En la oportunidad se fiscalizaron tres domicilios, comprobándose en los tres casos la intervención –en forma fraudulenta- del medidor, con lo cual Carabineros acreditó los delitos, realizándose las denuncias pertinentes a la Fiscalía, quedando demostrado que estos ilícitos son una práctica transversal a todos los segmentos socioeconómicos.
En el marco de la campaña “Denuncia el Hurto de Energía y Protejamos Nuestro Barrio”, Chilectra, filial del Grupo Enersis, realizó en conjunto con Carabineros de Chile una fiscalización en terreno en el sector de Los Trapenses, en la Dehesa, perteneciente a la comuna de Lo Barnechea, y Santa María de Manquehue, correspondiente a la comuna de Vitacura.
En la oportunidad se fiscalizaron 3 domicilios, comprobándose en los 3 casos la intervención –en forma fraudulenta- del medidor, con lo cual Carabineros acreditó los delitos, realizándose las denuncias pertinentes a la Fiscalía, quedando demostrado que estos ilícitos son una práctica transversal a todos los segmentos socioeconómicos.
Esta práctica debilita el sistema eléctrico, perjudicando la calidad y continuidad de suministro, generándose riesgos de electrocución de personas y posibles incendios, los que en muchos casos han terminado con víctimas fatales.
El hurto de energía por parte de inescrupulosos termina afectando a todos los clientes del sistema. En este sentido, una vivienda conectada ilegalmente a la red consume hasta tres veces más energía que un hogar en situación regular, generando un despilfarro que pone en serio riesgo a toda la comunidad.
“Las pérdidas de energía de Chilectra, asociado al hurto de energía, actualmente equivalen al consumo de una ciudad de aproximadamente 200.000 personas. En los últimos 3 años se han detectado, en forma transversal, más de 31.000 hogares con conexiones ilegales”, indicó Rodrigo Arévalo, subgerente de Operaciones Comerciales de Chilectra.
Los hurtos de energía pueden consistir en precarias conexiones a la red eléctrica o en sofisticados dispositivos para burlar los sistemas de medición de la compañía. Se trata de la misma clase de delito y ambos son extremamente peligrosos y perjudiciales para la comunidad.
La fiscalización y supervisión se hace imprescindible por los graves riesgos que enfrentan las personas y sus viviendas por el hecho de conectarse de forma ilegal a las redes eléctricas. El riesgo está presente tanto en la acción de conectarse a la red, como en la precariedad de las conexiones que muchas veces quedan en funcionamiento. Este riesgo no sólo afecta a la vivienda con la conexión irregular sino también a los vecinos de su entorno.
Toda la comunidad se ve perjudicada por los hurtos de energía, ya que estos afectan negativamente la calidad del servicio en el sector en que estos se producen. Clientes que pagan responsablemente sus cuentas terminan siendo perjudicados por el accionar malicioso de algunos irresponsables.
