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Demoliendo las mayorías constitucionales

por 20 julio 2009

En dos oportunidades anteriores un grupo de diputados ha recurrido al Tribunal Constitucional para impugnar la distribución del anticonceptivo de emergencia, organismo que finalmente ha mostrado una enorme ambigüedad en el tema, y ha terminado sancionando como legal la discriminación actualmente...

Las declaraciones hechas a los medios por los diputados UDI Marcelo Forni y Patricio Melero, y su "advertencia" de que, en el caso que el Poder Legislativo apruebe la ley sobre la llamada píldora del día después ellos recurrirían de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional para impedir su promulgación, es una grave señal de desacato doctrinario a la institucionalidad vigente. Tanto por lo que implica de negación del rol que le cabe al Congreso Nacional en estas materias, como por la relativización del ejercicio democrático de las mayorías parlamentarias.

Si esta "advertencia" prosperara, lo que ocurriría sería la definitiva transformación del Tribunal Constitucional en un legislador negativo frente a las legítimas decisiones parlamentarias de mayoría, mucho más allá de los criterios aceptables del control constitucional de las leyes, revirtiendo de manera terminal la poca coherencia que aún le queda a la Constitución de 1980 en cuanto a la sincronía funcional de sus instituciones.

La alegación complementaria del diputado Forni de que él representa y legisla para las minorías, lo que -en consecuencia- lo habilitaría para intentar impedir por cualquier método la vigencia de normas adoptadas por la mayoría (de acuerdo a todos los procedimientos constitucionales y legales), en este caso forzando el sentido del control de constitucionalidad, lesiona de plano la función legislativa que se expresa como sentido de mayoría, que es de carácter nacional, y constituye un eje fundamental del funcionamiento de la institución a la cual pertenece.

Su criterio lesiona también el ejercicio del gobierno del país y el desarrollo de las políticas públicas que éste lleva adelante, oficializadas en iniciativas de ley debidamente debatidas e informadas, destinadas a asegurar el cumplimiento efectivo tanto de las garantías constitucionales y las libertades individuales vigentes en Chile, como las propias acciones concretas de salud para la población, en especial para los sectores de menores recursos.

Y por supuesto prescinde de la consideración de la mayoría de la ciudadanía que en esta materia ha sido más que clara en manifestar su apoyo a la libre distribución de la denominada píldora del día después en los consultorios públicos, en forma gratuita.

La actitud de los parlamentarios, que se  basa en una supuesta defensa de valores intangibles para las personas, explicita una visión autoritaria y corporativizada de lo que es el funcionamiento de la sociedad, pues se niegan a reconocer que el derecho de las minorías sobre el uso de la píldora se encuentra plenamente garantizado en la abstinencia de quienes piensan o creen que ese procedimiento es abortivo. 

Peor aún, pretenden mediante procedimientos forzados y de baja legitimidad democrática que el Tribunal Constitucional conculque el derecho de las mayorías, al menos manteniendo el odioso veto discriminatorio que impide su distribución en los consultorios públicos y el acceso a ella de los sectores de menores ingresos.

El proyecto que acaba de ser aprobado por la Cámara de Diputados por una amplia mayoría, que incluye también a varios diputados de la oposición y de la propia UDI, consta de tres artículos en los cuales se ha recogido el eje de los debates que durante más de dos años han abordado el tema. Esto es, mejorar las orientaciones, informaciones y prestaciones públicas en materia de regulación de la fertilidad y, en ese contexto, incluir los anticonceptivos de emergencia, entre los que se encuentra la píldora del día después. 

En dos oportunidades anteriores un grupo de diputados ha recurrido al Tribunal Constitucional para impugnar la distribución del anticonceptivo de emergencia, organismo que finalmente ha mostrado una enorme ambigüedad en el tema, y ha terminado sancionando como legal la discriminación actualmente existente que veta su distribución gratuita en los consultorios públicos.

Lo actuado por el Gobierno al enviar un proyecto de ley, aprobado ya en primer trámite, zanja de manera meridiana y definitiva el problema. Cualquier intento de obstruir vía Tribunal Constitucional lo establecido en ella significa un esfuerzo por hacer prevalecer el espíritu corporativo de ciertas minorías que pretenden erigir sus opciones personales como reglas obligatorias para toda la sociedad, autoproclamándose como una especie de policía moral de las libertades individuales.

Sin perjuicio de lo anterior, es evidente que hechos como el descrito ejemplifican el agotamiento estructural de la Constitución de 1980, cuyo sesgo autoritario y antidemocrático, pese a las incontables reformas de que ha sido objeto, facilita vetos corporativos ilegítimos. 

Lo que en definitiva plantea, una vez más, la necesidad de construir una nueva constitución  que interprete al Chile actual con constituyentes de hoy, en la cual se exprese de manera clara el consenso y atribuciones de órganos como el Tribunal Constitucional, cuyo funcionamiento actual contribuye crecientemente a perturbar el desempeño del gobierno y el equilibrio funcional de los órganos superiores del Estado.

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