No está invalidada la cifra de 30 mil millones de dólares entregada por el Gobierno al Congreso Nacional. Simplemente hay que dejar en claro que podría ser menos que eso o quizás mucho más, sobre todo si efectivamente se deseara no solo reponer lo perdido sino generar una reconstrucción que impida que en veinte años vuelva a perderse todo de nuevo.
El debate en torno a cuánto cuesta la reconstrucción o de dónde saldrá el dinero debiera abandonar el sesgo histriónico puesto por algunos parlamentarios, pues nadie está en condiciones de dar una cifra objetiva en el tema. Todas ellas son aproximaciones. Además, el gobierno debiera explicitar al menos algunas ideas de lo que pretende hacer con el dinero que recaudará, pues parte de las pérdidas tiene su origen en dinero mal gastado en el pasado.
El sector público chileno carece de un inventario patrimonial valorizado prácticamente en todos sus ámbitos de gestión, sean de la administración central o local, lo que hace muy difícil calcular las pérdidas reales que hubo.
Si en la SEREMI de Educación Metropolitana pudo haber años atrás un desorden de 268 mil millones de pesos que fuera detectado por la Contraloría General de la República, es que las deficiencias de control y gestión son colosales y todo es estimativo y aproximado.
[cita]La sugerencia hecha por asesores del Presidente y sectores de oposición de aumentar el royalty a la minería no parece jurídicamente viable, a menos que las compañías mineras accedan voluntariamente a ello.[/cita]
Si se le pide a un municipio el valor de sus escuelas o consultorios, o incluso de su edificio consistorial, lo más probable es que no tenga siquiera los planos actualizados en la Dirección de Obras, ni las escrituras de propiedad de los edificios y, menos aún, sepa cuánto valen. A pesar que todos los años se invierten cifras ingentes en pintar, arreglar baños, techos, la electricidad, el agua o en dotarlos de nueva infraestructura.
Lo anterior, sin embargo, no invalida la cifra de 30 mil millones de dólares entregada por el Gobierno al Congreso Nacional. Simplemente hay que dejar en claro que podría ser menos que eso o quizás mucho más, sobre todo si efectivamente se deseara no solo reponer lo perdido sino generar una reconstrucción que impida que en veinte años vuelva a perderse todo de nuevo. Y nuevamente no tengamos control de inventarios públicos. Esto último pese a que es obligatorio por ley y causal de cesación en el cargo por incumplimiento grave de funciones.
Al entregar las cifras totales por sectores el ministro de Hacienda aclaró que eran preliminares, recabadas desde las asociaciones empresariales, las empresas dañadas y los ministerios sectoriales, es decir como estimaciones de los afectados, pero no dijo, en el caso de las pérdidas públicas, bajo qué fundamento objetivo se calcularon.
Un segundo aspecto importante es que no todo debiera ser reconstrucción. En estricto rigor y aprovechando de manera positiva un clivaje de la desgracia ocurrida, hay cosas que una vez demolidas por el sismo se debieran construir de una manera diferente. Hospitales y edificios públicos estratégicos en primer lugar.
Ello implica una ingeniería de diseño y de detalle con cálculos o consideraciones de entorno diferentes a las que hasta ahora existían. Probablemente cambios también en el vínculo urbano con el mar, en los diseños de vialidad o en conectividad física del borde costero y seguramente en la norma de construcciones.
El subsidio a la demanda en el ámbito de la construcción, que es una de las maneras en que se gastará la plata que se debe recaudar, debiera estar asociado a una capacidad real de fiscalización y control por parte de las autoridades públicas. El país no se podría explicar que constructores inescrupulosos, cuyos edificios terminaron derrumbándose por fallas estructurales que hoy investiga la justicia, volvieran reciclados en nuevas empresas a gozar de esos incentivos y de las políticas preferenciales del Estado.
En cuanto a financiamiento, tal como lo expresó el ministro de Hacienda, lo más sensato es una mezcla de políticas recaudatorias respecto de las cuales lo fundamental es el equilibrio global de ellas, para evitar que una interfiera las otras o tuviere un impacto negativo en el crecimiento económico o en las inversiones externas. Que ello se logre es el arte del gerente, y se supone que este gobierno sabe del tema.
Sin embargo, en un país sin una práctica constante de eficiencia presupuestaria, la austeridad fiscal mencionada por el ministro da tembladeras pues suena a un simple recorte lineal como los que receta el Banco Mundial. Estos generalmente se hacen en ámbitos indefensos de presión corporativa, por ejemplo el de los jubilados. Sería fatal que el gobierno trate de omitirse en el reajuste anual de pensiones, sacándole a los más ancianos quince o veinte mil millones de pesos que bien pueden salir del presupuesto militar.
La sugerencia hecha por asesores del Presidente y sectores de oposición de aumentar el royalty a la minería no parece jurídicamente viable, a menos que las compañías mineras accedan voluntariamente a ello. Infringir contra la voluntad de estas los contratos sería exponer al país a una serie de demandas internacionales y, en cierto sentido lesionar su credibilidad externa. Pero sí se puede debatir, ya que las mineras saben que el royalty que pagan es prácticamente ridículo, que abultan sus costos y que tienen exenciones impositivas en otros ámbitos, como el de los combustibles. Al menos una discusión en las actuales circunstancias es plenamente legítima.
En todo caso, dada la cuantía del financiamiento que se debe abordar, el mix de políticas que desarrolle el gobierno no podrá eludir el debate sobre alza de impuestos. Ello inevitablemente tensará el pulso no solo entre el Presidente de la República y su principal base de sustentación política que son los empresarios, sino también con la UDI, donde sus dirigentes se niegan a aceptar alzas impositivas y han levantado como alternativa un paquete de privatizaciones.
