«Basándose en el principio de irretroactividad de la ley penal», la resolución condena «al fracaso toda investigación penal sobre los crímenes cometidos hasta marzo de 1985 al desconocerles su carácter de delitos de lesa humanidad y determinar que se encuentran sujetos a prescripción».
Amnistía Internacional (AI) criticó este lunes a la Suprema Corte de Justicia (SCJ) uruguaya por declarar inconstitucional una ley aprobada en 2011 para evitar la prescripción de los delitos de aquel período.
En un comunicado firmado por la sección uruguaya de AI, la directora del Programa para América de Amnistía Internacional, Guadalupe Marengo, indicó que el fallo judicial «representa una afrenta para las víctimas de violaciones de derechos humanos y sus familiares».
En la nota, la ONG advirtió que la resolución «amenaza con dejar en la impunidad cientos de casos en investigación o por investigarse».
AI reconoce que «el fallo mantiene formalmente abierta la posibilidad de que los jueces penales investiguen y, de haber elementos de convicción suficientes, castiguen a los responsables» de esos delitos.
Sin embargo, «basándose en el principio de irretroactividad de la ley penal», la resolución condena «al fracaso toda investigación penal sobre los crímenes cometidos hasta marzo de 1985 al desconocerles su carácter de delitos de lesa humanidad y determinar que se encuentran sujetos a prescripción».
«En la práctica este fallo revive los efectos de la Ley de Caducidad», añade.
Esa ley de amnistía, promulgada en 1986 y ratificada en referéndum en 1989 y 2009, establece que el Poder Ejecutivo tiene potestad para decidir los casos que deben ser juzgados.
Hasta la llegada al poder en 2005 del bloque de izquierdas Frente Amplio (FA), que ha encadenado dos presidencias consecutivas, ningún Gobierno había tomado esa decisión, pero desde entonces varios causas han sido abiertas y varios represores procesados y condenados.
Pese a ello, en 2011 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado uruguayo por su responsabilidad en uno de los casos emblemáticos de la dictadura, la desaparición de María Claudia García en 1976 y la supresión de identidad de la hija que tuvo en cautiverio, Macarena Gelman, nieta del poeta argentino Juan Gelman.
Además, le exigió eliminar cualquier obstáculo para el esclarecimiento de los crímenes cometidos por militares y policías en la dictadura, como la Ley de Caducidad.
Según Marengo, «mediante su fallo, la Corte Suprema se pone del lado de la impunidad y compromete la responsabilidad del Estado por desconocer sus obligaciones internacionales».
La resolución emitida el viernes pasado por el alto tribunal uruguayo ha desatado la ira del FA, que este lunes realizará una manifestación frente a la sede del máximo órgano judicial del país en señal de protesta.
