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Editorial

El silencio de los corderos

por 12 agosto, 2013

El silencio de los corderos
La extrema concentración de riqueza del país tejió una red de relaciones y vínculos de interés que, legítima en su origen, hoy constituye un problema grave a la hora de salvaguardar la transparencia y la fe pública. Cualquier trasgresión en la actividad económica arrastra esa red en sentido a veces imprevisible en materia de daño para toda la población, pero también se ve atenuada en las sombras por las redes de compromisos.
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Cualquier país puede desperdiciar un ciclo de paz social y crecimiento económico de muchas maneras. La ineficiencia gubernamental o las crisis económicas mal manejadas están entre las principales. Pero la peor, tal vez, sea la inconciencia y omisión de su elite política, especialmente de los dueños del poder económico, que incumplen sus compromisos de autocontrol y no perciben que están al límite en materia de ética y legitimidad.

Chile se encuentra en este último caso. Hay pésimas señales sobre prácticas colusivas o —en ausencia de regulaciones claras— acciones empresariales poco transparentes y al borde de la legalidad en sectores como el financiero, el retail o la industria farmacéutica, por citar algunas. También hay nula autocrítica del sector empresarial que calla y otorga en un aspecto que, tarde o temprano, les rebotará a todos directamente.

Llama la atención que se comporten como meros concesionarios frente al Estado y la sociedad, sin compromiso país, lesionando las bases mismas del sistema que manifiestan defender y como si estuvieran dispuestos a cambiarse de domicilio.

La historia clásica del silencio de los corderos se asoma de manera subrepticia y elíptica a la política chilena. Lamentablemente, el patrimonio cultural de la prudencia no parece habitar en los directorios de bancos, empresas financieras, supermercadistas y otras, los que ebrios de lucro y buenas cifras, con sus prácticas han olvidado proteger a la familia chilena untando con sangre de cordero el dintel de sus negocios, para que el “Ángel Exterminador” pase de largo. Algo muy similar ocurre en las directivas de los partidos políticos.

El último tiempo se les ha escuchado declaraciones rotundas en defensa del modelo económico y la advertencia —y exigencia— a no prestar oídos a lo que denominan las demandas de la calle. Incluso airadamente se han defendido de las acusaciones de abuso a los consumidores formuladas por la ciudadanía y, prácticamente, han exigido que se les deje trabajar tranquilos. Pero ni una sola reflexión a fondo sobre las causas que originan las críticas ni un llamado efectivo al autocontrol.

Ninguno reconoce públicamente que el pretendido hostigamiento de la calle viene del uso poco escrupuloso de los vacíos de regulación que facilitan la colusión en los precios de los medicamentos, de lesiones colectivas como las derivadas del escándalo de La Polar, o Cencosud, el lucro en las universidades, las utilidades abusivas de los bancos, las AFP o las Isapres.

Comparte el silencio empresarial una notoria omisión de las autoridades regulatorias y de control, que intervienen solo en los casos más flagrantes o cuando los escándalos han estallado, excepción hecha del Sernac. Para todos los efectos políticos, la actual administración ha terminado enredada entre los conflictos de interés y la incompetencia técnica y, en sentido estratégico, no se percibe un interés real porque las cosas sean de manera diferente.

La sensación de que el sistema económico y político está cautivo de un poder concentrado y autocomplaciente, con una capacidad casi infinita de absorción de las críticas ciudadanas sin conceder nada, lleva a la apatía política y a la desconfianza de la población.

Las divergencias programáticas que exhiben las distintas candidaturas presidenciales actuales no alcanzan a borrar ese malestar que parece estructural en un escenario impune e inmune para quienes tienen el poder.

La extrema concentración de riqueza del país tejió una red de relaciones y vínculos de interés que, legítima en su origen, hoy constituye un problema grave a la hora de salvaguardar la transparencia y la fe pública. Cualquier trasgresión en la actividad económica arrastra esa red en sentido, a veces, imprevisible en materia de daño para toda la población, pero también se ve atenuada en las sombras por las redes de compromisos.

De ahí que no sea un hecho banal exigir al empresariado y a quienes los representan un sentido de autocrítica y autocontrol. El crecimiento del Chile de los años 90 y las bases del modelo —que tratan de preservar— tuvieron un pilar fundamental en el consenso social y político sobre las reglas económicas, expresado en un concepto de asociación público privada.

Sin embargo, ese sentido de autocontrol se perdió, a causa del extravío de los propios empresarios frente a esas reglas del juego. Y con un poder económico y político concentrado, sin equilibrio informativo público no solo se dificultan los controles regulatorios, sino imposible conocer los compromisos de protección suscritos entre los negocios y la política.

El resultado obvio es una imprevisible acumulación de tensión que permanece enmascarada y en las sombras, mientras el poder político simula que compite.

La historia clásica del silencio de los corderos se asoma de manera subrepticia y elíptica a la política chilena. Lamentablemente, el patrimonio cultural de la prudencia no parece habitar en los directorios de bancos, empresas financieras, supermercadistas y otras, los que ebrios de lucro y buenas cifras, con sus prácticas han olvidado proteger a la familia chilena untando con sangre de cordero el dintel de sus negocios, para que el “Ángel Exterminador” pase de largo. Algo muy similar ocurre en las directivas de los partidos políticos.

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