PAÍS
El despliegue del polémico comando en La Araucanía –integrado por 40 efectivos del GOPE entrenados por la policía antinarcóticos que combatió a las FARC en Colombia, con el fin de enfrentar el “terrorismo” en la zona– es una de las muestras del populismo penal y efectista que ha implementado La Moneda, según destacan abogados penalistas y de Derechos Humanos. Iniciativas poco profundas para hacer frente a conflictos políticos y sociales como la delincuencia, entre las que destacan la Ley Antiportonazos, los controles preventivos masivos de Carabineros, entre otras.
Recorriendo las calles de Santiago de noche, arriba de una patrulla policial; vestido con un poncho mapuche durante su gira a La Araucanía. Dos imágenes potentes, efectivas para televisión, pero de dudosos resultados concretos en un tema tan complejo como es la seguridad ciudadana. Una materia que por años ha constituido uno de los caballitos de batalla electoral predilectos de la derecha, que en la primera administración de Sebastián Piñera se transformó en un búmeran por las promesas incumplidas y que hoy, nuevamente, es levantada de manera estratégica en su segundo Gobierno: la lucha contra la delincuencia común y lo que se ha calificado como terrorismo, se han tomado la agenda presidencial, un despliegue que los especialistas califican como “política del terror”.
En esta materia, son tres las principales iniciativas que ha impulsado el Ejecutivo desde marzo: la Ley Antiportonazos, las Rondas Preventivas de Vigilancia y la intervención del «Comando Jungla» de Carabineros, en la denominada macrozona donde se concentra el conflicto mapuche. Como complemento, se ha anunciado la modificación de la Ley Antiterrorista y de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente.
Las dos primeras iniciativas –enfocadas en la seguridad pública– fueron lanzadas con bombos y platillos. Públicamente el oficialismo ha destacado el aumento de los portonazos y su agresividad en los delitos comunes y, para combatir esto, el propio Presidente visitó centros de vigilancia, acompañó a los Carabineros en sus rondas y fue parte de los operativos de detenciones masivas, cual sheriff en el desierto. Las imágenes se han repetido incansablemente en los medios de comunicación, redes sociales y matinales de televisión.
Otra cosa es el abordaje del conflicto mapuche. Esta semana el Mandatario encabezó el gran Encuentro con Lonkos y Machis por la Cultura, donde coincidió con el lonko Aniceto Norin, condenado por cinco delitos terroristas y que logró revocar la decisión de los juzgados chilenos ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). En pleno corazón de La Araucanía, ambos se abrazaron frente a las cámaras y plantaron un árbol, dando así una señal de paz y conciliación.
Pero más tarde, en el marco de una reunión para abordar materias de seguridad en la macrozona, Piñera sacó la carta que tenía bajo la manga: anunció la llegada del “Comando Jungla”a La Araucanía, una división de 40 miembros del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE) de Carabineros, entrenados en Estados Unidos y por la policía antidrogas colombiana, que enfrenta al narcotráfico en la selva sudamericana.
La imagen no fue menor, el Jefe de Estado con todos los efectivos impecablemente formados y autos blindados como telón de fondo, una escena que –según los especialistas en el tema de seguridad– marca una distancia del mensaje de paz que se quiso dar con la reunión con Norin. Agregan que estas medidas, grandilocuentes y con extrema visibilidad, se pierden en el objetivo efectista de iniciativas que no alcanzan a ser una política pública, como destaca el abogado Cristián Riego: “Son gestos publicitarios, porque la política pasa por la Reforma Policial profunda y eso es lo que no sabemos cómo será. Lo que se está haciendo más visiblemente son medidas más publicitarias, de marcar orientaciones, porque en Santiago lo que se necesita es desarticular bandas criminales que operan con cierto nivel de organización, y para eso estas redadas no son muy útiles”.
El especialista en delitos recalcó que «no hay que olvidar la reforma policial, es el gran tema, aún no se sabe qué va a pasar ahí. Una gran parte de la política de este Gobierno va a depender de esto”.
Los barridos mensuales que hace Carabineros y la Ley Antiportonazos, responderían a esta lógica de la seguridad efectista o “populismo penal”, advirtió la abogada y defensora de DD.HH. Daniela Quintanilla.
[cita tipo=»destaque»]Transversalmente se ha recalcado el incremento del número y la violencia de este delito en particular. Los portonazos se han convertido en uno de los ejemplos más reiterativos para evidenciar que la delincuencia está desatada, pero las cifras dejan en evidencia otra realidad. Distintos informes de Carabineros y la Subsecretaría del Delito, concluyen que durante los dos primeros trimestres de este año los ilícitos de mayor connotación social han ido a la baja y los que han aumentado al interior de ese grupo son los delitos violentos, principalmente las violaciones y homicidios, no aquellos comunes, como robo o hurto, sin violencia.[/cita]
En este Gobierno se han realizado cuatro operativos especiales de Carabineros. Más de 15 mil efectivos han salido a las calles para realizar controles preventivos que se han traducido en 17.405 detenciones, de las cuales en promedio un tercio habría terminado en tribunales. Por ejemplo, en el último operativo de junio, se detuvo a 4.885 personas, en la Región Metropolitana se registraron 1.360 detenciones y solo 361 fueron derivadas a tribunales penales.
Una saturación de detenciones que puso en alerta al Poder Judicial, al punto que la presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Dobra Lusic, envió un mensaje al general director de Carabineros, Hermes Soto, en el que puso énfasis en su preocupación por los despliegues masivos de la policía que no contaron con la coordinación necesaria con los tribunales. Piñera hizo caso omiso a las críticas y señaló que se seguirá adelante “aunque saturemos los tribunales de justicia (…). Vamos a seguir sin tregua y sin cuartel la batalla contra la delincuencia”.
Más allá de las críticas administrativas, según los especialistas en sistema penal, el problema respecto de estas redadas masivas radica en la efectividad del proceso y el resguardo de los Derechos Humanos. Para el abogado y ex director del INDH, Branislav Marelic, es importante que esta agenda respete las exigencias del debido proceso, lo que, según los jueces, no ha estado ocurriendo, debido a los largos periodos de espera que deben tener los detenidos.
“Ahí hay una señal de alerta. Cuando se realizan estos operativos masivos, cuando se hace un cuello de botella en los tribunales, ahí se pueden vulnerar garantías, una de ellas es poder ser realizadas en un plazo de horas muy específico, y hay infracción de garantías”, advirtió Marelic.
El Presidente Piñera envió al Congreso el proyecto de Ley Antiportonazos. Una iniciativa que busca crear un registro nacional de vehículos robados, aumenta las penas a la receptación de estos y a toda la cadena delictiva de dicho tipo de robo de 5 a 10 años. La propuesta fue acompañada de un despliegue sobre el aumento en el robo de autos o sus partes, además de la intensificación de los portonazos. “Ya son demasiadas las muertes”, recalcó el Mandatario.
Transversalmente se ha recalcado el incremento del número y la violencia de este delito en particular. Los portonazos se han convertido en uno de los ejemplos más reiterativos para evidenciar que la delincuencia está desatada, pero las cifras dejan en evidencia otra realidad. Distintos informes de Carabineros y la Subsecretaría del Delito, concluyen que durante los dos primeros trimestres de este año los ilícitos de mayor connotación social han ido a la baja y los que han aumentado al interior de ese grupo son los delitos violentos, principalmente las violaciones y homicidios, no aquellos comunes, como robo o hurto, sin violencia.
Según el reporte Estadístico Mensual del Departamento de Análisis Criminal de Carabineros, de enero a mayo de 2018 se registró un aumento de los delitos violentos de un 4,7%, pasando de 71.965 en el 2017, a 75.355. En cambio, los delitos contra la propiedad registraron una baja del 3,6%.
Los delitos que presentaron un aumento significativo en este periodo fueron: homicidio (18,4%), violación (18,1%) y robo con intimidación (14,4%). En oposición, las bajas más relevantes se registraron en los delitos en contra de la propiedad, el robo de vehículo motorizado bajó en un 10,7% y el de accesorios de vehículos cayó en un 10%, cifras en las que se incluyen los llamados portonazos.
Respecto a las cifras de victimización, que reflejan la percepción subjetiva ante la seguridad pública, la “Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana 2017”, del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, detalla que “4 de cada 5 personas perciben que la delincuencia en el país aumentó”, lo que corresponde a un 80,8% de los encuestados. Una cifra alta, pero que, al ser comparada con los años anteriores, registra un importante descenso de un 6% en relación con el año 2015.
Para la abogada Quintanilla, la política en contra del “portonazo y robo de autos incorpora una distorsión absoluta entre el tipo de penas para el delito de robo con intimidación y para quien compra un auto robado, como si fuera la misma cosa. Ahí se produce una especie de distorsión importante, en medio de una crisis de legitimidad de las instituciones que es bien grave”. Agregó que este tipo de iniciativas, junto con el endurecimiento de la responsabilidad penal adolescente, revelan el uso de “un recurso permanente de materias que son de populismo penal. Más allá de abordar la situación de la seguridad pública de manera integral, se adoptan medidas bien cortoplacistas, que en cuanto a la experiencia internacional han resultado ser totalmente ineficientes”.
Explicó que los gobiernos apuntan a construir “una sensación de temor generalizado que luego justifica la implementación de una política pública en específico, pero que en general están asociadas a mecanismos de control social, más que de prevención o de investigación efectiva de delitos. Y esto desdibuja el sentido del derecho penal”.
La implementación del Comando Jungla apuntaría directamente a la desarticulación de núcleos organizados que estarían detrás de los atentados incendiarios a camiones en La Araucanía, a las industrias madereras de la zona y en lo que se han denominado “ataques terroristas” en la zona, detalló el propio Mandatario.
Piñera, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, y el general director de Carabineros, Hermes Soto, llegaron con un arsenal de instrumentos militares y de combate a guerrillas. La asesoría de la policía de Colombia responde a un grupo paramilitar, como reconoció el propio presidente de dicho país, Juan Manuel Santos, cuando se comprometió a terminar, precisamente, con el Comando Jungla antes de firmar la paz con las FARC.
“Hemos dado inicio a la preparación de un grupo especial de Carabineros, que ha sido preparado y formado para combatir con eficacia el terrorismo, que cuenta con los mejores instrumentos y herramientas tecnológicas, como drones, sistema de comunicación y de inteligencia, para poder cumplir con eficacia su rol”, declaró Piñera la semana pasada. Además de los vehículos blindados, también se invirtió en sistemas aéreos no tripulados, cámaras termales de corto alcance, binoculares con telémetro y cámaras HD, junto con dos camionetas Tundra, dos carros Mowag, drones y uniforme especial para desplazarse por caminos boscosos.
Para el periodista e investigador del Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (CELAG), Pedro Santander, el solo nombre del Comando Jungla habla de “fuerzas temibles y destructivas que crecen a medida que avanzan” y recalcó que la puesta en escena solo anuncia que lo que viene es violencia pura y dura. «Tanquetas, zorrillos, jeeps y policías vestidos con atuendos que los hacen parecer extraterrestres, a lo que se suma un pregonado entrenamiento en Colombia, teatralizan ante las cámaras de televisión que la apuesta es por la violencia”.
El Gobierno llegaría con un verdadero arsenal para enfrentar un conflicto que, a juicio de autoridades y abogados de Derechos Humanos, es un conflicto político, no terrorista, como han recalcado el Presidente Piñera y la derecha en general. Así lo destacan Marelic y la abogada Quintanilla, la que recordó que “distintas organizaciones internacionales han llegado a ser majaderas al señalar que en La Araucanía no hay terrorismo, es un conflicto político”.
Ambos enfatizaron que esta forma de abordar el conflicto no responde solo a los gobiernos de Piñera, es más, la primera vez que se implementó la Ley Antiterrorista a comuneros mapuche fue bajo el mandato de Ricardo Lagos. “Ha sido un continuo, independientemente de los gobiernos, pero también han existido muchos intentos de superar el tema policial en La Araucanía, como la mesa de diálogo”, explicó Marelic.
Respecto al Comando Jungla en específico, el ex director del INDH explica que “este plan sobre medidas policiales especiales es muy nuevo, no se conoce muy bien en qué se van a focalizar, por lo tanto, es un anuncio que hay que mirar y evaluar cuáles serán los efectos”, a la vez que puso el acento en que “la realidad colombiana no se puede replicar en Chile. No tenemos un conflicto armado. Si es esa lógica de trabajo la que se trae, es una formación que no se corresponde a la realidad nacional”.
Para Quintanilla dicho comando es una muestra más de la política implementada en los últimos años. “Vemos un alza de un Estado policial que enfoca su acción en la criminalización y la vigilancia, que utiliza el miedo como una herramienta de control social y que lo que busca es controlar disidencias y conflictos políticos”. Agregó que detrás de esta apuesta populista estaría “la defensa de grupos económicos que son los que controlan la política”, lo que queda en evidencia cuando “tenemos al Presidente invocando la paz, con una policía absolutamente militarizada y, acto seguido, reuniéndose con los empresarios de la zona”.
