Los últimos 30 años en Chile han sido un paraíso para el sector empresarial y la Banca. Privatizaciones, privilegios tributarios, incentivos de inversión, perdonazos, condonaciones y otras expresiones más, que hablan de un gobierno comprometido con la lógica de la generación de riqueza, en la comodidad de un sector empresarial bien atendido.
Actualmente, la globalización no deja de seguir ofreciendo nuevas oportunidades al sector empresarial, más aún en el caso chileno, que cuenta con el plus de un gobierno comprometido y aval de sus negocios. La crisis por la cuestión del gas con Argentina es un ejemplo claro al respecto. Sin embargo, las relaciones y consecuencias de estos amores, generan nuevas interrogantes e incertidumbres y nuevos desafíos.
Hasta hace poco más de 30 años, el Estado era el encargado y responsable de la cuestión social, las prácticas y formas de dirección de una empresa afectaban solamente las relaciones trabajador-empleador y cliente-proveedor, sin tener un rol preponderante ni grandes consecuencias en la malla social.
Actualmente, junto con su rol de creador de riqueza, el mercado les asigna, como una ecuación no considerada en el estudio de factibilidad de sus negocios, una cuota importante de responsabilidad en el tejido del desarrollo social. Debe actuar junto a organizaciones comunitarias, servicios públicos y establecer relaciones de poder entre las grandes corporaciones y las multinacionales con el gobierno. La cuestión no es menor a la hora de discutir el rol del Estado en esta nueva sociedad que requiere cambios estructurales en su institucionalidad.
El discurso ideológico de la derecha tradicional ha sido por muchos años el de tener un Estado pequeño, arbitro de las equidades y des-equidades que genera el juego del mercado. Sin embargo, el conocimiento empírico del sector empresarial los lleva a considerar opciones que no compartían hace unas pocas décadas.
En general las variables no deseadas en los negocios son calculadas y valoradas, pero consideradas de excepción. Sin embargo, en la realidad chilena estas variables sociales (consideradas como problemas) han pasado a ser una constante en las áreas de Educación, Salud, Previsión Social y Vivienda. Por lo tanto, habrá que pensar en un Estado que vaya más allá de un simple facilitador o carta de presentación en los negocios del mundo global.
De esta manera, el sector empresarial debería incorporarse a la discusión de una nueva institucionalidad, una Asamblea Constituyente que genere un marco constitucional acorde a las nuevas necesidades del país y no restringirse a modificaciones específicas que retardan la puesta a punto de un país que se incorpora a la nueva cultura global.
Esta lógica, de la «empresa ciudadana», rompería esquemas tradicionales y se incorporaría al debate práctico de analizar y discutir políticas de largo plazo, que requieren evidentemente de un concepto nuevo del Estado, casi una nueva ideología que supere la postura clásica de la derecha tradicional en la defensa de intereses sectoriales. Hoy deben mirar allende Los Andes, proyectar una imagen país en forma conjunta con las organizaciones civiles, comunitarias y políticas, reconociéndole y asignándole responsabilidades sociales al Estado, que ellos no pueden o no están en condiciones de asumir.
Estos serán los elementos básicos de nuevas formas de organización social que derivarán a partir de la experiencia vivida, modificando y superando los atavismos y pre-juicios ideológicos del sector empresarial.
Esto les otorgará un tono más «ciudadano» como actor aceptado y validado entre sus pares comunitarios, lo que en términos políticos significará que ya no necesitarán de los «modelitos» clásicos de la derecha tradicional, para que los represente frente al poder político y social que estarán compartiendo.
Esta atractiva realidad, que significa en términos prácticos el que existan grupos económicos que apoyan un gobierno concertacionista, dado que le asignan un cierto «control ciudadano» sobre los gremios y sindicatos, que en otras condiciones, con un gobierno de derecha por ejemplo, provocarían inestabilidad política y social -elementos negativos para el clima económico-, es bien vista y considerada por los asesores de gobierno.
De esta manera, fundamentalmente sobre la base de la experiencia del sector empresarial, se lograrán cambios políticos estructurales en la institucionalidad del país, que el sector político de la Concertación debió prever y no lo hizo. La diferencia entre una opción y otra, será el mayor costo que representa el haber estado disparando hacia blancos equivocados y hoy tener que aceptar un precio más alto por una «responsabilidad social olvidada», esta vez por los nuestros.
*Héctor Jara Paz es miembro del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Radical Social Demócrata (PRSD).
