Diputados preparan batería de medidas para controlar el sistema de asesorías externas
El estallido del caso de las asesorías parlamentarias ha marcado un punto de inflexión entre la Cámara de Diputados y el Senado. La diferencia a la hora de abordar el conflicto ha traído consigo roces y fuego cruzado entre la presidencia de ambas cámaras, un quiebre que no se veía hacía tiempo en el Congreso. Más allá del conflicto por la transparencia y probidad, todo sería originado por una pugna más de fondo, entre el Senado y el Ministerio Público, un gallito de poder en que nadie quiere ceder y que parece no tener fin, y en el cual Andrés Zaldívar y Hernán Larraín lucen sus pelucas invisibles, conferidas por el peso de la aristocracia política criolla que buscan representar, una versión sudamericana de la oligarquía legislativa de los lores.
El caso de las asesorías parlamentarias externas ha traído consigo una constante tensión al interior del Congreso. No solo porque, una vez más, los parlamentarios se han visto involucrados en un escándalo, sino también porque la Cámara de Diputados y el Senado han entrado en una pugna y contradicción de tesis para abordar el conflicto, que ha sacado chispas entre los honorables.
Los dimes y diretes entre las máximas autoridades de ambas cámaras han dejado en evidencia que el Parlamento no ha logrado llegar a un consenso respecto a cómo afrontar la investigación que lleva el Ministerio Público. La opción de la Cámara Baja fue entregar más de 3.500 informes sobre asesorías externas, y “todos los antecedentes que estaban en nuestro poder”, explica Fidel Espinoza (PS), presidente de la Cámara de Diputados.
En cambio, el presidente de la Cámara Alta, el senador Andrés Zaldívar (DC), se negó a lo solicitado por el Ministerio Público. Por medio de un oficio reservado hecho llegar a la Fiscalía, el Senado estableció que la petición –realizada a partir de los informes del senador y candidato a la Presidencia, Alejandro Guillier– “indiciariamente desliza la posibilidad de la existencia de otros ilícitos, sin que exista base alguna para ello, lo que junto a la manera en que se solicita, en especial a su difusión pública, termina por causar un grave daño a la imagen de esta Corporación”. Razón por la que le solicitó al Fiscal Nacional, Jorge Abbott, identificar las pruebas, parlamentarios e informes involucrados, para entregar la información en específico.
Un panorama que evidencia, según Alberto Precht, director de Chile Transparente, “dos vías jurídicas diferentes”, y una, en específico, “atentatoria contra el derecho a la información, que es la que realiza el Senado”. Además, deja en evidencia dos salidas políticas a un conflicto que “podría haber sido más sencillo. Pero la postura de algunos senadores dejó en claro que es difícil avanzar”, plantean desde el Congreso.
Aunque la frase “a mí no me corresponde hacer juicios sobre lo que haga el Senado” es constante entre los diputados, la crítica a la postura adoptada por sus pares no pasa inadvertida en los pasillos del Congreso. “No hay persona en Chile que puedan estar sobre la ley”, enfatizó el diputado Espinoza, mientras que su par, Osvaldo Andrade (PS), hace hincapié en que si “el Senado ha tenido una actitud distinta, ellos tendrán que explicar las razones”.
[cita tipo=»destaque»]El senador UDI Hernán Larraín señala que, en el referido caso, solo “se justifica que se investigue al senador Guillier”, porque él cuenta con antecedentes que respaldan la solicitud de la Fiscalía, pero no así el resto de los honorables, a pesar de que el fiscal Guerra haya señalado que la solicitud se debe a “una igualdad de trato”. Esta definición tendría “bastante consenso, de que este es el camino que hay que seguir”, tanto en senadores opositores como oficialistas.[/cita]
Posturas que son vistas con distancias desde el Senado, en donde afirman que sus pares o “hermanos menores” se “han pasado de revoluciones, sembrando dudas innecesarias”. El senador Zaldívar ha asegurado que no se referirá a la postura de la Cámara, pero sí ha salido en defensa de la opción de la Cámara Alta y señaló que esta “nunca se ha negado a entregar los antecedentes, siempre que se pidan de conformidad con la Constitución y la ley”. Asimismo, reconoció que ha habido un ataque injustificado en contra de la Corporación, “se nos ha desfigurado, descalificado, y yo siento que al Senado se le ha tratado de una forma despectiva”.
El presidente de la Cámara Alta explicó que no es necesario que agentes externos los fiscalicen en esta materia, ya que “en forma permanente (el Senado) está revisando, a través de su Comisión de Régimen Interno, todos los ajustes que sean necesarios en su actividad”. Sostiene que, a pesar de que los procedimientos actuales “no son óptimos”, las dificultades se han ido solucionando.
Según fuentes del Congreso, esta disputa o diferencia en la forma de abordar el conflicto en ambas cámaras estriba en dos líneas distintas respecto a la apertura que debe tener el Poder Legislativo de cara a la ciudadanía. La tesis de impregnar a la Cámara de Diputados con una impronta de extrema transparencia provendría desde la administración de Andrade, quien presidió hasta principios de año a los diputados y ha sido continuada por el diputado Espinoza, quien se “ha jugado el pellejo en esta cruzada”, asevera uno de sus colaboradores cercanos.
“Es mejor ponerse rojo una vez, oiga, y no amarillo permanentemente. Yo siempre he sido de una sola doctrina: la investigación que se realice, que la realice el órgano que corresponde, que para estos efectos es el Ministerio Público. Yo puedo tener críticas respecto a la actuación del Ministerio Público en muchas cosas, pero en este plano creo que simplemente uno tiene que limitarse a colaborar”, indica el diputado Andrade.
Esta tesis se contrapone a la determinación tomada por Zaldívar, quien –de acuerdo a fuentes del oficialismo– habría sido fuertemente influenciado por el senador de la UDI, Hernán Larraín.
El senador ha señalado en diferentes ocasiones que el Ministerio Público debe especificar la solicitud de información para su investigación, “pero nunca ha negado que la ciudadanía pueda tener acceso a esa información”, recalcan desde la oposición.
Para el presidente de la Cámara de Diputados, Larraín “ha sido el más férreo opositor a que se entreguen los informes”, postura que –en opinión de Fidel Espinoza– se contrapone a la línea que el mismo senador impulsó en 1998, cuando en el marco de discusión del proyecto de Reforma Procesal Penal “construyó una indicación que hace que hoy día todos los organismos del Estado tengan que entregar de manera obligatoria la información cuando lo amerite, cuando la solicite el Ministerio Público”.
Hernán Larraín estima que “sería muy injusto que se diga que el Senado está ocultando información”, aún más en su caso, “que he impulsado la transparencia, no estoy ocultando información”. Explica que Zaldívar “ha tenido informes de abogados que lo han asesorado” y que también se ha reunido con distintos senadores, pero que no es “el autor de la tesis de lo que ha impulsado el Senado”. Para el senador Larraín es importante distinguir lo que ha solicitado alguien por Transparencia de lo que hace un fiscal. “Cuando un fiscal solicita información dentro de una investigación penal, tiene que haber algún hecho que justifique esa solicitud; (si no es así) los investigados quedan expuestos a la arbitrariedad de un fiscal”, apunta.
Pese a que los senadores se han cuadrado públicamente con la opción que ha tomado la presidencia de la instancia, principalmente porque esperan que la Comisión de Ética tome postura al respecto, las críticas a nivel interno también se han hecho presentes.
En un principio, algunos senadores accedieron a entregar la información de sus asesorías externas, entre ellos, Fulvio Rossi y Juan Pablo Letelier, pero la instrucción de que no se haría entrega de informe alguno hasta que el Senado tomara una definición a nivel institucional, llegó de inmediato a los parlamentarios. Para algunos senadores del oficialismo esta posición es un “balazo en los pies. Cuesta comprender que no se entregue la información, pero la idea de que esto pudiera terminar con diputados y senadores desfilando por Fiscalía siempre asusta”. Además, agregan que esta postura “poco dialogante” solo aumenta el desprestigio en el cual se encuentra el Congreso actualmente.
Postura de Zaldívar y Larraín, que –a juicio de distintos diputados– hace presente la diferencia que existe entre la política y la impronta que intentan impulsar los “nuevos políticos” de la Cámara y que aumentan el manto de duda sobre el Congreso, dejando en claro que “algo en el Senado huele a añejo, solo se busca mantener el statu quo”, a la vez que recuerda que “la cocina del Senado, de Zaldívar, sigue más viva que nunca”, aseguran desde la Cámara.
Pero no solo en el Senado se habría intentado levantar esta posición basada en lo que se ha denominado “secretismo”. En la Cámara de Diputados también se habría intentado propiciar un cortafuegos al proceso de investigación, al menos a nivel institucional.
En el marco del impulso de una serie de medidas para la restricción del ejercicio y pago de asesorías externas cuestionadas, por parte de la Cámara Baja, se ha desencadenado una fuerte resistencia de la bancada de oposición. “La UDI está aterrada de que el Ministerio Público se meta más a fondo en este tema, muy aterrada, ellos no quieren nada”, afirma un honorable. Complicada postura que se combinaría con la indiferencia “de varios diputados de la Nueva Mayoría”, que “hacen caso omiso a la crisis y críticas de la ciudadanía”, agregan desde el seno de la Cámara de Diputados.
La postura impulsada por Zaldívar no solo ha traído diferencias y marcado tensión con la Cámara, sino también ha roto un proceso de trabajo y “complicidad” que habían mantenido los presidentes de ambas instancias en los últimos años. Es recordado en el Congreso el trabajo que mantuvo el senador Patricio Walker (DC) con el diputado Marco Antonio Núñez (PPD), “a pesar de las grandes diferencias entre ambos”.
Por otra parte, el periodo en que compartieron el diputado Osvaldo Andrade (PS) y el senador Ricardo Lagos Weber (PPD) marcó un punto de inflexión en cuanto a trabajo en conjunto, en el momento en que ambos hicieron un mea culpa en medio del estallido de los casos de financiamiento irregular a campañas políticas. “En lo personal y a nombre de nuestra Corporación, considero imprescindible reconocer que hemos cometido errores”, indicó Andrade, mientras que el senador Lagos Weber apuntó a que solamente “una conducta impecable y transparente” les permitiría “recuperar la confianza ciudadana, solo así podremos cumplir el compromiso asumido de construir un país más inclusivo”.
“Parece que el senador Zaldívar está remando para otro lado”, opina un parlamentario oficialista. “Esto es preocupante, porque marca un retroceso en lo que se ha construido los últimos años”, agrega.
Pero en el Congreso no todos apuntan a Zaldívar por la posición adoptada en el Senado. Aseguran que el verdadero núcleo del conflicto no pasa por la transparencia en el Poder Legislativo, sino por una serie de atribuciones que se ha tomado el Ministerio Público que “no tienen asidero legal”.
Destacan que, a pesar de que el caso estalló a raíz de una investigación llevada a cabo por el Ministerio Público, es fruto de una autodenuncia. En su declaración ante la Fiscalía, la ex asesora de la bancada de la UDI, Lily Zúñiga, reconoció que había realizado asesorías externas y que el pago de estas eran reembolsadas a la diputada UDI Claudia Nogueira. Es esta arista la que terminó desencadenando un proceso al interior de la Cámara Baja que se inició en el año 2016, pero que no había alcanzado al Senado, hasta que el Fiscal Regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra, solicitó más informes a la Cámara Alta.
Para el diputado Andrade esta “es una pugna entre dos poderes del Estado: uno el Senado de la República, que tiene esta disposición y esta voluntad, y el Ministerio Público, que señala que corresponde que se le entregue la información”. Según el director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, en este caso “el presidente del Senado está en su derecho al señalar que, en caso de una investigación penal, se requiere especificidad, o al menos un indicio, y que el requerimiento no debe ser de carácter genérico”. Esto, debido a que la Fiscalía no tiene un rol fiscalizador sino persecutor.
El especialista explica que, en este caso, el argumento jurídico tiene asidero, pero que sobre la base de la Ley de Transparencia el Senado no debiera negar dicha información a la ciudadanía, porque es pública. Además, a juicio de Precht, la “negativa del Senado da cuenta de que en este caso no tenemos el derecho al amparo”, ya que no se puede acudir al Consejo para la Transparencia, solo se puede acudir a las Comisiones de Ética, que están conformadas por los mismos parlamentarios.
El senador de UDI Hernán Larraín señala que, en el referido caso, solo “se justifica que se investigue al senador Guillier”, porque él cuenta con antecedentes que respaldan la solicitud de la Fiscalía, pero no así el resto de los honorables, a pesar de que el fiscal Guerra haya señalado que la solicitud se debe a “una igualdad de trato”. Esta definición tendría “bastante consenso, de que este es el camino que hay que seguir”, tanto en senadores opositores como oficialistas.
Para un sector de los parlamentarios este gallito con el Ministerio Público marca una tensión entre el poder que puede tener el Congreso frente a un organismo que, de una u otra forma, es dirigido por un Fiscal Nacional que “es nombrado, ratificado por el presidente del Senado. Por eso Zaldívar solo tratará con Abbott”, indican.
Un juego que se murmura entre los pasillos del Congreso y que tomó más fuerza cuando el senador Zaldívar respondió la solicitud del fiscal Gómez de forma indirecta, por medio de un oficio al Fiscal Nacional. Al ser consultado al respecto, el senador respondió a la prensa que “las relaciones se hacen en forma institucional, si tengo una relación yo, como presidente del Senado, la tengo directamente con el Fiscal Nacional, no la voy a tener ni con el segundo ni con el tercero del Ministerio Público. Y, en el caso del Senado, no puede tener con nadie relaciones institucionales sino a través de quien corresponda”.
“Sería un error gravísimo que uno se empezara a relacionar con los fiscales regionales o los fiscales provinciales, no sé, no. Yo le mandé el oficio a quien correspondía. El Senado se lo manda al Ministerio Público y el representante del Ministerio Público es el Fiscal Nacional”, remató Zaldívar.
Mientras en el Senado continúan esperando la respuesta del Ministerio Público, en específico de Abbott, en la Cámara de Diputados preparan una batería de iniciativas que buscan aumentar los cortafuegos para el mal uso de las asesorías parlamentarias externas. Según Precht, este “es un buen momento para que, de una vez por todas, se tome en serio el tema de las asesorías parlamentarias”, lo que ha sido atendido por los diputados.
Los principales cambios a implementar en la Cámara de Diputados son la suspensión del pago de las asesorías externas “mientras no se subsanen las observaciones que se hayan formulado a los informes”. Además, se publicarán todos los informes en el sitio electrónico de la instancia, una vez transcurrido el plazo de los 30 días corridos contados desde que se entrega el material. También se publicarán, por un lapso de 30 días, las sanciones que se le apliquen a los asesores involucrados y se mejorará el sistema de rendición de las asesorías, incluyendo a los denominados “orejeros” y asesoramientos verbales.
