Opinión
Independencia se encuentra en una encrucijada crítica y la respuesta a esta ola de criminalidad definirá su futuro inmediato y su identidad a largo plazo. La comunidad, las autoridades y los legisladores deben actuar de manera concertada para restaurar el orden y la paz que todos merecen.
Independencia, reconocida históricamente por su fuerte sentido de comunidad y diversidad cultural, se enfrenta ahora a un desafío que socava la misma esencia de su nombre: un creciente sentido de inseguridad. Un sector que algunos han empezado a llamar “la esquina de la muerte”, por desgracia, refleja esta nueva realidad. En menos de medio año, siete personas han sido asesinadas en la comuna, cuatro de ellas en la intersección de Maruri y Rivera.
Las cifras no mienten: los datos recientes del Plan Cuadrante muestran una alarmante tendencia al alza en distintos tipos de delitos, desde robos con intimidación hasta el flagrante caso de una adulta mayor drogada a la salida de una caja de compensación para quitarle todos los ahorros de su vida. Este último incidente, un cruel acto que no solo le robó a una mujer sus bienes sino también su sentido de seguridad, es un claro indicador de que las tácticas delictivas están evolucionando con un desdén descarado por las consecuencias.
En este contexto de crimen emergente, la comunidad y sus representantes buscan frenéticamente soluciones. El primer llamado es a modificar la legislación para endurecer las penas a aquellos que victimizan a los más vulnerables, particularmente a nuestros mayores. Esta propuesta no solo busca un efecto disuasorio sino también un claro mensaje: la sociedad no tolerará ataques contra quienes deberían estar en la etapa más tranquila de sus vidas.
Para ello, se debe modificar el artículo 1 de la Ley 18.216, a fin de imposibilitar a los victimarios de personas mayores acceder a penas sustitutivas. Asimismo, se debe ampliar el artículo 449 del Código Penal, para que a quienes atenten contra personas mayores se les asigne la pena máxima, pues a pesar de que el artículo 12 del Código Penal ya contempla agravantes para delitos contra personas mayores, hay un clamor creciente por estrategias más robustas y especializadas. La posible creación de una unidad fiscal especializada en delitos contra personas mayores podría ser un paso significativo, otorgando prioridad y recursos para este tema en específico.
Independencia se encuentra en una encrucijada crítica y la respuesta a esta ola de criminalidad definirá su futuro inmediato y su identidad a largo plazo. La comunidad, las autoridades y los legisladores deben actuar de manera concertada para restaurar el orden y la paz que todos merecen.
El Estado, lejos de fallar, debe reivindicar su capacidad de proteger a sus ciudadanos, especialmente a los más indefensos, para que Independencia pueda volver a ser un símbolo de unidad y seguridad.
