueces supremos aumentaron en total casi un 32%. Los entendidos lo explican como una compensación, porque no recibían aumentos desde 2016.
Uno de los episodios más llamativos de la tramitación de la última Ley de Presupuesto de la Nación fue el debate que se generó en diciembre pasado, cuando se propuso una nivelación de sueldos de los ministros integrantes del Tribunal Constitucional (TC) con los de los jueces de la Corte Suprema, que –como se dijo en su momento– habría implicado para los magistrados del TC un alza de cerca de tres millones de pesos brutos.
Luego de la polémica que se desató, finalmente el Congreso no aprobó el aumento para los miembros del Tribunal Constitucional, consolidándose –hasta que una nueva ley disponga lo contrario– un evidente desequilibrio de remuneraciones entre los jueces de dicho tribunal y de la Corte Suprema, ya que estos últimos quedaron ganando aproximadamente tres millones de pesos por encima de sus colegas del TC.
Este desbarajuste se produjo porque los salarios brutos de los ministros de la Suprema aumentaron en más de un 30% desde agosto a diciembre del año pasado, producto de una serie de montos asignados a los grados 1 y 2 del escalafón superior del Poder Judicial, considerados en la Ley de Ajuste de Remuneraciones 21.599, que se tramitó en forma casi unánime en ambas Cámaras, entre el 31 de julio y el 18 de agosto de este año. Y posteriormente, en menor medida, por la reciente Ley de Ajuste al sector público.
La Ley 21.599 contó con el respaldo de todos los sectores políticos, del Gobierno, de la ANEF y de la CUT, y ajustó los sueldos más altos de distintos organismos públicos (además del Poder Judicial), incluyéndose a los fiscalizadores de Contraloría, el Centro de Salud Referencial de Peñalolén Cordillera Oriente, el mismo tipo de centro, pero en Maipú, el personal del Parlamento y la biblioteca del Congreso, entre otros organismos, con el objetivo –según el informe financiero de la Dirección de Presupuestos– de nivelar los sueldos de los niveles más altos con los que les siguen jerárquicamente, dado que, como en los últimos años prácticamente no hubo incrementos en los niveles top de diversos organismos, se estaba igualando lo que ganaban jefes y subordinados.
En el caso del Poder Judicial, salvo un incremento de 2.5% que se aplicó en la Ley de Presupuesto de 2018, los ministros y fiscal de la Corte Suprema no recibían un aumento real de salarios desde 2016. Si se considera el IPC acumulado entre ese año y 2022 (33,2%) y se le resta lo otorgado en 2018, lo que se hizo fue ajustar dichos ingresos en razón de esa alza, pues la ley antes indicada estableció para los supremos un reajuste de 10.5% aplicable desde agosto de dicho año, a lo que se suma un aumento que comenzó a regir en diciembre, de 17% adicional, al que se agrega el reajuste del sector público, de 4.3%.
De este modo, mientras hasta julio de este año el sueldo de un integrante del máximo tribunal del país era de $9.834.774 en promedio (un poco más de lo que gana un ministro de Corte de Apelaciones, $8.911.436), en diciembre pasado dicha cifra llegó a los $12.888.811, en el caso de los supremos que imponen en el sistema de AFP, y a $13.500.145, para quienes lo hacen en el Instituto de Normalización Previsional (IPS).
En contraste, los ministros del Tribunal Constitucional que más ganan perciben un ingreso mensual de $9.418.361, según la página de Transparencia de la entidad.
De todos modos, estos sueldos siguen estando en el tope de los más altos que se pagan en el sistema estatal, pues son muy superiores al que percibe el Presidente de la República, que en noviembre pasado recibió $7.634.386. El Fiscal Nacional, por su parte, percibió $9.613.854 el mismo mes.
El último sueldo del excontralor general de la República, Jorge Bermúdez, fue de $9.621.720, en diciembre pasado, mientras que la titular de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein, tiene un salario de $14.160.482, aunque uno de los sueldos más altos del Estado chileno (dejando fuera las empresas estatales, como Codelco o ENAP) es el de la máxima autoridad del Banco Central, Rosanna Costa, que recibe un salario promedio mensual de $20 millones brutos.
