La creación de un ministerio del Medio Ambiente hizo pensar que finalmente estábamos ante una corrección radical de la tradición política de la Concertación en el tema. Las declaraciones de la ministra pidiendo resignación dejan la lamentable impresión de que vamos en sentido contrario, y que debiéramos resignarnos a que la contaminación y los desastres ambientales son normales.
La declaración de la ministra Ana Lía Uriarte de que Santiago siempre tendrá problemas ambientales resulta sorprendente y patética. Equivale a pedirnos resignación perpetua a los habitantes de la capital, y aceptar como normales las crisis permanentes del sector. Entre ellas las de salud, que afectan mayormente a niños y ancianos en época de invierno.
Sería conveniente que la ministra, impregnada del espíritu de protección social que impulsa al gobierno, revisara sus juicios y entendiera que una cosa son las malas condiciones de ventilación de la cuenca, y otra muy distinta la contaminación. La primera agrava las condiciones de contaminación, pero ésta es producto directo de la actividad humana y de la eficiencia de los sistemas que la regulan.
Por cierto existen razones de coyuntura como la crisis energética o el Transantiago que contribuyen a empeorar las crisis. Pero estamos hablando de un problema viejo, y no son la energía ni los autos chinos las causas de fondo. Cada invierno desde hace veinte años las autoridades anuncian nuevos planes y medidas en Santiago sin que la situación mejore. Hace poco, el actual Intendente de la Región Metropolitana, reconoció la mala calidad técnica de los sistemas de medición que se utilizan para decretar las emergencias ambientales. O sea, un problema de inversión pública. De modo que los argumentos de la ministras solo empeoran el juicio ciudadano.
Es evidente que el problema medioambiental de Chile reside en gran medida en el enfoque de las políticas públicas que se aplican. Que son reactivas y no preventivas de los problemas o desastres ambientales.
Hace exactamente 15 años el segundo programa de gobierno de la Concertación señalaba que "Prioridad especial deberá considerarse para una segunda fase del Plan de Descontaminación de Santiago". Y agregaba que aprobada la ley marco del Medio Ambiente debía empezar la segunda fase para conciliar descontaminación y protección, pero sin aumentos de costos que pusieran en peligro la competitividad del país: "La implementación de una política medioambiental significará la aplicación del principio de quien contamina paga, pero limitado por consideraciones del impacto en costos, competiti¬vidad y precios al consumidor" .
Y agregaba un párrafo que denotaba un profundo desapego político por el tema:
"Es preciso en todo caso precaverse de las versiones ecologis¬tas mas extremas surgidas desde el hemisferio Norte que, de hecho, tienden a reeditar la concepción de crecimiento cero como exigencia del no agotamiento de los recursos naturales no renovables, planteado por el Club de Roma en la década de los 60, hoy superados, y que ciertamente resultan inadmisibles para las naciones en desarrollo que aspiran a niveles de inversión y crecimiento que les permita elevar los bajos niveles de vida de sus pueblos".
Esa es la concepción, basada en la gradualidad y los costos económicos, (no los sociales) la que ha predominado en las políticas, y transformado el problema en algo estructural.
La creación de un ministerio del Medio Ambiente hizo pensar que finalmente estábamos ante una corrección radical de la tradición política de la Concertación en el tema. Las declaraciones de la ministra pidiendo resignación dejan la lamentable impresión de que vamos en sentido contrario, y que debiéramos resignarnos a que la contaminación y los desastres ambientales son normales. No puedo estar más en desacuerdo.
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*Santiago Escobar es abogado, analista político y de defensa
