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Editorial: Nelson Mery y el beneficio de la duda

Disparar sobre Mery parece haberse transformado en un apasionado deporte para muchos medios informativos del país. El caso adquiere ciertos caracteres de fiesta para quienes -por las más variadas razones- buscan enterrar al actual Director de Investigaciones para siempre.


¿Tuvo realmente Nelson Mery una conducta moral y policialmente condenable contra detenidos políticos después del golpe militar o – por el contrario – su actuar fue lícito e irreprochable dadas las confusas circunstancias en los meses posteriores al golpe de 1973? ¿Merece el beneficio de la duda? Las informaciones de las últimas semanas y especialmente la investigación que hizo El Mostrador.cl en la ciudad de Linares proyectan al menos inquietudes sobre la calidad de algunas de las denuncias contra el actual jefe de Investigaciones.



Antecedentes necesarios



Odette Alegría se acercó al movimiento pro derechos humanos a partir del año 1990, cuando se iniciaba en Chile el retorno a la democracia. Ese año viajó a Santiago y se sometió a cuatro sesiones terapéuticas. Depresión grave como secuela de torturas, fue el diagnóstico de la doctora Paz Rojas, conocida siquiatra ligada a la defensa de los Derechos Humanos. Sin embargo, en aquella ocasión no hizo alusión alguna a las vejaciones sexuales que le habría infligido el detective durante su detención en la Escuela de Artillería de Linares a fines de 1973. Dos años más tarde, cuando Nelson Mery asumió la Dirección de Investigaciones, la señora Alegría viajó nuevamente a Santiago para entrevistarse con la misma siquiatra. Aunque le manifestó su desazón por el nombramiento, tampoco hizo acusación alguna directa contra él.



Fue recién el año 1999, en el momento en que algunas de las víctimas o sus familiares presentaran una querella contra los victimarios de la Escuela de Artillería, cuando la señora Alegría confesó por primera vez, al dirigente Teobaldo Peña, los abusos sexuales que le habría infligido Mery, lo que no fue incorporado en la presentación judicial por decisión del abogado querellante Sergio Monsalve.



Ese mismo año 1999, la revista Qué Pasa publicó un artículo sobre la querella de Linares, donde apareció la acusación de la señora Alegría contra Nelson Mery. Semanas más tarde, el desaparecido diario El Metropolitano publicó una extensa entrevista a Odette Alegría, donde ésta -sin los detalles escabrosos de sus recientes apariciones televisivas- explicitó su versión. Días después, el matutino entrevistó al director de la policía civil, quien rechazó terminantemente las imputaciones, y todo pareció morir ahí.



Según testimonios recogidos por El Mostrador.cl en Linares, hay decenas de personas que defienden a Nelson Mery, que cuentan cómo están vivos gracias a él. Pero también existen algunos antecedentes que indicarían que la actual cabeza de Investigaciones presenció torturas en la Escuela de Artillería y que pudo, incluso, haber propinado golpes a algunos detenidos.



Por otra parte, existen elementos de juicio suficientes para afirmar que en la segunda mitad de los setenta y en los ochenta la vida privada de Odette Alegría, vinculada con círculos de ultra derecha, contrasta con la imagen que después ha proyectado en los años noventa.




Auto de procesamiento



En junio de 2003, cuatro años después de la primera acusación de la señora Alegría contra Nelson Mery, el ministro Alejandro Solís declaró reos a diversos altos oficiales del Ejército por los hechos ilícitos cometidos en Linares. Fueron las testificaciones de Nelson Mery y de Patricia Contreras (esta última desde Francia), las piezas procesales clave que permitieron el encausamiento criminal del ex subsecretario de RREE, general (R) Humberto Julio. Este ex alto oficial, en declaraciones de prensa motivadas por este hecho, involucró públicamente en los ilícitos de la Escuela de Artillería a la actual autoridad policial.



También reapareció con gran aparato mediático la acusación de Odette Alegría en contra de Mery, con la crudeza de sus dichos y el impacto de su imagen en las pantallas. Pero ella no ha explicado convincentemente por qué tardó veintiséis años en acusarlo.



¿Qué hacer en un caso como éste?



Al menos en el caso de las acusaciones de Odette Alegría contra Mery, procedería hacer lo mismo que con el general Juan Emilio Cheyre hace un par de años. Éste fue acusado de haber sido integrante, como joven subteniente, de los pelotones de fusilamiento de detenidos políticos en La Serena. Él también lo ha negado tajantemente. Pero mientras la justicia no acredite las imputaciones, o existan antecedentes que hagan indesmentibles las denuncias, hay que otorgarle a Cheyre el beneficio de la duda. Del mismo modo no hay que sancionar a Mery por anticipado, en medio de una cacería de la prensa.



Todo esto no quita que aparece como razonable y sano que muy pronto haya un cambio en la dirección de Investigaciones de Chile. La prolongada permanencia de un director en ese puesto suscita irremediablemente la suspicacia en algunos sectores y le resta credibilidad a una institución que tanto necesita de la confianza del público.



Sin embargo, no hay que olvidar que habla a favor de Nelson Mery su tarea de once años en el mando policial, en los cuales ha dado pasos de gigante en la modernización de sus estructuras y en el esclarecimiento de la verdad acerca de las violaciones de los Derechos Humanos, así como en la persecución de los culpables.



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