La convocatoria de actos que alteren gravemente el orden público, a través de cualquier medio, incluido internet, será considerado delito de pertenencia a organización criminal. El diputado de Izquierda Unida Ricardo Sixto acusó al gobierno de Mariano Rajoy de pretender «criminalizar» con la reforma del Código Penal el «enorme rechazo social que están generando las propuestas de recorte» que está realizando el Ejecutivo.
El gobierno español prepara una reforma del Código Penal que contempla el endurecimiento del castigo por actos de vandalismo en la calle, equiparándolo al terrorismo callejero, confirmó este miércoles el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.
La convocatoria de actos que alteren gravemente el orden público, a través de cualquier medio, incluido internet, será considerado delito de pertenencia a organización criminal.
«Es un fenómeno que se ha visto en Barcelona y en otras ciudades españolas, que se está generalizando y que según nuestro punto de vista no tiene en estos momentos una respuesta adecuada desde el orden jurídico», aseguró hoy el ministro español del Interior en declaraciones a los periodistas tras intervenir en una sesión de control al Gobierno en el Congreso de los Diputados.
Explicó que se pretende perseguir penalmente a aquellas personas que se concierten para provocar de forma coordinada incidentes callejeros violentos o ataques contra las Fuerzas de Seguridad, otros ciudadanos o el mobiliario urbano.
La idea con la que trabajan conjuntamente los ministerios del Interior y Justicia es castigar con una pena mínima de dos años estas conductas, de forma que el fiscal pueda solicitar la prisión provisional para los autores y el juez, en su caso, decretarla.
El ministro justificó en su intervención en el Congreso que el castigo para los que participan en actos vandálicos sea equiparado al que recibe el terrorismo callejero ante «la espiral de violencia» protagonizada por colectivos antisistema con técnicas de «guerrilla urbana» en ciudades españolas, como ocurrió el 29 de marzo en Barcelona, el día de la huelga general.
El titular de Interior también dijo que se pretende incluir como delito de atentado a la autoridad la resistencia pasiva o activa e introducir entre las «modalidades de acometimiento» -ataque violento dirigido contra un policía- las amenazas y comportamientos intimidatorios o el lanzamiento de objetos peligrosos.
Además se considerará como agravante la comisión de conductas violentas cuando estas se produzcan en manifestaciones o concentraciones.
El diputado de Izquierda Unida Ricardo Sixto acusó al Gobierno de Mariano Rajoy de pretender «criminalizar» con la reforma del Código Penal el «enorme rechazo social que están generando las propuestas de recorte» que está realizando el Ejecutivo.
«Es retrotraernos a tiempos pasados, a tiempos muy alejados», dijo Sixto en una comparecencia de prensa en el Congreso.
Más de cien personas fueron detenidas el 29 de marzo en toda España por participar en altercados y actos vandálicos durante la jornada de huelga general en la que se registraron diversos incidentes, sobre todo en Madrid, Barcelona y Valencia.
Dos estudiantes, de 19 y 21 años, siguen en prisión preventiva por su presunta implicación en los incidentes registrados ese día en Barcelona.
Grupos violentos se enfrentaron al final de esa jornada con la policía en Barcelona y protagonizaron unas imágenes recogidas por la prensa internacional con contenedores en llamas y cristales de establecimientos rotos.
