Hace unos años, el presidente Lagos utilizó la palabra «coraje» en referencia al Ejército cuando la institución armada le entregó al gobierno información fraudulenta o engañosa sobre el paradero de los detenidos desaparecidos. Hay que acordarse de que lo que parecía un valiente reconocimiento de las atrocidades cometidas por las fuerzas armadas terminó siendo una faramalla burda y cruel. Los datos falsos recopilados bajo el auspicio de la Mesa de Diálogo no hicieron sino reavivar el dolor de los familiares de los muertos y ahondar su desesperación.
Imagínese el lector el dilema de estos compatriotas que perdieron a sus seres queridos: o creer que sus padres, hijos, hijas, esposas, maridos, hermanos habían sido arrojados como carroña al mar después de haber sufrido horribles torturas, o bien aferrarse a la esperanza cada vez más desvaída de que sus cuerpos aparecieran en tierra firme, aunque fuera en fragmentos. Nadie merece estar un solo minuto de la vida en una situación tan infernal.
En lugar de reaccionar con la indignación esperada cuando se descubrieron enterrados cuerpos que según los valientes soldados habían sido lanzados al mar, al gobierno sólo le alcanzó el valor para expresar públicamente algo parecido al bochorno. Es entendible, porque nadie negará que el presidente de Chile hizo un papelón del que todavía debe estar arrepintiéndose. En un emotivo discurso y con toda la solemnidad de que es capaz, Lagos felicitó, creyendo actuar como gran estadista, a los que en realidad le estaban metiendo el dedo en la boca.
Sorprende por lo tanto que el gobierno siga aplaudiendo a las Fuerzas Armadas por reconocer verdades evidentes, sobre todo cuando a los uniformados, en vista de la evidencia innegable que se les viene encima con el informe acerca de la tortura, no les queda más remedio que hacerlo.
No es un acto de coraje, dijimos esa vez, sino el corolario de un cálculo mezquino; lo mismo sucede esta vez con las declaraciones de Cheyre. Este cálculo es además intelectual e históricamente mediocre y corto de alcance, por lo que el ejecutivo, al darle apoyo, revela sus propias limitaciones en el tema.
Un gobierno no puede supeditar en grado alguno su política hacia las fuerzas armadas a una seguidilla de mal llamados «gestos», que son nada más que acomodos tácticos dentro de una estrategia de defensa corporativa. El objetivo a largo plazo que se persigue con esta contrición mediática es el de mantener los privilegios mal habidos que tienen las fuerzas armadas dentro de la sociedad chilena, desde la política de pensiones hasta los mecanismos de financiamiento, pasando por la prescindencia de verdadero control civil sobre sus funciones. El ejército sigue apoyando directa o indirectamente a torturadores y asesinos que fueron alguna vez parte de sus filas, por ejemplo. El ejército, mientras invierte a manos llenas en la renovación de su aparato de inteligencia, sigue insistiendo en la ficción grotesca de que carece de información o de la capacidad de obtener información sobre los casos de derechos humanos.
Obras son amores: déjense de gestos y discursos o modales de relaciones públicas, y empiecen por restringir o retener las jugosas pensiones de los que se jactan de cumplir con la mafiosa omertÅ• a que se juramentaron. O despidan a los violadores de derechos humanos que después se recontratan como funcionarios civiles. O devuelvan la plata (del Fisco) descontada de los sueldos que ha ido a financiar la defensa de torturadores, asesinos y encubridores.
Si llegaran a hacer todo lo que tienen que hacer para limpiar la imagen del ejército y para resarcir a sus víctimas, cosa dudosa si se tiene como lección el pasado, ni ahí se podría usar el término «coraje». Reservemos esa palabra para la verdadera valentía, la de los familiares de las víctimas, por ejemplo, o la de cada una de las personas que dieron su testimonio para el nuevo informe. Esta última movida de Cheyre por los flancos a lo mejor denota ímpetu, pero no demuestra de verdad ningún valor.
Roberto Castillo. Escritor chileno residente en EEUU.
