Pasado el momento de celebraciones y denostaciones del primer aniversario del gobierno de Lagos, cabe plantearse más serenamente el balance de este año del primer gobierno del siglo. Lo primero es distinguir entre lo que ocurre en el país y la gestión de gobierno. Si bien éste no es ajeno en absoluto a lo primero, hay campos en los que se avanzado o retrocedido sin que todo lo que haya ocurrido se deba a la acción positiva o negativa del gobierno. En algunos casos éste ha sido neutro, en otros casos ha sido el principal impulsor, en otros ha sido coadyuvante de otros factores, etc.
El gobierno se inició con potentes señales de cambio, quizás más en el plano simbólico que institucional, pero no podía sino ser así en un principio. Entre ellas recordemos la apertura de La Moneda, el impulso a la cultura, la reestructuración del aparato ministerial, la democratización y modernización del acceso a la salud, la definición en el mensaje presidencial de mayo del año pasado de la gran meta del período: ser un país desarrollado o moderno en el bicentenario de nuestra existencia como nación.
Independientemente de las significaciones precisas y de las distintas posiciones que se tengan frente a algunas de estas medidas, nadie podía negar que, después de seis años, asistíamos al renacimiento del liderazgo presidencial, a la presencia de un Estado que frente a los grandes problemas del país y su futuro no era neutro, sino que volvía a ser su motor, aun cuando ello se hiciera en condiciones en que la misma acción de los gobiernos y de la política, fuera mucho más restringida que en el pasado. Y si bien no se han cumplido todas las expectativas creadas, no se ha producido retroceso debido al gobierno y éste ha dado a lo largo de todo el año importantes señales de que mantienen intactas sus posibilidades de transformar en realizaciones sus proyectos.
Hablar de «año perdido» es entonces, una falacia ideológica, que proviene de la derecha política, los grandes grupos empresariales y sus organizaciones gremiales y de los medios de comunicación que los apoyan, todos los cuales siempre han confundido al país con sus intereses particulares.
Pero no puede soslayarse el gran problema que toda la acción del gobierno del Presidente Lagos ha enfrentado y que no proviene de la oposición: la relativa falta de vínculo entre las grandes metas y las políticas y proyectos concretos. En ese vacío se hacen presentes las presiones de los grupos mencionados, los militares y otros poderes que obligan al gobierno a concesiones innecesarias, como es el caso de las reformas laborales o tributarias, a un discurso ambiguo o formal (basta que «las instituciones funcionen» independientemente de su contenido o «hay que dejar de mirar el pasado») o líneas contradictorias de comportamiento en materia de reconciliación y derechos humanos, a retraimientos en los temas valóricos frente a los poderes fácticos, a cálculos inmediatos coyunturalistas que impiden la formulación de políticas de largo plazo, por ejemplo, en materia de corrección del modelo económico, el empleo o la educación superior, a una política comunicacional demasiado tributaria del poder de los medios de comunicación (¿qué significa eso de «seducir» a los medios?). En fin, sin que se haya perdido el liderazgo y la conducción, a veces la acción gubernamental pierde dirección y su sentido es ambivalente.
Así, nadie puede negar que el país avanzó económicamente este año de un modo que muy pocos países lo hicieron en el mundo, ni tampoco que gracias a la acción del mundo de los derechos humanos y de una opinión pública muy consistente en esta materia y reacia al mensaje de militares y medios de comunicación, en cuestiones de justicia y reconciliación se ha avanzado enormemente, o que el avance en la dimensión cultural ha sido espectacular.
Pero no siempre, especialmente, en la dimensión social y de igualdad del crecimiento económico y en el conjunto del tema de los derechos humanos el gobierno ha estado orientándolos y dirigiéndolos (recordemos que la dimensión de largo plazo de la cuestión del empleo planteada por el senador Ominami, no fue debidamente acogida en el debate público y que hubo una insistencia desmedida por «dar vuelta la hoja» en materia de Derechos humanos.
Los poderes fácticos en ambos campos y también en los temas ético-culturales no han sido debidamente enfrentados y ha faltado en general una visión que sepa ligar los temas del pasado con los del futuro y, asimismo, ligar las grandes visiones con políticas concretas audaces y que no sean meros resultados de negociaciones y cálculos inmediatos.
Si estos obstáculos en el camino son enfrentados este año, nos habremos aproximado significativamente al cumplimiento de las grandes expectativas que el país se creó con respecto al gobierno.
