La Asamblea General de Naciones Unidas ha aprobado, con fecha 13 de septiembre de 2007, una histórica Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, culminando de este modo más de 20 años de debates y negociaciones. Este valioso texto fue aprobado por 143 países, con 11 abstenciones y los votos en contra de Estados Unidos, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Pero lo que importa es que más del 90% de los estados dieron su aprobación.
La declaración consta de 46 artículos que incluyen el derecho de los indígenas a la propiedad y administración de sus tierras ancestrales y de los recursos naturales milenarios de sus territorios, la preservación de su sabiduría y el derecho a la autodeterminación de los pueblos. La histórica declaración reconoce también los derechos individuales y colectivos de los indígenas, y el acceso a la educación, la salud y un empleo digno. Establece que los estados nacionales deben asegurar el reconocimiento y la protección jurídica de estos derechos, territorios y recursos y se hace especial énfasis en el debido respeto a los ancianos, mujeres y niños indígenas en nuestras respectivas sociedades.
En el mundo, existen más de 400 millones de seres humanos que integran unas 5.000 comunidades indígenas. El secretario general de Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, señaló que esta declaración universal debe ser entendida como una victoria de todas las comunidades indígenas del mundo. Dijo que el organismo ha dado un paso histórico al reconciliarse con las dolorosas experiencias de discriminación de los pueblos indígenas y que ahora se abre un camino promisorio de derechos y justicia para todos. La declaración no tiene aún un carácter vinculante para los estados, pero no cabe duda de que, al igual como en su momento ocurrió con la Declaración Universal de Derechos Humanos (París, 1948), que tampoco tuvo carácter vinculante en sus inicios, más temprano que tarde sus preceptos serán obligatorios para todos los gobiernos del mundo.
Los indígenas de Chile pueden estar más que satisfechos con esta extraordinaria y feliz noticia. En parte importante las organizaciones indígenas chilenas fueron colaboradoras en el extenso debate a favor de esta declaración, cuya idea más concreta comenzó a circular en la Conferencia de Viena de 2001. En nuestro país, el 5 de octubre de 1993 fue promulgada por el Presidente Patricio Aylwin la Ley 19.253, que reconoció y concedió importantes derechos a nuestros pueblos indígenas.
Las comunidades nativas de nuestras sociedades fueron sometidas a todo tipo de políticas de exclusión, marginalidad y pobreza. Los indígenas fueron subvalorados como personas humanas y maltratados respecto de sus derechos fundamentales. Aún no podemos decir que Chile esté libre del racismo, de la discriminación y la xenofobia, antivalores alimentados por una cultura conservadora y dominante. Pero este cuadro ha experimentado un cierto cambio en los últimos años, con el surgimiento de un nueva comprensión sobre la importancia de la multiculturalidad de nuestras sociedades y el valor de la cosmovisión indígena. En medio de importantes conflictos con transnacionales y en la defensa de derechos fundamentales de nuestros pueblos, la sociedad chilena ha ido integrando -lentamente- una manera de entender mejor la significación de nuestras culturas ancestrales, aún cuando todavía resta camino para que Chile se reconcilie con sus pueblos indígenas.
En efecto, aún está pendiente la resolución de la norma 169 de la OIT y el proyecto de reconocimiento constitucional de nuestros indígenas. En parte, porque la derecha chilena ha negado su apoyo a estas dos recomendaciones. Con la Declaración Universal de Derechos de los Pueblos Indígenas, los márgenes de debate parlamentario quedan mucho más acotados y sería del todo incomprensible que nuestros políticos conservadores continúen en una política de silencio y de negación ante la demanda indígena de reconocimiento de sus derechos fundamentales.
El 13 de septiembre de 2007 es un feliz día para nuestros pueblos originarios. Esta declaración universal tendrá un impacto muy relevante en la sociedad política y en la cultura de Chile, especialmente cuando estamos muy cerca del bicentenario. Tenemos por delante una magnífica oportunidad para mostrar lo mejor de nuestro país si, como resultado de este documento histórico y universal, el parlamento chileno brinda el reconocimiento que nuestros pueblos reclaman desde 1989.
(*) Consejero presidencial en Conadi
