“Legislar con urgencia, pero no en caliente”… en el país amnésico

La frase corresponde el Presidente Gabriel Boric. El Mandatario señaló: “Las cuestiones permanentes tienen que legislarse con urgencia, pero no en caliente (…). Con la seguridad no se improvisa y acá no se trata de quién grita más fuerte”. Por supuesto, de inmediato la derecha saltó a coro criticando la declaración y un sector de la prensa interpretó que esto reabría “el debate del rol errático del gobierno ante la agenda de seguridad” (sic, La Tercera). Lo más llamativo de todo es que la exaltación de esos actores –incluido, por supuesto, el propio oficialismo– se da con cero autocrítica por los escasos avances en el Congreso en proyectos clave, no solo los de seguridad, sino también los otros que le importan a la gente, como el de pensiones que ha fracasado en los dos gobiernos anteriores.

Aunque no debería extrañarnos, el Parlamento ocupa el último lugar en reputación de todas las instituciones que existen en este país. De hecho, sin ningún tipo de autocrítica –y, menos, vergüenza frente a la ciudadanía–, ambas Cámaras, en un derroche de populismo mediático, anunciaron que cambiarían la semana distrital para dedicarse a avanzar en las leyes de seguridad. Ojalá hubieran tenido el mismo entusiasmo antes, así como para legislar en otros proyectos importantes, como ya señalé. Sí encuentro interesante la medida, porque marca un precedente para reformar la manera en que el Congreso desarrolla su trabajo. No sería malo hacer cambios estructurales para cambiar el actual rumbo de tortuga con que legislan, que solo parece cambiar la velocidad cuando están muy expuestos.

Volvamos a la frase del Mandatario. Literalmente señaló que debe ser “con urgencia” –entiendo que todos estamos de acuerdo–. Por lo visto, el calificativo “en caliente” fue lo que desató la ira opositora y también de algunos parlamentarios oficialistas. Por supuesto, el ambiente que dejó el cruel y condenable asesinato de los tres carabineros facilitó que nuestros políticos exigieran a otro poder del Estado poner fin al procesamiento del general Yáñez, presión que tuvo un cierto éxito: sin nada que lo justificara desde el punto de vista jurídico, se aplazó la formalización. Ya dijimos en nuestra columna anterior que el sentido común indicaba que el general director debía continuar, considerando la crisis que significó el crimen, pero distinto es que en “caliente” un poder del Estado cruce la barrera de lo prudente.

En “caliente” también, la candidata alcaldesa, Evelyn Matthei, afirmó que existían fiscales que mintieron para encausar al general, declaración que no ha desmentido ni menos justificado, porque la acusación es muy grave.

Si recordamos la pandemia, en “caliente” también se despachó la ley que permitió bajar las barreras de control en los traspasos a fundaciones y/u ONG para agilizar los proyectos de las sociedades –para qué vamos a analizar sus consecuencias– y, también, los retiros, sin que nuestros parlamentarios despejaran qué pasaba con la gente que se quedó sin un peso en sus cuentas, o qué va a pasar cuando millones de jubilados no tengan fondos.

Con la celeridad y entusiasmo que no les vemos habitualmente, nuestros parlamentarios avanzaron la semana pasada en el Ministerio de Seguridad Pública, segundo trámite legislativo; la Ley Antiterrorista, despachada del Senado; y la de Reglas del Uso de la Fuerza (RUF), despachada de la Cámara. Estas últimas dos leyes son extremadamente importantes, pero por supuesto deben tener sentido de proyección en el tiempo. No se legisla solo para el presente y para y por un hecho puntual.

Recordemos lo que ha pasado en este país amnésico en menos de cuatro años. El 18/O la gente reclamaba por la desigualdad, la colusión, los abusos y despreciaba a los partidos políticos. Felipe Kast escribía en sus redes, el día de la marcha del 25/O, cuando millones salieron a la calle: “Una jornada pacífica que marcará la historia. Chile no es el mismo que era ayer. No lo cambió la política. Es la política la que debe cambiar”. Y la política no cambio, está igual. Entre 2019 y 2021 nos autopercibíamos como “progresistas”, “feministas”, por algo Gabriel Boric salió electo Presidente. Hoy parecemos haber vuelto al conservadurismo extremo.

Y aunque se rechazó en Sala –apenas por un voto, 72 a 71–, un día antes dos comisiones integradas de la Cámara de Diputadas y Diputados aprobaron una polémica indicación sobre la justicia militar. La iniciativa fue presentada por la oposición –Amarillos y Demócratas, apoyados por Republicanos y Chile Vamos–, confirmando algo que ellos mismos son incapaces de reconocer: que están en la derecha hace rato. La indicación representaba un gran retroceso a una discusión que se desarrolló por años –recién en 2006 logró resolverse–, constituyendo una especie de déjà vu.

Esto habría significado que, si un militar se viera involucrado en un hecho en que resultaran muertos o heridos civiles, sería juzgado por tribunales militares. Es decir, en un Estado de Excepción o en el cuidado de infraestructura crítica. Esto se dio durante dos décadas en la dictadura militar, exculpando a militares, los que fueron juzgados posteriormente por tribunales civiles, revertiendo los fallos y recibiendo condenas. El país amnésico.

Pensemos en situaciones específicas. Una parte importante del país vive hoy en Estado de Excepción en el sur y en el norte. Para el 18/O hubo Estado de Excepción. Para el COVID-19 hubo Estado de Excepción. Es decir, son eventos en que una cantidad importante de la población queda expuesta a que el control del orden público –que le corresponde a Carabineros– quede en manos de militares –la indicación incluye hasta los cadetes y grumetes de 18 años–, los que pueden repeler a civiles, sin distinguir entre quienes están participando de hechos delictuales o no. O sea, si esta ley hubiera regido para las movilizaciones de 2019, ya no estaríamos hablando de decenas de personas con trauma ocular, sino de cientos o miles de muertos. Eso era lo que en “caliente” intentó aprobar la oposición.

Como observador de la realidad política de este país, aspiraría a que nuestros parlamentarios estuvieran a la altura de los cambios que ha experimentado la sociedad chilena, que tuvieran la capacidad de interpretar y entender al país que pasó de Piñera a Boric, de la Lista del Pueblo a Republicanos sin intermedios. Y, por supuesto, que no legislaran “en caliente”, pensando en el momento, en el caso específico y particular. Capaz que en un corto tiempo estemos de nuevo discutiendo sobre revertir el divorcio, aborto, pena de muerte y otros. Porque entregar a la justicia militar estos casos, sería volver a la época de la dictadura. En el país amnésico.