Esto debido a que son sociedades anónimas o sociedades limitadas. Se trata de la Universidad de Valparaíso, la Universidad de la Frontera, la Universidad de Tarapacá, la Universidad de Los Lagos y la Universidad de Atacama. “Perseguimos fines de lucro, pero las utilidades se van a la reinversión en edificio, equipo y todo lo que tenga que ver con mejorar la calidad de la formación”, reconoció uno de los centros de estudio.
Una de las propuestas de campaña de la Presidenta, Michelle Bachelet, era terminar con el lucro en las universidades, algo que desde hace tiempo está en el debate nacional.
Por otro lado, el lucro siempre ha estado asociado a instituciones privadas. Sin embargo actualmente existen cinco universidades estatales que lo están haciendo a través de sus centros de formación técnica (CFT) e institutos profesionales (IP), ya que son sociedades anónimas o sociedades limitadas, según informa el diario El Mercurio.
Estas casas de estudio son la Universidad de Valparaíso, la Universidad de la Frontera, la Universidad de Tarapacá, la Universidad de Los Lagos y la Universidad de Atacama. A estos se le sumarían otros cinco que son los que el gobierno tiene pensado crear en regiones, como parte de las 56 medidas de sus primeros 100 días de gobierno.
La Universidad de Valparaíso que actualmente posee el Centro de Formación Técnica UV es 100% propiedad de la casa de estudio y busca convertirse en fundación.
“La Universidad de Valparaíso no tiene ninguna exigencia de rentabilidad sobre este (centro de formación técnica), por lo tanto, descarta el tema del lucro”, insiste Villarroel, quien añade que si aún no son fundación es por la inexistencia de una ley que permita realizar aquella transición sin perder derechos.”, dice su director ejecutivo, Luis Villarroel.
También está el CFT de la Universidad de Tarapacá, propiedad de la Sociedad Educacional UTA S.A., quien en el año 2012 desembolsó la suma de $121.000.000 a la Universidad de Tarapacá, la cual aparecía como “empresa relacionada”.
Además de las universidades estatales, las instituciones privadas también cuentan con CFT o IP, como la Universidad de Concepción y el Instituto Profesional Virginio Gómez.
“Perseguimos fines de lucro, pero quiero decir que las utilidades se van a la reinversión en edificio, equipo y todo lo que tenga que ver con mejorar la calidad de la formación”, reconoció Claudio Sáez, rector de aquella institución.
Por su parte, Gonzalo Vargas, rector de Inacap y presidente del Consejo de Rectores de CFT e IP Acreditados, asegura que lo complejo sería que “una universidad que atiende a gente más rica se beneficiara de lo que pagan los alumnos más pobres. Ahí hay un cuestionamiento desde un punto de vista de la equidad”. Esto, tomando en cuenta que las universidades al ser dueñas de los centros técnicos podrían cobrar por infraestructura, prestación de servicios o uso de la marca. “En ese sentido uno podría decir que la universidad lucra de su instituto profesional”.
