Jefe de la División de Desarrollo Urbano del Ministerio aseguró que la iniciativa no aumenta las facultades de la cartera y descartó de plano que se haya elaborado sin considerar las opiniones y críticas de otras organizaciones. En ese sentido, se mostró dispuesto incluso a exponer ante éstas los aspectos más relevantes del nuevo articulado.
El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) espera enviar al Congreso antes de fin de año el proyecto que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones, cuya elaboración no ha estado ajena a la polémica, principalmente por las voces de algunas organizaciones que piden un debate amplio para abordar el alcance que tendrán estas reformas.
En dicha cartera, sin embargo, existe el convencimiento de que se trata de una normativa necesaria y también hay tranquilidad respecto a que el articulado resultante -cuyos últimos detalles están siendo afinados en consultas con otros ministerios-, es el reflejo de un trabajo extenso que incluye las opiniones técnicas de distintos actores.
Esa es la visión que tiene al respecto el jefe de la División de Desarrollo Urbano del Minvu, Luis Eduardo Bresciani, quien espera que la iniciativa, que aún tiene la forma de anteproyecto, pueda próximamente ser objeto de debates y de discusiones en el Parlamento.
A su juicio, el proyecto de Ley de Planificación Urbana pretende introducir correcciones "de cosas que no estaban funcionando bien y que implicaban conflicto entre el ámbito regional y comunal, como la ampliación de los espacios de participación ciudadana en las etapas de elaboración de los planes reguladores, cosa que hasta el día de hoy la ley no tenía, y segundo, que también es una demanda ciudadana, el hecho de poder entregar la facultad a los planes reguladores para que puedan establecer nuevas exigencias en términos de mejoramiento urbano", en temas de vialidad, de espacios públicos, de equipamientos y de la ciudad en general.
En ese sentido, destacó que «dentro de todas las medidas, yo diría que las más emblemáticas, son abrir los espacios de participación, pero también entregarle a la propia comunidad y al municipio la capacidad de poder establecer mayores exigencias de mejoramiento urbano dentro de las comunas, como compensación a los vecinos cuando los planes reguladores permiten mayor desarrollo inmobiliario».
«Es un proyecto que descentraliza gran parte de sus funciones más bien hacia los gobiernos regionales y municipales, incluso funciones que antes estaban radicadas sólo en el Ministerio de la Vivienda, como el plan intercomunal, hoy día se le está transfiriendo y dándole un rol mucho más protagónico a los intendentes dentro del proceso de gestión de los planes intercomunales», destacó.
Respuesta a críticas
Bresciani no ocultó su extrañeza frente a las críticas de organizaciones como la Fundación Defendamos la Ciudad, que cuestionó el hecho que el Minvu no haya abierto a la comunidad un debate en torno a la elaboración del proyecto, o que expresara su preocupación por las amplias atribuciones que -según esa misma organización- podrían recaer en la cartera para disponer sobre el uso del suelo en todo el territorio nacional, en el caso que este articulado llegue a convertirse en ley en las condiciones que actualmente se encuentra.
Sobre lo primero, el jefe de la División de Desarrollo Urbano manifestó de manera enfática que "yo personalmente le he presentado a organizaciones como la de Patricio Herman (presidente de Defendamos la Ciudad) que el Ministerio está absolutamente dispuesto a ir donde se le invite a exponer el proyecto de ley y, por lo tanto, mal se podría decir que este es un proyecto de ley secreto".
Al respecto indicó que a Herman "le expresé personalmente mi disposición a ser invitado a la instancia que él considere para exponerle el proyecto y entregarle todos los antecedentes", y afirmó que el Minvu ha discutido el tema con el Colegio de Arquitectos, la Cámara Chilena de la Construcción, la Universidad Católica, centros de estudio y otras entidades.
"Si hay observaciones al texto previo a su ingreso al Parlamento (…) nosotros encantados de recibirlas, y si éstas no llegan antes, siempre está el espacio parlamentario, que es democrático y abierto, para emitir todo tipo de opinión y serán los parlamentarios quienes verán cuales medidas acogen y qué otras no", precisó.
Y respecto del segundo aspecto, relativo a las atribuciones del Minvu, Brisciani aseguró que se trata sólo de "desconocimiento", ya que la iniciativa "sostiene todo lo contrario. Es un proyecto que descentraliza gran parte de sus funciones más bien hacia los gobiernos regionales y municipales, e incluso funciones que antes estaban radicadas sólo en el Ministerio de la Vivienda, como el plan intercomunal, hoy día se le están transfiriendo y dándole un rol mucho más protagónico a los intendentes dentro del proceso de gestión de los planes intercomunales, y no tanto al Ministerio de la Vivienda".
"El Minvu se convierte en un órgano técnico no más y gran parte de las atribuciones que están puestas en el proyecto de ley fortalecen las capacidades municipales de planificación, por lo tanto absolutamente descentralizadas del Ministerio de Vivienda", dijo el funcionario, insistiendo en que "hay facultades que el Ministerio tiene y que está entregando, por ejemplo, a las intendencias y que antes estaban entregadas al Seremi (…) y lo otro es que se amplían fuertemente los espacios de participación ciudadana en los procesos de elaboración de los planos reguladores, cosa que hasta ahora no existía porque la comunidad opinaba solamente al final, cuando se le exponía el producto final que se llama plan regulador".
Consultado sobre otra de las aprensiones, como que el proyecto no establecería los mecanismos que aseguren la participación, Bresciani reconoció que "las leyes no pueden establecer en detalle como se va a hacer en cada caso. Las leyes en general establecen los mecanismos y las facultades que tienen los municipios o los gobiernos regionales para hacer determinadas cosas, y por lo tanto cabe más bien a metodologías o a formas posteriores la manera precisa de cómo se cita una reunión, de cómo se discute con los vecinos".
«Debo recordar que estamos hablando de una ley, no estamos hablando de un reglamento ni de un manual. Las leyes en general establecen más bien facultades, establecen más bien derechos y deberes y no establecen con detalle exactamente como se citan las cosas, eso son materias reglamentarias que quedan posteriormente a otros instrumentos», concluyó.
