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Senadores proponen proyecto de reforma constitucional que otorga derecho a huelga al sector público

por 17 marzo 2014

Senadores proponen proyecto de reforma constitucional que otorga derecho a huelga al sector público
"Chile requiere superar las restricciones constitucionales al ejercicio del derecho a la negociación colectiva en el sector público y avanzar en la creación de instancias de diálogo entre el Estado y sus trabajadores", sostuvieron los parlamentarios.

Los senadores de la UDI Hernán Larraín, Jaime Orpis y Víctor Pérez, sumado el RN José García, y el DC Patricio Walker, presentaron un proyecto de reforma constitucional sobre negociación colectiva y derecho a huelga del sector público, que será analizado por la Comisión de Trabajo y Previsión Social del Senado.

"Chile requiere superar las restricciones constitucionales al ejercicio del derecho a la negociación colectiva en el sector público y avanzar en la creación de instancias de diálogo entre el Estado y sus trabajadores (...). No resulta explicable que este sector carezca de una legislación actualizada en conformidad a los estándares internacionales que permiten y exigen la negociación colectiva con derecho a huelga", afirmaron los parlamentarios, según informó el diario La Segunda.

A través de esta reforma se busca "poner término a una discriminación legal que hoy día carece de justificación y también reiniciar un proyecto que en el año 2011 la Sala desechó la idea de legislar", sostuvieron, agregando que con esto "el Senado tiene la oportunidad de asumir liderazgo en la sustentación de un diálogo social que canalice la participación ciudadana y habilite un franco intercambio de opinión sobre la relación laboral del Estado con sus trabajadores".

Cabe señalar que esta es precisamente una materia cuestionada por estos días, en medio de las denuncias de despidos de funcionarios del sector público que han marcado los primeros días de la nueva administración de Bachelet. Algunos casos han apuntado, incluso, a la desvinculación de personas cuyos cargos no son de confianza o fueron concursados a través de la Alta Dirección Pública.

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