Opinión
En el año 2020 la crisis sanitaria por Covid-19 golpeó al sistema educativo de una forma que no habíamos visto antes. El confinamiento, y la imposibilidad de asistir de modo presencial a las aulas, trasladó durante largos meses la educación de niños, niñas y jóvenes a un ambiente remoto marcado por la incertidumbre, la sobrecarga y el estrés, tanto físico como emocional. Pero también se visibilizaron aún más los problemas de conexión y el distanciamiento de sus comunidades educativas, evidenciando y profundizando las grandes brechas y desigualdades entre estudiantes.
Este 2021 la situación no es muy distinta. Si bien a nivel nacional un 52% de establecimientos de educación escolar y un 59% de educación parvularia —según balance del Mineduc— tuvieron al menos un día de clases presenciales durante marzo, actualmente casi el 60% de las comunas del país están en cuarentena, por lo que la mayoría de establecimientos están haciendo clases a distancia, y miles de estudiantes vuelven a ver afectadas su experiencias educativas. Bajo este contexto, es necesario enfatizar la preocupación por las condiciones en las que están los niños, niñas y jóvenes para asegurar un efectivo acceso a la educación y resguardar los procesos de aprendizaje.
El año pasado, Educación 2020 y América Solidaria —con el apoyo de Unicef— lideraron la iniciativa Recreando el Aprendizaje, que generó espacios de diálogo entre organizaciones de la sociedad civil, actores del mundo educativo y, sobre todo, estudiantes. A partir de ello, se diagnosticaron las principales problemáticas que marcaron la educación en pandemia y se sistematizaron una serie de recomendaciones para el retorno a clases, centradas en garantizar los recursos y condiciones necesarias para el desarrollo del proceso educativo.
Recreando el Aprendizaje permitió constatar la necesidad de que cada estudiante, docente y asistente de la educación disponga de un dispositivo y conexión a internet que les permita conectarse a clases, que exista una planificación de transporte pensada especialmente para que estudiantes puedan asistir de forma presencial cuando las condiciones lo permitan, facilitar que el material pedagógico llegue a todos los domicilios, especialmente a los más aislados, y que se adecúen los espacios al interior de las escuelas para que se cumplan de forma correcta los protocolos sanitarios.
Por otro lado, las y los participantes enfatizaron la necesidad de entregar mayor apoyo y priorizar el bienestar psicológico y emocional de la comunidad, fomentando un enfoque integral en la educación, que incorpore actividades de autocuidado y relacionadas al arte, música, salud física y mental.
Otras de las recomendaciones se enfocaron en que las decisiones sobre el retorno a clases y los cambios generados por medidas sanitarias sean informadas de forma clara y oportuna, y que junto a esto, sean tomadas en procesos participativos que incorporen a los distintos actores de la comunidad educativa, teniendo en cuenta las necesidades, experiencias y realidades locales de cada establecimiento. Solo de esta forma se podrá avanzar en la generación de confianzas entre los distintos actores, de modo de vencer los naturales temores y preocupaciones que genera una situación sanitaria como la que vivimos.
Estando a casi dos meses del inicio del año escolar, y a cuatro meses de haber presentado estas propuestas al Ministerio de Educación, es importante conocer en cuáles de estas recomendaciones ha avanzado el gobierno y qué medidas quedan pendientes para asegurar un efectivo acceso y resguardo del derecho a la educación de NNJ, tanto en contexto presencial como a distancia o híbrido.
Desde que comenzó la pandemia hemos visto que desde el Ejecutivo se han tomado una serie de iniciativas para apoyar la educación a distancia. El programa Aprendo en Línea que pone a disposición recursos pedagógicos digitales para todos los niveles educativos, Aula Mejorada, que habilitó alrededor de tres mil aulas con internet, y el Canal TV Educa Chile, son algunos ejemplos de ello. Todo lo anterior han sido buenas ideas —y muchos países están siguiendo caminos parecidos— pero, tal como suele pasar, no consideran la totalidad de los contextos ni las voces de quienes viven a diario los efectos educativos de la pandemia.
Pensar y aplicar medidas sin el suficiente arraigo territorial y sin considerar diversas opiniones, fue una alerta que surgió en los encuentros que realizamos durante el segundo semestre del año pasado. Los adolescentes que participaron lo dijeron una y otra vez: existen soluciones que pueden ser muy bien pensadas desde lo técnico, pero urge que ellos y ellas también puedan participar en su construcción. De lo contrario, advirtieron, se crearán soluciones centralistas y con poca pertinencia territorial, pues el contar con sus voces para el desarrollo de políticas que les afectarán directamente permitirá que estas sean pertinentes y con un profundo arraigo, ya que estarán basadas en sus necesidades y en sus experiencias.
Otra preocupación que vemos es que la implementación de estas acciones requiere un mayor seguimiento y evaluación de las iniciativas vigentes y sus efectos, sumado al monitoreo de la situación en la que se encuentran las y los estudiantes, en especial aquellos que aún enfrentan problemas para acceder a clases, residiendo ahí la importancia de conocer cada realidad y escuchar cada voz. Sin un monitoreo y evaluación del alcance de estas medidas, pocas garantías se tienen sobre las condiciones que enfrentan las comunidades actualmente. Es necesario profundizar las estrategias de contención emocional y formación para dar apoyo psicológico y abordar problemas socioemocionales de las comunidades. Se requiere apoyar el desarrollo de habilidades para el aprendizaje a distancia, para el uso de tecnologías y para la gestión de la información y conocimiento en contexto de un aprendizaje más autónomo.
Por último, aún no se construyen en su totalidad las condiciones necesarias para que niños, niñas y adolescentes vuelvan a las aulas cuando la situación nacional lo permita. La precariedad en la infraestructura de muchos colegios públicos los hace propicios para el contagio y se constituye como uno de los principales obstáculos que impide el retorno seguro.
Ya lo advertíamos el año pasado: la experiencia educativa a distancia está atravesada por la desigualdad y por la existencia de brechas de distinto tipo que van más allá de la disponibilidad de recursos tecnológicos, que se desprende de los contextos y realidades que deben enfrentar las familias, y que afectan con mayor intensidad a los grupos socioeconómicos más desaventajados. Por lo mismo, se hace urgente fortalecer los espacios de diálogo y escucha, los apoyos y, sobre todo, la participación en aquellos grupos que se han visto más vulnerados en el contexto de educación a distancia.
Alejandra Arratia M., directora ejecutiva de Educación 2020
Magdalena Valdés, directora ejecutiva de América Solidaria Chile
Charlotte Milling, adolescente miembro de Mi Voz Cuenta
