Renunció Enrique Correa, ex ministro del Presidente Aylwin e ideólogo de la transición, al Partido Socialista. Paralelamente, los medios de comunicación han facilitado sus páginas para atacar la postura de la mesa directiva del PS, que trazó una clara línea entre sus militantes, respecto al proyecto de ley de royalty a la minería.
Gonzalo Martner, presidente de la colectividad, señaló -con el respaldo unánime del Comité Central- que aquellos que activamente buscaban boicotear el proyecto gubernamental se marginaban inmediatamente del partido. Tal decisión gatilló la renuncia de Correa, quien manifestó que, a pesar de no estar actualmente trabajando para los empresarios de la minería, estaba en contra del proyecto de royalty.
La renuncia de Correa generó la solidaridad y respaldo de La Moneda y las críticas públicas a Gonzalo Martner, de parte de algunos ex compañeros de Correa. Críticas de autoritarismo e incluso de estalinismo marcaron el tono de algunas de las declaraciones. Incluso un amigo de Correa manifestó que tal decisión afectaría la candidatura presidencial de Michelle Bachelet.
Pero la verdad es que todas estas posiciones resultan a lo menos curiosas, puesto que si algo caracteriza a un partido político es precisamente su cohesión en torno a algunas ideas básicas. Dentro de ellas siempre existen espacios para los matices, las subjetividades e incluso las discrepancias, pero no para las contradicciones sistemáticas. Si no fuera así, hasta Pablo Longueira podría ser socialista. De hecho, pocas diferencias existen entre éste y las posiciones que Enrique Correa ha sostenido públicamente en los últimos años.
En consecuencia, las reacciones públicas sobre la renuncia de Correa resultan incomprensibles y demuestran el nivel de confusión de la clase política de nuestro país, además de la grosera relación entre el dinero y la política. Enrique Correa no sólo ha mantenido posiciones políticas distintas a la posición oficial socialista, sino que desde hace diez años ha trabajado duramente para defender intereses privados, muchas veces en contra de los intereses públicos. Ha usufructuado de sus conexiones políticas e influencias para facilitar una relación poco saludable entre el mundo privado y el Estado.
El ex ministro ha realizado un activo lobby contra proyectos emblemáticos del gobierno, como el plan Auge, en favor de los intereses de las AFPs. Ha defendido a Telefónica activamente en el proceso tarifario, en desmedro de los intereses de los ciudadanos. Ha actuado en defensa de Almacenes París en investigaciones sobre la regulación de tarjetas de crédito. Todo por altas sumas de dinero.
Más aún, a pesar de ser militante socialista, públicamente ha apoyado la precandidatura presidencial de Soledad Alvear. Su última acción no sólo ha sido manifestarse públicamente en contra del royalty, sino derechamente negociar un contrato con la Sonami para representar sus intereses en el Congreso.
Las acciones de Correa no son condenables en sí mismas, a pesar de que en otros países la actividad del lobby es regulada. Lo condenable es que sus servicios, altamente pagados, tienen el propósito expreso de hundir, impedir o evitar políticas públicas impulsadas por el partido en el cual supuestamente milita. Y ahora salen en su defensa personeros de gobierno y algunos amigos con el descaro de argumentar a favor del pluralismo. ¿Cómo puede la ciudadanía entender esto?
Los partidos políticos y los políticos hoy día se encuentran desprestigiados precisamente porque parecen una montonera. Pareciera lo mismo ser socialista, PPD o democratacristiano o, en el caso de Enrique Correa, socialista o de derecha. La democracia se fortalece en la medida que la ciudadanía tiene una elección real entre alternativas identificables y éstas se expresan a través de ideas o posturas. Para bien o para mal, el Partido Socialista definió como un principio básico impulsar un royalty a la minería, que por lo demás cuenta con el apoyo mayoritario de la población. Esta no fue una decisión arbitraria o antojadiza, sino que contó con el apoyo unánime de sus órganos directivos. Si Enrique Correa no concuerda con estas ideas, como no lo hace con la mayoría de las políticas que promueve su colectividad, ¿para qué seguir en el Partido Socialista? Más aún, ¿cómo entender que por dinero pretenda ejercer sus influencias para boicotear el proyecto?
Efectivamente, la renuncia de Correa es un tema de democracia y tolerancia. La democracia se fortalece separando el interés privado de los intereses públicos. La tolerancia y el pluralismo se fortalecen en el debate de las ideas, sin dinero de por medio, a través de las instituciones de la democracia, como los partidos políticos y el Congreso, donde las posiciones públicas de los actores son transparentes y la convicción política es «no privada».
Lo verdaderamente sorprendente de la renuncia de Enrique Correa es que no lo haya hecho antes. Lo llamativo de este debate es que personeros de gobierno hayan salido en su defensa, cuando aún no se ha regulado el lobby privado que está destruyendo nuestra democracia. Hoy día, el Partido Socialista es mejor sin la militancia de Enrique Correa. Hoy día el país es mejor sin la militancia del lobbysta Enrique Correa en algún partido político.
*Rodrigo Pizarro es director ejecutivo de Fundación Terram.
