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Sebastián Edwards califica de «moralmente repulsivo» nombramiento de Javiera Blanco en el CDE: «El peligro para el erario nacional es evidente» Propone una ley que reforme al Consejo de Defensa del Estado

Sebastián Edwards califica de «moralmente repulsivo» nombramiento de Javiera Blanco en el CDE: «El peligro para el erario nacional es evidente»

Según el economista, en lo que va del 2017 -«y posiblemente desde hace varios años»- este nombramiento ha sido la peor transgresión en política. «Una operadora política sin experiencia en litigios, amiga personal de la Presidenta, es premiada con un nombramiento que, con un alto grado de probabilidad, va a ser costoso para todos los chilenos», critica, agregando que «el hecho que un acto sea legal no lo hace moralmente aceptable».


El economista Sebastián Edwards se sumó a las críticas por el nombramiento de Javiera Blanco en el Consejo de Defensa del Estado, calificándolo de «moralmente repulsivo» y de la «peor transgresión» en política, desde hace varios años.

«Una operadora política sin experiencia en litigios, amiga personal de la Presidenta, es premiada con un nombramiento que, con un alto grado de probabilidad, va a ser costoso para todos los chilenos», espetó.

Según su análisis, la ex ministra de Bachelet es una «novata» que representa un peligro para el «erario nacional» y descarta que porque se ajuste a la ley eso implique que sea correcto, consigna La Tercera.

«Derek Parfit -y todo filósofo moral- diría que el hecho que un acto sea legal no lo hace moralmente aceptable. Después de todo, los nazis aprobaron las Leyes de Núremberg en 1935 para darle un carácter legal al exterminio sistemático de los judíos. Habrá sido legal, pero definitivamente, desde un punto de vista moral, fue repulsivo. Y así fue decidido en los juicios de 1945 en la propia ciudad de Núremberg».

Por último, Edwards propone una ley que reforme, en forma profunda, al Consejo de Defensa del Estado, y que «debiera ser aprobada por todas las bancadas».

«Mejor aún, aprobar legislación que reemplace al Consejo por una nueva institución. Una ley que cese en sus funciones a los actuales consejeros y que, usando principios modernos y transparentes, nombre a un nuevo contingente cuya labor sea, precisamente, defender los intereses del Estado. Llamemos a esta nueva repartición la “Procuraduría de la Nación”, y dotémosla de consejeros con capacidad probada para esas funciones, consejeros nombrados con un criterio profesional, por no más de diez años, con anuencia del Senado».

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