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Lunes, 11 de diciembre de 2017 Actualizado a las 02:38

Estado salvadoreño acepta responsabilidad en masacre 1981

por 24 abril, 2012

Estado salvadoreño acepta responsabilidad en masacre 1981
La matanza fue perpetrada por el ya extinto Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl y entre las víctimas estuvieron 450 niños que perecieron entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981 en El Mozote y comunidades vecinas de El Salvador, país que por entonces estaba inmerso en una guerra civil (1980-1992).

El Estado salvadoreño reconoció en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) en Ecuador su responsabilidad en la masacre de El Mozote, en la que el Ejército asesinó a casi un millar de personas en 1981.

Entre ellos estaban 22 familiares de María del Rosario López, una de las víctimas, incluidos sus padres y algunos hermanos y sobrinos.

"Cuando comenzaron las ráfagas, yo logré huir con mis dos hijas y dos sobrinos más hasta un cerro. Así logramos sobrevivir", dijo López a la Corte, que es el máximo tribunal de América Latina para asuntos de derechos humanos.

Otra de los sobrevivientes fue Dorilda Márquez, quien perdió a su madre, hermana, un hijo y sobrinos, y que se quejó de que tras 30 años el caso sigue impune.

"No denuncié esto a las autoridades por temor a que me mataran también", dijo Márquez, quien agregó que el ataque dejó secuelas físicas y mentales, y familias destruidas.

La matanza fue perpetrada por el ya extinto Batallón de Infantería de Reacción Inmediata Atlacatl y entre las víctimas estuvieron 450 niños que perecieron entre el 11 y el 13 de diciembre de 1981 en El Mozote y comunidades vecinas de El Salvador, país que por entonces estaba inmerso en una guerra civil (1980-1992).

En la sesión, los representantes del Gobierno se abstuvieron de realizar preguntas a los testigos, aceptaron la veracidad de las declaraciones y reconocieron la responsabilidad del Estado en la comisión de los hechos denunciados.

"El Estado salvadoreño expresa la disposición de aceptar las reparaciones solicitadas", dijo el director de Derechos Humanos de la cancillería de El Salvador, David Morales, quien afirmó que su Gobierno es consciente del sistemático proceso que hubo durante 27 años para negar los hechos.

El propio presidente de El Salvador, Mauricio Funes, pidió perdón en enero por lo que calificó como "la más grande masacre contra civiles de la historia contemporánea latinoamericana".

Funes es el primer mandatario de izquierda tras dos décadas de gobiernos de derecha en El Salvador y su partido, el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), fue la guerrilla durante la guerra civil.

El presidente de la CorteIDH, Diego García Sayán, aseguró en la audiencia pública, que se efectuó en Guayaquil ante más de 300 personas, que el reconocimiento de responsabilidad por parte del Estado se incorpora al proceso y será parte fundamental para dictar una sentencia.

Además de los asesinatos, decenas de mujeres y niñas fueron violadas, otros habitantes fueron desplazados y se destruyeron todos los bienes de las poblaciones.

Los representantes de las víctimas pidieron reparaciones integrales y la derogación de la Ley de Amnistía de 1993, que Gisella de León, una de las delegadas, calificó como "la principal herramienta de impunidad".

Según ella, la ley impidió procesar a los autores de la matanza y de otros casos de violación de derechos humanos durante la guerra civil.

Además, pidieron que el Estado elabore los listados oficiales sobre los asesinados y desaparecidos, que se ejecuten programas de desarrollo social en El Mozote y las zonas afectadas, y la terminación de cualquier homenaje militar a personas implicadas en la matanza, entre otras solicitudes.

García Sayán indicó que el 23 de mayo las partes deben presentar los alegatos por escrito, con lo cual se completará el último paso previo a la emisión de la sentencia, que estará lista en el presente año, según el magistrado.

La audiencia de hoy inauguró el 45 Periodo Extraordinario de Sesiones de la CorteIDH, que se extenderá hasta el viernes y durante la cual la Corte analizará casos de Argentina, Guatemala y Honduras.

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