Miércoles, 29 de junio de 2016Actualizado a las 21:13

Investigación duraría entre 4 y 5 meses, señalan en el Gobierno

La Moneda planifica sumario a Cristián Riquelme para descomprimir presión política por el administrador de Palacio

por 22 enero 2016

La Moneda planifica sumario a Cristián Riquelme para descomprimir presión política por el administrador de Palacio
Esto  le permitiría a La Moneda tener una respuesta pública por todo ese tiempo sobre la situación de su administrador y neutralizar así ese flanco de tensión, mientras sigue avanzando judicialmente el Caso Caval.  La decisión corresponde al ministro del Interior y debe ser ejecutada por el subsecretario de la cartera, ya que, por ley, debe estar en manos de una autoridad superior al involucrado.

Son poderes independientes del Estado y efectivamente el informe final de la comisión investigadora de las responsabilidades políticas y administrativas involucradas en el Caso Caval, aprobado unánimemente el jueves por la Sala de la Cámara de Diputados con 102 votos, no obliga a La Moneda a ejecutar sus conclusiones. Sin embargo, si representa una fuerte presión política para que en Palacio dejen de mirar al techo para esquivar el tema y se esté preparando todo para someter a un sumario administrativo, dentro de los próximos días, a Cristián Riquelme, el cuestionado administrador de la casa de Gobierno, involucrado en este capítulo por su polémica reunión con el ex operador UDI, Juan Díaz, en abril.

La presencia de Riquelme en La Moneda hace ruido y complica a la administración bacheletista desde que se conoció la compra, en plena precampaña el año 2012, de un terreno en Peñalolén junto con el ex ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo; después por el conflictivo episodio con el ministro vocero, Marcelo Díaz, por la información confusa que le entregó sobre las razones para haber borrado el computador de Sebastián Dávalos el día que este dejó La Moneda; también por reconocer recién en su segunda declaración ante la comisión Caval que sí se reunió con Díaz en su oficina de La Moneda y, finalmente, el haber recibido 32 millones del operador PPD, Giorgio Martelli, el año 2013.

El informe aprobado por la Cámara de Diputados es contundente. Puntualmente, respecto de Riquelme, establece que "resulta necesario censurar la permanencia del Sr. Cristián Riquelme Urra en el cargo de la Dirección Administrativa de la Presidencia de la República, habida consideración del nivel de conocimiento que dicho personero pueda haber tenido del nexo del Sr. Juan Díaz Sepúlveda con las actuaciones que son investigadas por la Comisión Investigadora y la ausencia de un reporte a sus autoridades respecto de la realización de la aludida audiencia, situaciones que están revestidas de la mayor gravedad considerando la alta investidura del funcionario en cuestión, a lo que se añade su responsabilidad como jefatura administrativa en el borrado del computador del entonces Director Sociocultural de la Moneda y la omisión de dicha información al Ministro Secretario General de Gobierno, al momento de dar reporte oficial al país respecto de la operación descrita".

El ministro vocero, Marcelo Díaz, afirmó ayer que el Ejecutivo respeta “la función fiscalizadora de la Cámara de Diputados” y que el informe contiene múltiples propuestas, algunas de las cuales requieren análisis y que, respecto de funcionarios de Gobierno, "corresponde solo a nosotros considerar”. Pero el ministro del Interior (S) Mahmud Aleuy fue un poco más allá y dijo que el Gobierno “hará un análisis”  de dicho documento que contiene más de 200 páginas y que “tomaremos las medidas que nos parezcan pertinentes, son poderes distintos del Estado, usaremos esos insumos pero tomaremos las decisiones que nosotros creamos que son pertinentes”.

En La Moneda explicaron que tras las palabras de Aleuy estaría la decisión de someter a sumario a Riquelme, reconocido G-90 del PPD y hombre de confianza de Peñailillo. “Esa es la línea a seguir”, reconoció ayer en privado una autoridad de Palacio.

Agregaron que efectivamente La Moneda no puede seguir sosteniendo la política de no dar ninguna respuesta, explicación ni señal de la situación de Riquelme y que, en ese contexto, someter a un sumario al administrador de Palacio “descomprime mucho” el escenario en el oficialismo, que no solo apoyó con sus votos el informe Caval sino que cada día suma voces críticas que cuestionan la permanencia de la figura PPD.  Además, en el propio Palacio de Gobierno hay varios que en reserva reconocen que no resiste mucho más su permanencia sin hacer algún gesto público.

La fórmula del sumario a Riquelme no es nueva. En La Moneda reconocen que se baraja hace semanas, pero que no se ha concretado y, ahora, todo indica que se esperaría el regreso de vacaciones de Jorge Burgos, el miércoles 27 de enero.

La fórmula del sumario a Riquelme no es nueva. En La Moneda reconocen que se baraja hace semanas, pero que no se ha concretado y, ahora, todo indica que se esperaría el regreso de vacaciones de Jorge Burgos, el miércoles 27 de enero.

Un sumario de estas características, explicaron desde el Gobierno, debería durar entre cuatro y cinco meses, lo que le permitiría a La Moneda tener una respuesta pública por todo ese tiempo sobre la situación de su administrador y neutralizar así ese flanco de tensión, mientras sigue avanzando judicialmente el Caso Caval.  La decisión corresponde al ministro del Interior y debe ser ejecutada por el subsecretario de la cartera, ya que, por ley, debe estar en manos de una autoridad superior al involucrado.

En La Moneda destacaron que Aleuy sale de vacaciones el 30 de enero, así que él y Burgos alcanzaran a estar juntos en plenas funciones dos días, el jueves 28 y el viernes 29 de enero, día que formalizarán a Natalia Compagnon, nuera de la Presidenta Michelle Bachelet por delitos tributarios y soborno.

Considerando la tensión política que hubo a fin de año con el ministro del Interior cuando no fue informado del viaje de la Mandataria a La Araucanía, en La Moneda reconocen que no vale la pena adelantar la decisión del sumario y que todo apuntaría a que se esperará el regreso de la autoridad DC. Cabe recordar que fue el propio Burgos quien la semana pasada rompió el hermetismo que impera en sobre el tema y reconoció que tiene una opinión clara sobre la situación de Riquelme, pero que “no corresponde que la señale todavía”.

Desde el mundo parlamentario la idea del sumario tiene adeptos y en general sería bien recibida. El diputado del PS, Osvaldo Andrade, dijo el miércoles en CNN Chile que “hay razones para desvincularlo (a Riquelme), pero tiene que ser mediante un procedimiento formal (…) esta decisión de hacer un sumario le corresponde al Ministerio del Interior, no a la Presidenta de la República, ahí está situada la responsabilidad administrativa”. Explicó que el principal “reproche” al administrador de Palacio es que, habiendo concurrido a la comisión la primera vez, no reconoció la existencia de su reunión con Juan Díaz en La Moneda, que sí reconoció en una segunda ocasión. "Ese es un error grave y por esa razón hay material suficiente para tomar una decisión administrativa respecto de él”, señaló.

Piedra en el zapato

Si bien el sumario a Riquelme permitirá descomprimir las presiones y la tensión política, es solo una de las aristas del Caso Caval que es un verdadero dolor de cabeza para el bacheletismo.

El lunes 18 de enero, en el comité político habitual en La Moneda, tres presidentes de partido –Sergio Aguiló (IC), Ernesto Velasco (PR) e Isabel Allende (PS)– habrían planteado expresamente a los ministros del Comité Político que era “necesario” e “importante” que el Gobierno tuviera una opinión pública sobre este caso, eso bajo la premisa transversal en el oficialismo de que los efectos han sido devastadores y que llueven las críticas al deficiente manejo político y comunicacional que se ha tenido en Palacio.

Ante la petición, el ministro Díaz habría sido explícito –explicaron fuentes de la reunión– en precisar que el Gobierno no estaba en condiciones de hablar de ese tema.

El informe de la comisión investigadora dejó consignada la falta de cooperación de parte de Dávalos, estableció sobre la empresa de la cual era socia Compagnon que, más que un giro y experticia particular, con un currículum y experiencia acreditable, “dado lo variopinto de los negocios y actividades a los que se abocaba, así como las condiciones curriculares y de la idoneidad de los agentes que formaban parte de tal entidad, era más bien una suerte de empresa de lobby, cuyo perfil y ventaja comparativa radicada justamente en sus vínculos y conexiones político-públicas que le generaron en muy pocos años ganancias y contratos muy por sobre la media de empresas similares, abocadas a tareas parecidas".

Más aún, el texto del informe señala que "las declaraciones de los involucrados y la forma del otorgamiento del crédito, claramente permite acercarse a la teoría de la configuración de una causal para investigar la existencia de un eventual tráfico de influencias o abuso de poder por parte de la Sra. Compagnon, lo que se desprendería de las discrepancias entre lo declarado por el matrimonio Compagnon-Dávalos y del Sr. Andrónico Luksic, situación que debe ser debidamente investigada y resuelta por el Ministerio Público dentro del marco del proceso penal correspondiente".

Vía oficio, el fiscal del Caso Caval, Luis Toledo, solicitó a la Cámara de Diputados que se le entregue formalmente el informe completo de la comisión investigadora, por lo que no se descarta que las conclusiones de los parlamentarios generen nuevas diligencias judiciales.

Más información sobre El Mostrador

Videos

Más Noticias

Blogs y Opinión

Encuesta

Mercados

TV

Cultura + Ciudad

Deportes