Opinión
Créditos: Agencia Uno.
Cualquiera que cruce el Estrecho apreciará que, mientras Chile pavimentó los 146 kilómetros que unen su ribera sur con la frontera argentina (para acceder a Río Grande y Ushuaia), Porvenir, Cameron y Cerro Sombrero continúan separados por caminos de ripio (casi intransitables durante el invierno). La principal de esas localidades no sobrepasa los 6 mil habitantes. En toda la Tierra del Fuego chilena existe un solo establecimiento secundario…
En tono tragicómico una amiga magallánica comenta cómo cierto servicio con oficina en Punta Arenas, preocupado por no recibir cierto material anunciado desde Santiago, telefónicamente consultó por la suerte de dicho envío. Desde Santiago la respuesta fue sorprendente: el material ya había sido despachado a Coyhaique. Solo faltaba que la gente de Punta Arenas pasara a retirarlo.
El hecho geográfico es que Coyhaique está a circa 1.280 kilómetros al norte –casi la distancia entre Santiago y Antofagasta– y, además, que ambas ciudades están separadas por decenas de fiordos y más de 400 kilómetros de Campo de Hielo Sur. No existe conexión terrestre entre las capitales de Aysén y Magallanes.
El detalle anterior ocurre no obstante que Punta Arenas se ha ganado un lugar en el mapa del mundo en el contexto del boom del ecoturismo. Situada a solo 340 kilómetros del famosísimo Parque Nacional de Torres del Paine, la capital magallánica es un poderoso imán para actores famosos, campeones de automovilismo y héroes del reggaetón y, también, para autoridades en comisión de servicio (especialmente a partir de los miércoles). La comparativamente modesta Puerto Natales se ha beneficiado de esta tendencia, pues, si ya es viernes y ya estamos aquí, las autoridades santiaguinas visitantes no se pueden permitir no inspeccionar cómo está funcionado Torres del Payne durante el fin de semana.
Mucho menos atractivos son los territorios al sur del estrecho de Magallanes, esto es, Tierra del Fuego, Navarino (con su cabecera Puerto Williams) y el resto de los espacios al sur del Canal Beagle.
En este último caso se trata de una enorme geografía de variada, delicada e indescriptible belleza que, hasta hoy, permanece ignorada por el Estado y sus elites.
Entre su boca oriental (Atlántica) y su boca occidental (Pacífico), el estrecho de Magallanes se extiende por 611 kilómetros, ergo, una distancia mayor a la que separa Santiago de Valdivia. La mayor parte de los chilenos desconoce este dato esencial.
Tampoco recuerdan que este pasaje conecta a los dos principales océanos de la Tierra, y que su importancia para la geopolítica y el comercio mundial, para la pesca de altura y para el turismo interoceánico, seguirá aumentando durante el siglo XXI.
El Estrecho es chileno simplemente porque, en las negociaciones para el Tratado de Límites de 1881, nuestro país renunció, unilateralmente, a cientos de miles de kilómetros de Patagonia Oriental y a parte de Tierra del Fuego. A cambio, Argentina reconoció que, en todo su extensión, el Estrecho es chileno (en 1558 Juan Ladrillero tomó formalmente posesión de la región del estrecho de Magallanes a nombre del Gobernador de Chile).
Durante la larga y peligrosa disputa territorial del XX con Argentina (luego que esta reinterpretara la norma del Tratado de 1881 que establece que todas las islas al sur del canal Beagle son –también– chilenas), nuestro país se mantuvo firme y sereno, incluso durante la crisis gatillada por la geopolítica de Buenos Aires, que a fines de diciembre de 1978 nos condujo al borde la guerra.
Durante esa época, sin embargo, la función civilizadora de ENAP (una empresa pública creada en 1950 por la Corfo) había transformado a Tierra del Fuego y al estrecho de Magallanes en áreas trascendentes para la economía nacional. Mientras la primera era una provincia petrolera, el segundo recibía las primeras plataformas off shore del emblemático proyecto costa afuera.
Entre 1976-1984 la crisis vecinal con Argentina trasladó el foco de nuestra atención al extremo austral, algo que –la evidencia indica– no sobrevivió la firma del Tratado de Paz y Amistad de 1984 (TPA). Desde entonces el interés y la acción del Estado se desvanecieron hasta alcanzar –parafraseando a Milan Kundera– una insoportable levedad.
Contrariamente, la conclusión de la geopolítica argentina sobre los acuerdos del TPA confirmó la relevancia de la región austral.
Si después del conflicto de 1982 con Gran Bretaña la trascendencia de esos espacios se vinculó al reclamo sobre los archipiélagos de las Falkland/Malvinas y Georgia del Sur, desde un concepto más amplio, el poblamiento del extremo sur es un elemento de la proyección de los intereses argentinos hacia la Antártica. Plus ultra la boca oriental del estrecho se extienden la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, cuya cabecera es la ciudad-puerto de Ushuaia, sobre la ribera norte del canal Beagle.
En 1980, en pleno conflicto con Chile, dicha Provincia ya contaba con 27.358 habitantes. Pasada solo una década, esa población aumentó a 69.227 personas, de las cuales 29.411 correspondían a Ushuaia. De la cifra total anotada, 9.622 eran ciudadanos chilenos, emigrados desde Chiloé, Punta Arenas y Porvenir en busca de mejores oportunidades.
Actualmente la Tierra del Fuego argentina tiene 180.685 habitantes, es decir, en espacio de cuatro décadas se multiplicó por 12. No menos del 18% de esa población es chileno o de origen chileno.
Desde la frontera con Chile (Paso San Sebastián) hasta el mismo límite más austral en el sector Lapataia-Yendegaia (canal Beagle), la panamericana argentina (Ruta 3) está pavimentada, y cuenta con todas las condiciones de una carretera del siglo XXI. No solo la industria electrónica, el comercio y el transporte argentinos florecen, sino que el turismo antártico ha convertido a Ushuaia (a expensas de Punta Arenas y Puerto Williams) en la principal puerta de entrada a la Antártica. En el lado chileno solo ripio, polvo, espacios deshabitados, además de una fundación norteamericana dueña de 300 mil hectáreas (Karukinka). Lo demás es música.
Los territorios chilenos al sur del Estrecho (38.172 km2) languidecen.
Si en 1982 los habitaban 9.815 personas, el censo de 2017 indicó que esa cifra había descendido a 8.364 habitantes. Si a ese número se agregan los chilenos de la Provincia Antártica con asiento en Puerto Williams (en lo principal una base naval sobre el canal Beagle), la población del extremo sudamericano chileno es de 10.365 habitantes, ergo, menos del 6% de la población argentina al sur del estrecho de Magallanes.
Cualquiera que cruce el Estrecho apreciará que, mientras Chile pavimentó los 146 kilómetros que unen su ribera sur con la frontera argentina (para acceder a Río Grande y Ushuaia), Porvenir, Cameron y Cerro Sombrero continúan separados por caminos de ripio (casi intransitables durante el invierno). La principal de esas localidades no sobrepasa los 6 mil habitantes. En toda la Tierra del Fuego chilena existe un solo establecimiento secundario…
A pesar de los anuales homenajes a los veteranos de la crisis de 1978, Chile aún no cuenta con un camino que conecte al estrecho de Magallanes con el canal Beagle. Pasados 44 años de esa crisis, aún no es posible acceder a la isla Navarino para, enseguida, visitar las disputadas islas Picton, Nueva y Lennox (esencialmente deshabitadas). Un camino de ripio entre Pampa Guanaco y Yendegaia podría estar terminado hacia 2026. Veremos.
Asimismo, y no obstante que en 1997 Chile y Argentina acordaron la apertura sobre el canal Beagle del Paso Almanza-Puerto Williams, temiendo la competencia de la población chilena sobre la primacía de Ushuaia, Argentina no cumplió lo pactado. Nuestra Cancillería sigue permitiendo que, a diferencia de lo que ocurre con el transporte argentino entre el estrecho de Magallanes y San Sebastián, los chilenos de Puerto Williams sean abastecidos desde Punta Arenas después de 36 horas de navegación por los canales fueguinos.
Es más, nuestra política exterior se allanó a abrir un Paso entre Ushuaia y Puerto Navarino, que sirve para que pasajeros arribados a Ushuaia desde Buenos Aires ingresen a territorio chileno, visiten nuestros atractivos del canal Murray, del cabo de Hornos y de las galerías de glaciares del canal Beagle occidental, para luego regresar a Argentina antes de volver a sus países de origen. Increíble.
Desde el punto de vista de los recursos invertidos durante el siglo pasado para mantener esos territorios dentro del mapa de Chile, la realidad de 2023 indica que se trató de esfuerzo fútil: firmado el TPA en el Vaticano, Chile consideró que el asunto estaba resuelto. Sobre todo a partir de 1990, las élites santiaguinas consideraron que esta cuestión (relevante para todo el país) es un problema del Ministerio de Defensa. No es así. Es una oportunidad de desarrollo desperdiciada.
La manera tecnocrática, abstracta y dogmática en que –con epicentro en el Ministerio de Hacienda– Chile ha sido por décadas gobernado, explica el abandono descrito. En su metodología ese abandono es equivalente a la planificación centralizada que justificó la importación de barredoras de nieve soviéticas para Cuba.
En nuestro caso –y mientras la propiedad de la tierra se divide entre el Estado y algunos pocos particulares– desde la perspectiva del formulario para el cálculo de la rentabilidad social (RS), ni las ricas praderas, ni los bosques subantárticos, ni los fiordos, ni la absurdamente bella cordillera Darwin (esperando acoger un centro invernal) califican para la atención del fisco.
Para la tecnocracia chilena, la realidad fueguina es equivalente a aquella del Gran Concepción o de Ñuñoa. Por lo mismo, si con el costo de un kilómetro de Metro de Santiago sería posible desarrollar la infraestructura para la puesta en valor de los miles de kilómetros cuadrados de los riquísimos territorios fueguinos, en la abstracción planificada de las élites centralistas esto no es siquiera un tema.
¿Cómo explicar en un formulario que el camino que debe unir al estrecho de Magallanes con el canal Beagle es esencial para resguardar la lógica del Decreto Antártico de 1940, que postula que Chile es una continuidad geográfica entre Visviri y el Polo Sur?
¿Cómo aprovechar un formulario para visualizar las enormes oportunidades que –en el contexto del cambio ambiental en el hemisferio norte– la cordillera Darwin ofrece en términos de inmejorables condiciones naturales para todo tipo de actividades de invierno? Y, si eso fuera posible, ¿cómo llenar un formulario con este argumento, si el territorio permanece esencialmente deshabitado?
La ausencia de concepto de nuestro extremo austral está ilustrada en la descuidada cartografía que –bajo la mirada impasible de Difrol (Cancillería)– utiliza Sernatur (Ministerio de Economía) para comunicar y difundir que la Patagonia se extiende hasta el cabo de Hornos.
En términos políticos, ello implica suponer que ni la Tierra del Fuego, ni las islas al sur del canal Beagle ni el cabo de Hornos poseen entidad geohistórica y entidad biogeográfica propias. Importa –con recursos fiscales– difundir una aberración epistemológica, política y jurídica, que hasta ahora no tiene sanción.
¿Sabrán los cartógrafos de Sernatur que uno de los logros de la victoria pírrica del proceso de la mediación papal consistió en que Argentina aceptara –al menos temporalmente– que el área objeto de delimitación de dicho Tratado corresponde a un espacio denominado Mar de la Zona Austral? Esto es que, como lo estableció el Laudo Arbitral de 1977, la Patagonia (el país de los Patagones o Tehuelches) termina en la orilla norte del estrecho de Magallanes, y que, consecuentemente, al sur del mismo se extienden la Tierra del Fuego (el país de los Selknam fueguinos) y las islas al sur del canal Beagle (el país de los Yaganes canoeros).
De eso se desprende –¡oh detalle!– que en el meridiano del cabo de Hornos no existe –como sigue postulando Argentina con sus pretensiones de plataforma continental extendida más allá de las 200 millas– separación entre los océanos Pacífico y Atlántico. Es decir, que el principio bioceánico defendido por ese país para bloquear la proyección natural chilena hacia la Antártica, carece de base geohistórica, jurídica, ambiental y oceanográfica.
Aun así, Sernatur ha sido exitoso logrando que las cámaras de turismo, los operadores y hasta artesanos chilenos utilicen el vocablo Patagonia para describir a todos los territorios al sur del estrecho de Magallanes. Flagrante flojera intelectual.
Nuestras élites tampoco comprenden que el despoblamiento y el abandono del territorio constituyen amenazas permanentes más complejas y peligrosas que la delincuencia o la inmigración descontrolada.
Son inmunes al escasísimo impacto que sobre el uso inteligente de la geografía al sur del estrecho de Magallanes han tenido medidas como la Ley Austral o la Ley Navarino. Ninguna de esas catalizó el desarrollo económico-social, pues se trata de disposiciones complejas de entender y de aplicar, útiles, tal vez, para algunas pocas empresas y empresarios, pero lejanas al entendimiento de las familias y/o las pymes.
El Plan Especial de Desarrollo de Zonas Extremas (PEDZE) tampoco ha tenido el impacto previsto, pues, otro detalle, pequeñas municipalidades como aquellas de Porvenir, Timaukel, Primavera o Cabo de Hornos, carecen de los recursos humanos –unidades técnicas– para articular proyectos complejos. Otra abstracción (si cabía) del Estado centralista.
Satisfecho con decretar cierto grado de protección ambiental para más del 60% del territorio de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena, el Estado y sus élites duermen la siesta del oso.
En ese estado de conciencia, considerar medidas concretas como las que han permitido el desarrollo de las personas de a pie en el sector argentino (subsidios para los combustibles, IVA diferenciado, etc.) en Santiago podrían provocar un incidente cardiovascular. Esto, porque la ortodoxia centralista no tiene el color de las banderas de los partidos políticos: tiene el color del formulario para la RS. Ergo, da lo mismo quien gobierne Chile.
Las esperanzas de los habitantes del austro (y del resto de las zonas extremas) están en el proceso de regionalización y de transferencia de potestades a los gobiernos regionales elegidos democráticamente.
Solo eso podrá cambiar el enfoque para movilizar los recursos que aseguren que nuestro riquísimo austro no será un simple laboratorio natural o vitrina ambiental (como pretende cierto jet set ambientalista). Solo un Gobierno Regional empoderado tendrá capacidades suficientes para intentar cumplir la promesa pendiente de convertir al sur más lejano del mundo en un lugar para vivir mejor.
La descentralización es una de las tareas más hermosas para quienes deberán redactar un nuevo texto constitucional. Sin efectiva regionalización, Chile continuará abandonando miles de kilómetros cuadrados de rico territorio que, tarde o temprano, terminarán por despertar el interés de alguien más.
