No hubo explicaciones para el radical cambio de postura. Sólo un escueto comunicado con la promesa de conservar la flora y fauna de los terrenos colindantes con los de los Domínguez. Ni antes ni después se explicitó que el multimillonario brasileño pudo haberlos demandado por incumplimiento de contrato. Al avenimiento se sumó la resolución favorable del Seremi de Salud de Atacama. En menos de una semana el mayor proyecto de generación térmica del país logró saltar las dos vallas más importantes para su ejecución.
Cuando el 15 de noviembre pasado la Corte Suprema rechazó por ilegal el cambio de calificación de contaminante a molesto, realizado por el destituido Seremi de Salud de Atacama, Raúl Martínez, al proyecto Castilla, la familia Domínguez celebró.
“Estamos felices, porque con este fallo y la imposibilidad, en consecuencia, de construir Castilla, han quedado protegidos el desierto florido, las playas vírgenes y el ecosistema de la zona”, declaró Paula Domínguez como vocera de la ONG Atacama sin carbón.
Hablaba con conocimiento de causa: desde que era niña su padre la llevaba a veranear junto a sus cuatro hermanos a Bahía Salado, una de las tantas playas que hay en las 240 mil hectáreas de la Hacienda Castilla, ubicada entre Vallenar y Copiapó. Partían con carpas y generador eléctrico. Todo valía la pena por el entorno paradisíaco que los rodeaba.
Dada la ligazón emocional e histórica, la familia contrató al estudio Valenzuela-Figueroa, del ex ministro del Interior de Frei, Carlos Figueroa, para defender la belleza incontaminada de los efectos del mayor proyecto térmico del país, con sus 2.354 MW, que persigue levantar el billonario brasileño Eike Batista.
Paula Domínguez lo acusó de que no querer usar tecnología de mitigación ambiental de punta, sino “la más barata”. Su hermana Elisa marchó hacia La Moneda junto a otros 100 manifestantes para entregar una carta al Presidente Piñera oponiéndose a la central. Su padre, el arquitecto Gonzalo Domínguez, sostuvo en la revista Qué Pasa: “Castilla es un pulpo con más de ocho tentáculos y sumamente poderoso. Y sus tentáculos llegan a todos lados. El mismo vicepresidente de Chile (Rodrigo Hinzpeter) fue socio de Andrés Jana, abogado de Castilla”.
La férrea oposición al proyecto llegó a su fin el viernes pasado cuando un comunicado emitido por CGX, la empresa de Batista, informó que había llegado a un acuerdo con la familia Domínguez.
Aunque las peticiones de los Domínguez no eran menores –trascendió que pedían un terreno de 100 hectáreas vecino al suyo y el pago de los gastos incurridos en abogados que estimaron en la impensable suma de US$ 1,2 millones- sólo obtuvieron la creación de un área de conservación de la flora y fauna en Caleta del Medio. Al lado de su terreno de 140 hectáreas. Y una fundación para administrarla que estará cargo de la familia y de CGX que aportará US$ 500 mil. Y otros US$ 9.5 millones a futuro, cuando se construyan la quinta y sexta unidad de la central.
[cita] La emblemática familia se descolgó de Atacama sin carbón, a la que había adherido, decepcionando a todos aquellos que los consideraron sus mejores y más influyentes aliados en la lucha contra Castilla.[/cita]
“Gonzalo Domínguez señala su decisión de desistirse y renunciar a los reparos formulados al proyecto”, sostiene la escueta declaración de CGX. Según Patricio Escobar, abogado del arquitecto, no hubo dinero de por medio.
La emblemática familia se descolgó de Atacama sin carbón, a la que había adherido, decepcionando a todos aquellos que los consideraron sus mejores y más influyentes aliados en la lucha contra Castilla. ¿Cómo y por qué dieron su brazo a torcer?
En 1955, cuando la industria textil era uno de los motores de la economía chilena, César Sumar, dueño de la fábrica de telas del mismo nombre, compró la Hacienda Castilla para producir algodón. La idea no prosperó.
Con la llegada de la Unidad Popular, Sumar se fue a España. “Hice un traspaso simulado de la hacienda a Luis Karqué, mi abogado de confianza, pero al regreso no me la devolvió, le seguí juicio y gané”, contó el empresario en su oportunidad. El triunfo le costó caro: su abogado, el ex senador radical Julio Durán, le cobró US$ 600 mil por concepto de honorarios. Era más de lo que valía la hacienda, por lo que Sumar lo demandó en los tribunales y perdió.
Ente uno y otro juicio pasaron 10 años. La hacienda se deterioró, salió a remate y se la adjudicaron Durán y Manuel Urrutia, un abogado que había incorporado como socio a su estudio. Sumar no bajó los brazos y logró trabar un embargo que les impedía cualquier transacción de venta. Nadie ganaba en ese escenario.
Hacia 1989, Roberto Hagemann, el hombre de los negocios inmobiliarios de Batista en Chile, se interesó en la hacienda. Le propuso al brasileño y al geólogo Jozsef Ambrus hacer una oferta. Los tres trabajaban juntos y habían sido socios –Batista, como mayoritario- de la mina de oro La Coipa, una de las más grandes del país. Fijaron el precio y negociaron con César Sumar para que levantara el embargo, a cambio de un monto de dinero.
La sucesión de Julio Durán aceptó los US$ 500 mil pactados, pero a último minuto Manuel Urrutia, el otro dueño, se echó para atrás. Quería más plata, los compradores se negaron y el abogado presentó un recurso en los tribunales que demoró ocho años sin llegar a término porque Urrutia murió. La viuda recibió, finalmente, los US$ 500 mil acordados. Y, en 1997, Batista, Hagemann y Ambrus inscribieron, por fin, la hacienda a su nombre.
El paso siguiente fue cumplir la palabra de caballero contraída por Sumar con Gonzalo Domínguez. “Él nos pidió como favor que respetáramos la promesa que le hizo en alguna oportunidad a Domínguez, quien le construyó una casa (en Lo Curro) y a cuenta de sus honorarios le prometió un terreno con orilla de playa en Castilla”, cuenta el geólogo Ambrus. Versión que difiere en su parte medular con la de Domínguez.
“Le construí su casa a Sumar y a cambio me pagó con tierras. Él tenía 240 mil hectáreas y 57 kilómetros de costa, pero al tiempo, las adquirió Eike Batista. Por ese cambio de dueño me demoré 18 años en que me otorgaran las escrituras de título de la propiedad, porque el señor Batista desconocía nuestro acuerdo”, contó el arquitecto a la revista Qué Pasa en noviembre pasado.
Roberto Hagemann precisa que en cuanto tuvieron los terrenos concurrieron a una notaría de Santiago y firmaron el contrato de cesión de 140 hectáreas con Domínguez. “Le pusimos como condición que no podría oponerse a ningún proyecto que fuéramos a desarrollar, que debía otorgarnos servidumbre de paso y que no podía darle uso comercial a su terreno”.
Agrega que no tenían idea de lo que iban a hacer. “Pensábamos en un desarrollo turístico y lo único que no queríamos era que (Domínguez) nos pusiera problemas”.
Al enterarse de la batalla del arquitecto en contra del proyecto de Batista, se sorprendió. “El no podía oponerse. Le metió un juicio a Eike en circunstancias de que Eike podría haberlo enjuiciado por no cumplir el contrato. Yo entiendo que tiene todo el derecho a ser ecologista, pero me parece poco ético”, sostiene Hagemann.
Ambrus, por su parte, afirma que podrían no haber cumplido el compromiso adquirido por Sumar con el arquitecto, pues no existía nada firmado. “Lo hicimos porque quisimos, porque así nos lo pidió Sumar. Pasados diez años la gente deforma la película a su favor”.
Consultado por El Mostrador, Rodrigo Domínguez dijo que sólo su abogado Patricio Escobar podía formular declaraciones, lo que no fue posible por encontrarse de vacaciones.
La Hacienda Castilla es la segunda mayor extensión de tierras del país en manos de un dueño, sólo superada por las que posee Douglas Tompkins en el extremo sur.
Hasta 2005, el brasileño y los dos chilenos compartieron la propiedad en partes iguales. “Como no pasaba nada y no estaba dentro de la prioridades de Eike, Roberto y yo, que ya no tenemos negocios con él, le vendimos nuestra parte”, cuenta Ambrus.
Cuando quedó como único dueño, Batista apuró las prioridades. “Para poder poner una central (la hacienda) tenía que ser de él. Ni Roberto ni yo tenemos el espíritu ni el deseo de endeudarnos en mil millones de dólares”. La inversión proyectada por Batista es de US$ 4.400 millones.
Sin la oposición de los Domínguez y con la resolución del Seremi de Salud, Nicolás Baeza, de mantener la calificación de «molesta» de la central, el billonario que, en la década de los 80 esquiaba en Portillo y nunca pisó la Hacienda Castilla, está a un paso de concretar su controvertido negocio.
Sólo falta que sea votado en la comisión de evaluación ambiental de la Tercera Región, lo que debiera ocurrir antes de fin de mes.
