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Tras 15 días de tensión, conflicto entre Fiscalía y Carabineros sigue abierto

La Moneda nuevamente bajo la maldición de febrero

por 9 febrero, 2018

La Moneda nuevamente bajo la maldición de febrero
Este viernes 9 los ojos de todos los involucrados en el conflicto derivado de la Operación Huracán estarán puestos en la audiencia que se llevará a cabo ante el Tribunal de Garantía de Temuco, donde la Fiscalía presentará una serie de argumentos para sustentar la solicitud de no perseverar en la investigación en contra de 10 comuneros mapuches, imputados por la quema de templos religiosos y camiones en la Región de La Araucanía. El Gobierno, a través de los abogados de la Intendencia de la Región de La Araucanía, alegará en sentido contrario, para evitar el cierre de las indagatorias y pedir nuevas diligencias, bajo la premisa de que la investigación no está agotada. Pero si el tribunal falla a favor del Ministerio Público, será un revés indiscutido para la actual administración.
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“No hay ninguna contradicción, y quiero ser muy enfático en esto: el Ministerio del Interior, su ministro y su subsecretario actúan de manera coordinada, como tiene que ser”, dijo el martes 6 de febrero el vocero (s) de Gobierno, Omar Jara, en un intento poco efectivo por tratar de bajarles el perfil a las secuelas que sigue dejando, semana a semana, la tensión pública –en el marco de la cuestionada Operación Huracán– entre Carabineros, la Fiscalía, el Ejecutivo y la permanencia del general director Bruno Villalobos a la cabeza de la policía uniformada. Un conflicto que es mucho más profundo que una simple reyerta estival, pues estropeó los planes y la agenda de la administración bacheletista, como ha sido la tónica en los últimos veranos.

El final de enero estuvo marcado por la disyuntiva gubernamental sobre la permanencia de Villalobos a la cabeza de Carabineros, un punto que la Presidenta Michelle Bachelet zanjó –a contrapelo de la recomendación de su comité político– eligiendo poner como foco y objetivo establecer la “verdad judicial” de las acusaciones de la Fiscalía sobre la manipulación de pruebas. La errática decisión, según muchos en el seno del Gobierno, ha mantenido el conflicto instalado en La Moneda y sigue generando secuelas no menores.

Una de las principales quedó en evidencia cuando esta semana, concretamente el martes 6 de febrero, el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, sacó un desmentido público –en el formato de cartas al director en El Mercurio– para refutar un artículo publicado por el propio decano dos días antes y en donde no solo se aseguraba que Villalobos había informado telefónicamente a la autoridad socialista de sus vacaciones en Miami el jueves 25 de enero, sino que además relataba la incomodidad presidencial con la forma en que su subsecretario pidió el regreso inmediato del jefe de la policía uniformada y se hablaba de gestiones suyas en el PS pidiendo apoyos públicos para sacar al director general.

El desmentido de Aleuy fue monumental. En una primera parte su misiva, sentenció que tuvo conocimiento del feriado legal de Villalobos “el domingo 28 de enero, al hacerse público; y de manera formal, el lunes 29 de enero, a las 8:30 horas, cuando la Secretaría General de la institución uniformada ingresó el oficio N° 96 a la División de Carabineros del Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Por cierto, a esa hora ya se había informado la decisión del Gobierno de indicar el retorno inmediato del general director” y, además, recalcó que “la referencia a la supuesta solicitud mía de apoyos explícitos a dirigentes socialistas para abordar esta situación no corresponde a la conducta que he tenido en el ejercicio de mi cargo durante estos cuatro años ni tampoco como dirigente político”.

En La Moneda reconocieron que dicho desmentido de Aleuy reflejaba que su paciencia había llegado al límite y, para algunos en Palacio, el artículo de El Mercurio respondía a una “operación digitada” por la máxima cúpula de Carabineros, como revancha contra el subsecretario PS por indicarle públicamente a Villalobos que debía regresar a Chile. Una maniobra que, en ningún caso, fue frenada por el segundo piso de La Moneda y, por el contrario, se contribuyó con versiones extraoficiales sobre la equivocación de Aleuy de haber proyectado la imagen pública de que el general director “se había ido entre gallos y medianoche”, dejando así en entredicho la autoridad de la Mandataria.

“Aleuy ya no está para tapar los errores de otros, eso es lo que se entiende del desmentido público que hizo, fue una señal clara”, sentenció una autoridad de Palacio. Una fractura interna no menor, que ha pasado relativamente inadvertida por el receso estival de febrero.

Como muchos en el Ejecutivo, la Presidenta Bachelet se encuentra de vacaciones, aunque otros siguen en sus puestos en la sede gubernamental. Entre ellos, se considera que este episodio de Villalobos ha generado “una mala despedida” de este Gobierno, que es innegable que fue una “apuesta equivocada” haber puesto las fichas en la autoridad policial.

Este viernes 9 los ojos de todos los involucrados en el conflicto derivado de la Operación Huracán estarán puestos en la audiencia que se llevará a cabo ante el Tribunal de Garantía de Temuco, donde la Fiscalía presentará una serie de argumentos para sustentar la solicitud de no perseverar en la investigación en contra de 10 comuneros mapuches, imputados por la quema de templos religiosos y camiones en la Región de La Araucanía. Principalmente, las anomalías e irregularidades detectadas en las pruebas otorgadas por Carabineros durante la investigación generan dudas sobre su veracidad y, ante eso, el Ministerio Público está impedido de seguir adelante, dada su obligación de “obrar lícito”.

El Gobierno, a través de los abogados de la Intendencia de la Región de la Araucanía, alegará en sentido contrario, para evitar el cierre de las indagatorias y pedir nuevas diligencias, bajo la premisa de que la investigación no está agotada.

Es cierto que, justo antes de asumir, en febrero del 2014, algunas de las nominaciones que hizo a nivel de subsecretarios –como Claudia Peirano y Carolina Echeverría– para su entonces recién nombrado gabinete se cayeron antes de asumir, pero el verano del terror de Bachelet fue al año siguiente. El 6 de febrero del 2015 estalló el caso Caval, que golpeó en la línea de flotación de su mandato, porque afectó la naturaleza misma de su liderazgo y credibilidad política, sustentados en su promesa de reivindicación ante los privilegios de la elite nacional.

Si el tribunal falla a favor del Ministerio Público, indiscutidamente será –reconocen en la administración bacheletista– un traspié para el Gobierno. “Si sufre un revés mañana en la audiencia, esto ya no será el llamado pato cojo por estar de salida, sino que seremos el pato congelado, públicamente estaremos sin capacidad de respuestas”, advirtió una autoridad de La Moneda.

La maldición

Desde que Bachelet alcanzó la Presidencia por segunda vez en diciembre del 2013, nunca más tuvo, ni ella ni su equipo de trabajo, un verano relativamente tranquilo. Todos fueron episodios complejos, que se transformaron en crisis políticas y comunicacionales, por mal manejo, que escalaron más de lo debido y, sobre todo, que pudieron ser contenidas a tiempo y que tienen, como denominador común, la reacción presidencial tardía.

Es cierto que, justo antes de asumir, en febrero del 2014, algunas de las nominaciones que hizo a nivel de subsecretarios –como Claudia Peirano y Carolina Echeverría– para su entonces recién nombrado gabinete se cayeron antes de asumir, pero el verano del terror de Bachelet fue al año siguiente. El 6 de febrero del 2015 estalló el caso Caval, que golpeó en la línea de flotación de su mandato, porque afectó la naturaleza misma de su liderazgo y credibilidad política, sustentados en su promesa de reivindicación ante los privilegios de la elite nacional.

Hacía solo unos días que el Gobierno había celebrado uno de sus mayores hitos: la aprobación en el Congreso del proyecto que terminaba con el sistema binominal y que establecía un régimen proporcional para las futuras elecciones parlamentarias. Pero un artículo de revista Qué Pasa, aquel viernes 6, hablaba del polémico préstamo de 6 mil millones que el hijo de la Mandataria, Sebastián Dávalos, había ayudado a gestionar para la empresa de su esposa, Natalia Compagnon, ante el jerarca del Banco de Chile, Androniko Luksic, todo en plena campaña del 2013, previo a la primera vuelta de noviembre.

Desde ese momento todo fue cuesta abajo. Bachelet se sumió por semanas en un criticado silencio sobre el tema, erráticamente decidió no regresar de sus vacaciones en el Lago Caburgua, y se dilató por siete largos días la salida de Dávalos de su cargo como director Sociocultural de La Moneda.

Ese hecho quebró su relación con el ministro del Interior, Rodrigo Peñailillo. La Presidenta estaba golpeada en su fuero familiar y por meses estuvo notoriamente afectada, a la par de su caída sostenida en las encuestas.

Un año después, en febrero del 2016, salía del Gobierno el administrador de La Moneda, Cristián Riquelme, luego de largos meses de polémicas y cuestionamientos, incluida una recomendación de la Cámara de Diputados para sacarlo, por haber recibido dinero del ex operador político Giorgio Martelli, reunirse en pleno caso Caval con el operador gremialista y gestor inmobiliario de la empresa de Compagnon, Juan Díaz, como asimismo por aparecer vinculado –junto con Peñailillo– a la compra no declarada de un terreno en Peñalolén de 375 millones de pesos.

Riquelme en el primer mandato de Bachelet también había sido el administrador de La Moneda; el 2013 tuvo a su cargo Somae, la empresa que se utilizó para manejar los recursos de la campaña presidencial; era parte del grupo de confianza de Peñailillo, la G90; era cercano a la Presidenta, ella le tenía confianza, por eso alargó la crisis por meses, lo mantuvo en el cargo, a pesar de las presiones de la propia Nueva Mayoría y en el Gobierno para sacarlo. El entonces ministro del Interior, Jorge Burgos, en su momento ironizó sobre la situación y la graficó así: “Hay partos naturales y partos inducidos”.

Claramente este caso era el segundo, porque Bachelet solo removió a Riquelme en febrero del 2016, después que el Contralor General de la República, Jorge Bermúdez, resolviera iniciar un sumario administrativo contra el ingeniero.

El verano pasado, entre enero y febrero del 2017, los frentes políticos para el Gobierno estaban relativamente manejados, controlados, la incipiente campaña presidencial se robaba toda la atención. Eso, hasta que estallaron los simultáneos incendios forestales desde la VI a la IX regiones, que se mantuvieron ardiendo por tres semanas.

Desde el primer minuto, La Moneda desplegó todas las acciones y medidas requeridas por la situación, pero públicamente se instaló durante los primeros 5 días la idea colectiva de que el Gobierno estaba ausente en esta crisis, eso porque en esos días solo hablaba Aleuy, a cargo de la emergencia, mientras que Bachelet y sus principales ministros cumplían con su agenda normal, ajenos a lo que sucedía.

Solo al quinto día La Moneda reaccionó. Bachelet suspendió sus vacaciones, lo mismo que todo su entorno, los ministros –desde Obras Públicas, Defensa, Vivienda y hasta el Sernam– fueron enviados a las distintas regiones para hacerse cargo de las consecuencias de la emergencia en terreno, la propia Presidenta estuvo en las zonas arrasadas por el fuego y lideró, desde ese momento, cada mañana un público comité de crisis para coordinar el despliegue de todos los recursos ante la tragedia.

En el balance de los daños ese verano, a nivel político en el seno de Palacio algunas de sus autoridades asumían que no habían sabido mostrarse, que no se trató de un tema de eficiencia sino de visibilidad y que esa batalla la habían perdido, porque reaccionaron tarde en dicho aspecto.

Este último verano de Bachelet en La Moneda no fue la excepción. El conflicto entre Carabineros y la Fiscalía, la figura de Villalobos, eclipsaron la estrategia diseñada para el cierre del Gobierno. “Ahora es mejor embalar, hacer las cajas y dejar las declaraciones para mucho después”, se lamentó una autoridad palaciega.

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