Tiempo atrás los vecinos del condominio de viviendas unifamiliares Plaza Yolanda, ubicado en la calle Rosario Norte interior, 100 metros más norte de la Avenida Apoquindo en la comuna de Las Condes, se percataron por casualidad que el Ministerio de Bienes Nacionales entregaría a una empresa inmobiliaria un terreno fiscal, ex bien nacional de uso público y que, para tal propósito, ya existía un acuerdo de 2005 entre el Seremi respectivo y la empresa beneficiada que construiría una torre en un predio que necesitaba contar con ese terreno fiscal.
El negocio de marras se ejecutaría en la fusión de 4 sitios colindantes al sur del mencionado condominio y para obtener el permiso de edificación era indispensable incorporar al predio resultante ese terreno fiscal, tipificado por la normativa urbana local como pasaje público. Así se lograría la cantidad suficiente de m2 de superficie requeridos por las normas de uso de suelo en esa comuna y por ello era indispensable que nuestros modernos funcionarios públicos procedieran tal como están adoctrinados, es decir, sustentando la política del crecimiento económico ilimitado sin importar sus consecuencias negativas en la trama urbana, ni menos demostrando preocupación por la comunidad.
Ante tal despropósito, los vecinos que bregaban por mantener sus estilos de vida de densidad baja y que, por lo tanto, rechazaban la torre, se organizaron e hicieron gestiones ante esa dependencia del Estado, creyendo ingenuamente que en el «gobierno ciudadano» se les iba a escuchar para impedir la transferencia de ese pasaje que impedía la ejecución de la torre de 17 pisos que se pretendía emplazar en la fusión predial ya mencionada. Es decir, con pasaje público no había ninguna posibilidad de negocio inmobiliario y por ello Bienes Nacionales tenía el poder decisorio.
Para «dorar la píldora», los funcionarios de ese ministerio indujeron a los vecinos a participar en una licitación de última hora, con la idea de competir con la inmobiliaria interesada, pero cuyos documentos de inscripción llegaron por correo al condominio después de la fecha fijada para ella. Es decir, como la decisión de vender a quien haría el negocio ya estaba tomada, se trató de hacer creer que se licitaría el predio.
Avala nuestro aserto el hecho cierto de que ya en Mayo de 2005 el Fisco de Chile (sic) y la sociedad inmobiliaria habían presentado en la Municipalidad de Las Condes un anteproyecto de construcción (AP-2005-025), negocio que sólo tenía la posibilidad de prosperar si Bienes Nacionales le vendía el terreno a su «socia» transitoria, es decir, la inmobiliaria. La presentación conjunta del anteproyecto indicaba la existencia de un acuerdo previo que así sucedería, lo cual explica que la empresa invirtiera ingentes sumas de dinero para adquirir las 4 casas que utilizaban el pasaje. Como se aprecia, en esta tramitación el Fisco de Chile procedió cual simple «ayudista» de quien haría el negocio.
La eficiente persona que ejercía como seremi de Bienes Nacionales del gobierno anterior y que fue quien condujo los preparativos de la venta del terreno fiscal tuvo la amabilidad de enviar una carta a los vecinos que reclamaban, aconsejándolos a que «lleguen a un acuerdo con la empresa inmobiliaria, de modo que el proyecto se realice teniendo en consideración los intereses de ambas partes». Y el actual seremi, en reunión en su oficina con el representante de los vecinos, aseveró muy seriamente que la misión de Bienes Nacionales no era beneficiar al condominio Plaza Yolanda, cuyas casas son de alto valor patrimonial, sino velar exclusivamente por los intereses del Fisco. Y que ello significaba vender la propiedad «al mejor postor».
Como el asunto se hacía público, llegando incluso a ser tratado en el programa televisivo de alto rating «Tolerancia Cero» de Chilevisión, en donde los panelistas con sus ácidos comentarios dejaron mal parado al gobierno, la ministra del ramo Romy Schmidt, defendió el proceder de su servicio y llegó a afirmar «dado de que el inmueble fiscal es prescindible, se vende éste al interesado a precio comercial», aseverando además, que «no es función de este Ministerio intervenir, presentar ni hacer gestiones con respecto a futuras construcciones o proyectos inmobiliarios».
Como el caso estaba radicado en la Contraloría General de la República, la ministra precisó a ésta por escrito que su cartera realiza su función «conforme a los criterios de políticas de administración del patrimonio del Fisco y en resguardo del mayor interés de este último» y por ello, el 6 de Septiembre de 2006, su ministerio aprobó, mediante Decreto NÅŸ 61, la transferencia del inmueble fiscal mediante venta directa a la empresa constructora que lo necesitaba.
Ni la ministra ni nadie de su repartición pública indicó a los vecinos el precio en que Bienes Nacionales vendió ese pasaje fiscal a quien lo requería. A lo mejor estaba molesta con ellos por ser tan insistentes en defender sus derechos. En cambio sí lo hizo la Contraloría General en informe enviado el 15 de Febrero de 2007 al alcalde de Las Condes, expresando que esa cartera vendió al privado los 191 m2 de propiedad de todos los chilenos en UF 4.500.
Al conocer esta cifra los vecinos calcularon que el ministerio había sido muy caritativo con la inmobiliaria, ya que sus eximios tasadores profesionales habían determinado que el m2 de superficie de ese espacio indispensable valía escasos UF 23, en circunstancias que la inmobiliaria había pagado con anterioridad al dueño del último terreno la suma de UF 43, cifra que conocieron al ir donde el actualmente conocido Conservador de Bienes Raíces de Santiago : una casa a demolerse con un terreno de 350 m2 se vendió en UF 15.000.
De acuerdo a las cifras reseñadas, está claro que Bienes Nacionales regaló a la inmobiliaria ese pasaje público y no sabemos si lo hizo consciente o inconscientemente. Si sus funcionarios hubieran investigado con prolijidad, tal como lo hicieron los vecinos, no habrían vendido el pasaje público en UF 23 el m2, sino en una suma del orden de las UF 60 o más por m2, ya que en el ámbito del corretaje de propiedades quien vende último obtiene el mejor precio, por razones bastante obvias en una economía de mercado libérrimo como la nuestra.
Por lo tanto, en este caso se configura una lesión enorme en contra de los intereses del Estado, lo que tendrá que ser analizado a fondo por la autoridad fiscalizadora, es decir, la Contraloría General. Al respecto, uno de los parlamentarios que conoce este desaguisado -senador Nelson Ávila- ya nos ha informado que recurrirá al Consejo de Defensa del Estado para que éste defienda el interés fiscal comprometido y nuestra agrupación ciudadana, caracterizada por su curiosidad, ya le ha solicitado a la ministra del ramo una copia del sumario administrativo interno que estableció la más absoluta «normalidad» en el proceso de enajenación del pasaje público a quien lo necesitaba. Aparte de lo anterior, estaremos atentos al desenlace, porque leyendo El Mercurio de ayer lunes, constatamos que Francisco de la Maza, alcalde de Las Condes, también ha rechazado esta sui generis operación comercial.
Finalmente señalamos que ayer al mediodía, en el lanzamiento de un libro sobre la descentralización del país, escrito por el líder regionalista Diego Benavente, le comentamos a los senadores Antonio Horvath y Carlos Cantero que, desde el Congreso Nacional, «ordenaran la casa» porque Bienes Nacionales, con su desmedida vocación inmobiliaria, está adoptando decisiones fácticas en materias de orden urbanístico local, como es la enajenación de ese pasaje fiscal para fines comerciales, sin tener competencia para modificar la planificación del territorio de esa comuna.
En este caso es la Municipalidad de Las Condes, a través de su Plan Regulador Comunal, la que determina la densidad habitacional de las distintas áreas como igualmente los usos de suelo y por ello, Bienes Nacionales debió haber consultado previamente a las autoridades locales si consentían en eliminar esa pequeña vialidad en su territorio jurisdiccional para transformarla en un terreno apto para edificar.
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Patricio Herman P. Agrupación «Defendamos la Ciudad»
